Estados Unidos: Los tribunales federales ponen en entredicho las políticas de detención de la administración

Ayer 18 de diciembre, dos tribunales de apelación federales dictaron sendos fallos que ponen en entredicho de forma significativa la detención por parte del gobierno estadounidense de los llamados "combatientes enemigos" sin cargos ni juicio y sin acceso a abogados ni familiares. Estas decisiones afirman principios básicos de justicia que el gobierno estadounidense no debe pasar por alto.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió en el caso de Jose Padilla que el gobierno estadounidense no tenía autoridad constitucional para detener a un ciudadano estadounidense como "combatiente enemigo" en suelo estadounidense fuera de una zona de combate. El ejecutivo -sostiene la corte- sólo puede tomar esta decisión con la autorización de una ley del Congreso, pues las actuales leyes prohíben expresamente este tipo de detenciones.

Ese mismo día, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló en el caso de un extranjero detenido en Guantánamo que el gobierno estadounidense no tenía poderes ilimitados para encarcelar a nadie, incluido un ciudadano extranjero, en territorio "bajo el control de Estados Unidos" sin que el detenido pueda recurrir a los tribunales o acceder a asistencia letrada.

Jose Padilla, ciudadano estadounidense detenido en Chicago en mayo de 2002 y posteriormente designado por el presidente Bush como "combatiente enemigo" lleva bajo la custodia del ejército en Carolina del Sur los últimos 18 meses, detenido en régimen de incomunicación y sin juicio, sin poder ver a su abogado ni a sus familiares. La Corte del Segundo Circuito falló que debía ser liberado en 30 días o trasladado bajo custodia civil, donde podría ser acusado de un delito común. El tribunal afirmó: "en cualquier caso, Padilla tiene derecho a las salvaguardias que la Constitución establece para el resto de los ciudadanos".

La decisión del Segundo Circuito supone un importante control al poder ilimitado que el ejecutivo afirma tener para detener a ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos como "combatientes enemigos" en la "guerra contra el terrorismo". Amnistía Internacional reitera su preocupación ante la posibilidad de que la eliminación de Padilla del sistema de justicia penal por parte del presidente haya sentado un peligroso precedente que debilite todo el sistema de justicia estadounidense.

El fallo de la corte de apelaciones es una afirmación de los derechos que establecen las leyes, tanto las estadounidenses, como las internacionales. Amnistía Internacional insta al gobierno a que no lo recurra.

La decisión tomada ayer 18 de diciembre por el Noveno Circuito tiene su origen en una apelación presentada en favor de Falen Gherebi, ciudadano libio que lleva casi dos años detenido en Guantánamo sin ningún tipo de procedimiento legal. y es uno de los más de 650 extranjeros de unos 40 países recluidos en la base naval estadounidense.

El Noveno Circuito mantuvo que los detenidos en la base de Guantánamo deben tener acceso a abogados y al sistema judicial estadounidense, señalando que "es obligación del poder judicial garantizar la conservación de nuestros valores constitucionales y evitar que el ejecutivo pase por encima de los derechos de los ciudadanos y los extranjeros", concluyendo que "la postura del gobierno es incoherente con los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense, y plantea graves preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional". Se trata de la primera corte de apelaciones estadounidense que dicta una sentencia de este tipo en el caso de los detenidos de Guantánamo. Actualmente está pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre un recurso presentado en favor de otras personas recluidas en Guantánamo. Una instancia de apelación más baja confirmó la postura del gobierno de que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción sobre estos casos.

El hecho de que continúe habiendo personas detenidas en Guantánamo es un escándalo de derechos humanos. El Noveno Circuito ha añadido ahora su voz a las muchas que en todo el mundo se han alzado contra esta negación fundamental de la justicia y del Estado de derecho.

El ejecutivo no tiene que esperar a que la Corte Suprema decida para actuar. El presidente Bush ha reiterado el inquebrantable compromiso de su país con el Estado de derecho. El Segundo y el Noveno Circuito le han dado otra oportunidad para demostrarlo.

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