Bosnia y Herzegovina: No se puede alcanzar la justicia a bajo precio

La actual propuesta de una Cámara de Crímenes de Guerra en Bosnia y Herzegovina parece basarse en una planificación a corto plazo destinada a lograr la retirada más rápida y barata posible de la comunidad internacional, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En el informe, titulado Bosnia-Herzegovina: Shelving Justice (Índice AI: EUR 63/018/2003), se examina la necesidad de un sistema de justicia penal nacional completo, sostenible, auténticamente independiente e imparcial para comenzar a abordar con eficacia el enorme legado de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra en el país.

Amnistía Internacional muestra su gran preocupación porque la Cámara de Crímenes de Guerra prevista en el recién creado Tribunal Estatal se ocupará únicamente de algunos de los miles de crímenes tipificados en el derecho internacional cometidos en la última década. Los planes no abordan las deficiencias concretas de que adolece el sistema de justicia penal del país.

«El establecimiento y el funcionamiento eficaz de esta Cámara de Crímenes de Guerra podría ser un primer paso para llevar a cabo una tarea que constituye un desafío, pero sólo si forma parte de una estrategia general que abarque todo el sistema de justicia penal de Bosnia, ocupándose de los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», ha declarado Amnistía Internacional.

En esencia, se está clausurando el Tribunal como consecuencia de la presión de Estados Unidos y otros países que alegan que es demasiado caro y que los tribunales nacionales en los Estados del territorio de la ex Yugoslavia podrían realizar la misma tarea a un coste inferior. Amnistía Internacional se opone a la clausura del Tribunal hasta que la comunidad internacional establezca alternativas eficaces para que todos los responsables de crímenes tipificados en el derecho internacional sean juzgados en actuaciones imparciales y efectivas.

«La justicia puede ser rentable, pero no puede alcanzarse a bajo precio. En este sentido, a Amnistía Internacional le preocupa que en una reunión reciente de donantes internacionales sólo se hayan obtenido compromisos en lugar de fondos, y que sólo se consiguiera cerca de la mitad de la financiación solicitada para la nueva Cámara. Al parecer, no está previsto que ninguna parte de los fondos se destine a garantizar que otros tribunales del país tengan la capacidad para investigar y juzgar los miles de crímenes que la Cámara de Crímenes de Guerra no puede tramitar.»

Miles de criminales siguen gozando de impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio cometidos durante la guerra en Bosnia y Herzegovina. El número oficial de personas cuya suerte aún se desconoce es de alrededor de 16.000 (que incluye miles de «desapariciones» no esclarecidas). Se cometieron violaciones y abusos sexuales contra mujeres y niñas a escala masiva; no obstante, la mayor parte del enorme número de expedientes registrados e investigados por la policía y los fiscales bosnios, duerme en el polvo en las oficinas y archivos del sistema de justicia penal, en lugar de generar enjuiciamientos activos y efectivos ante los tribunales del país. En el Tribunal Estatal, se han completado o se están tramitando actuaciones relativas a 90 personas, la mayoría de las cuales ocupaban cargos dirigentes o son responsables de gran número de estos crímenes. Así, muchos miles de personas responsables de los peores crímenes posibles en Bosnia y Herzegovina siguen sin ser juzgadas ante ningún tribunal.

«El precipitado calendario previsto para que la Cámara de Crímenes de Guerra pueda actuar plenamente y de forma independiente revela un plan completamente falto de realismo y demasiado poco detallado. Esto conlleva un riesgo importante de que la Cámara sólo cuente con recursos y tiempo para enjuiciar a un reducido número de los miles de sospechosos, seleccionado con criterios poco claros y contradictorios. Esto debilitaría de forma significativa la batalla contra la impunidad, incluidos los esfuerzos del propio Tribunal, y tendría efectos negativos para el proceso de reconciliación y reinserción de la sociedad. No serviría a la causa de la justicia ni al descubrimiento de la verdad, ni al derecho de las víctimas a obtener una reparación completa.»

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