Afganistán: La amenaza de expulsión dirigida a una delegada de la Loya Jirga es inaceptable

Dadas las amenazas de violencia y expulsión que ha recibido una delegada de la Loya Jirga constitucional por haber expresado su opinión, Amnistía Internacional ha pedido hoy al presidente de la asamblea, Sebghatollah Mojadedi, y a sus ayudantes que garanticen que todos los delegados pueden expresarse libremente.

Durante la sesión plenaria de esta mañana, una delegada ha condenado lo que ha calificado de control del proceso por poderosas figuras políticas a las que ha tachado de "delincuentes". El presidente le ha impedido seguir hablando y algunos de los delegados han comenzado a insultarla.

A algunos de los presentes se les ha oído decir que matarían a la mujer, mientras que otros han intentado protegerla.

"La Loya Jirga constitucional ofrece al pueblo de Afganistán la oportunidad de dejar atrás los abusos del pasado y crear un nuevo sistema en el que estén garantizados los derechos de todos -ha manifestado Amnistía Internacional-. Si se amenaza a los delegados o se les impide expresar sus opiniones, este proceso de construcción de un nuevo futuro para Afganistán se verá gravemente menoscabado."

Información general

Tras dos décadas de guerra, Afganistán ha emprendido un proceso de reconstrucción que comenzó con la firma del Acuerdo de Bonn en diciembre de 2001. En el marco de este proceso, se ha convocado una Loya Jirga constitucional para examinar y aprobar una nueva constitución para el país.

A otro delegado, Abdul Rabb al-Rasul Sayyaf, líder de una poderosa facción, se le permitió hablar extensamente, y dijo a la asamblea que los verdaderos autores de abusos eran quienes condenaban a los muyahidín. El presidente llamó a los guardias de seguridad y pidió a la delegada que se fuera, amenazándola con la expulsión. Posteriormente cambió de opinión y dejó que se quedará, pero le dijo que no volviera a hablar así.

Todavía no se ha abordado en Afganistán la impunidad de los abusos cometidos en el pasado. En muchas partes del país persiste la falta de seguridad. El sistema de justicia es incapaz todavía de velar por el respeto de la ley, y mucho menos de abordar dichos abusos.

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