China: La comunidad internacional debe oponerse al intento de presentar a los activistas políticos pacíficos como "terroristas"

La publicación esta semana por parte de China de una lista de "terroristas" de etnia uigur en el extranjero y su petición para que sean detenidos y extraditados parece ser un nuevo intento de obstaculizar las actividades políticas de los uigures fuera de China y conseguir apoyo internacional para su actual campaña de represión en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, ha afirmado hoy, 19 de diciembre, Amnistía Internacional.

En el documento oficial publicado por el Ministerio de Seguridad Pública de China el lunes 15 se señalaban cuatro grupos uigures como "organizaciones terroristas", entre ellos el Congreso Mundial de Jóvenes Uigures y el Centro de Información de Turquestán Oriental. Ambos son grupos políticos con sede en Alemania que dan a conocer informes sobre los abusos que actualmente sufren los uigures en China y defienden la autodeterminación o la independencia para la región.

En el documento se nombra también a once personas como presuntos "terroristas", incluidos los presidentes de las dos organizaciones indicadas anteriormente. Todos ellos viven en el extranjero, y las autoridades chinas han pedido a los demás Estados que los detengan y los extraditen a China.

"Éste parece ser un nuevo intento de silenciar las voces de los activistas uigures en el extranjero calificando sus actividades políticas de 'terrorismo', ha dicho Amnistía Internacional.

La lista ha sido publicada en medio de una nueva campaña de seguridad de cien días de duración en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang en el marco de la actual represión del gobierno de las "actividades separatistas étnicas" en esta región. Las autoridades continúan haciendo poca o ninguna distinción entre la oposición violenta y el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y religión. China considera que cualquier petición de mayor autonomía o de independencia es "separatismo étnico", tipificado como delito contra la seguridad del Estado por las leyes chinas.

Desde mediados de los noventa han sido ejecutados varios cientos de uigures acusados de participar en estas actividades, miles más han sido detenidos, encarcelados tras juicios sin garantías y torturados. Además, cada vez son más las restricciones sobre los religiosos islámicos y la práctica del islam en la región.

"Meter en el mismo saco actos pacíficos de protesta y actos de 'terrorismo' es un claro intento de las autoridades chinas de conseguir el apoyo internacional a sus esfuerzos para suprimir brutalmente todas las formas de disidencia en el Sin-kiang", ha dicho Amnistía Internacional.  

La llamada a la cooperación internacional para detener a los disidentes uigures en el extranjero se produce tras los intentos realizados en los últimos años por China para presionar a los países vecinos a fin de que devuelvan a los uigures acusados de actividades "separatistas" o "terroristas". Varios uigures han sido devueltos desde diversos países, como Nepal, Pakistán y otros países de Asia Central. Algunos de ellos habían sido reconocidos como refugiados.

En octubre, los medios de comunicación oficiales chinos informaron de la ejecución de Shaheer Ali, independentista uigur devuelto a China desde Nepal el año pasado que había sido declarado culpable, en un juicio al parecer sin garantías, de diversos delitos, entre ellos "separatismo" y "organizar y dirigir una organización terrorista". El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lo había reconocido como refugiado en Nepal y Shaheer Ali estaba esperando su reasentamiento en un tercer país.

Shaheer Ali fue acusado de dirigir el Partido Islámico de Alá del Turquestán Oriental, conocido también como Partido Islámico del Turquestán Oriental o Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, este último clasificado como organización "terrorista" por Estados Unidos y la ONU el año pasado a petición de China, y también incluido en la lista publicada el lunes.

Entre otras acusaciones, las autoridades chinas han relacionado a este grupo con el incidente de Gulja (Yining) del 5 de febrero de 1997. La versión oficial de este incidente fue de "graves disturbios durante los cuales los terroristas gritaron consignas en favor de la creación de un reino islámico", pero los informes de numerosos testigos independientes indican que el incidente en realidad fue una manifestación pacífica de los habitantes de la localidad que pedían igualdad de trato para los uigures. El acto degeneró en violencia cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud intentando dispersar a los manifestantes. Tras los hechos hubo decenas de personas detenidas, muchas de ellas torturadas y maltratadas. Una de las torturas consistía en mojar al detenido con agua helada, lo cual provocó graves casos de congelación.

Si bien Amnistía Internacional no discute que algunos grupos o individuos uigures puedan haber sido responsables de actos delictivos, incluidos actos de violencia, la organización pide a los Estados que traten las peticiones de extradición de China con extrema precaución y se aseguren de estudiar cuidadosamente el fundamento de estas peticiones.

"Incluso cuando las peticiones de extradición tienen fundamento, el peligro de sufrir torturas y ser ejecutados al que se exponen los uigures partidarios de la independencia en China supone que ninguno debería ser devuelto contra su voluntad", ha dicho Amnistía Internacional.

Este mismo mes, Amnistía Internacional publicó una acción urgente en respuesta a los informes según los cuales las autoridades estadounidense y chinas discutían discretamente la devolución de uigures actualmente retenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, al parecer tomados bajo custodia en Afganistán a finales de 2001. La organización reitera sus llamamientos para que Estados Unidos no devuelva a los uigures a China.

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