Colombia/Panamá: El derecho a recibir refugio cuando se está amenazado

Londres.-Es totalmente inaceptable que se siga devolviendo a refugiados al país en el que corren peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional después de que el pasado 11 de diciembre se devolviera a 85 refugiados colombianos que se hallaban en el sur de Panamá.

Según la última información recibida por la organización, en las reuniones mantenidas entre los refugiados y personal civil y militar colombiano y panameño se dijo a los refugiados que, a su regreso a Colombia, participarían en proyectos de plantación de palmeras africanas y se unirían a las estructuras de soldados campesinos o informantes civiles que actúan en el departamento del Chocó, en Colombia.

Estas estructuras se crearon para reforzar la estrategia de contrainsurgencia del ejército, y han sido criticadas por las organizaciones de derechos humanos, ya que difuminan la distinción entre civiles y combatientes y pueden convertirse en un medio para que los paramilitares reaparezcan bajo una nueva apariencia.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Los datos indican que no sólo la repatriación dista mucho de ser voluntaria, sino que además se está poniendo a los refugiados en peligro de ser atacados por paramilitares respaldados por el ejército si se niegan a colaborar. Por otro lado, los grupos de guerrilla colombianos han declarado objetivo militar a quienes participen en redes de informantes y en grupos de soldados campesinos, y también a sus familias".

Además, en los próximos meses, es posible que más de 300 refugiados sean devueltos al departamento del Chocó desde Panamá.

"Este tipo de cooperación entre Panamá y Colombia menoscaba seriamente el carácter civil y humanitario de la protección a los refugiados", ha declarado Amnistía Internacional. "En la práctica, amenaza con arrastrar a los civiles aún más al conflicto."

Durante las reuniones mantenidas en Yavize y Jaqué, Panamá, en agosto de 2003, funcionarios de inmigración y agentes de la Guardia Nacional de Panamá impidieron que los refugiados estuvieran acompañados por trabajadores religiosos, e insistieron en que los refugiados debían firmar un documento en el que se comprometían a su "repatriación voluntaria". Según los informes, algunos refugiados fueron amenazados, y las autoridades panameñas les dijeron que, si no aceptaban la repatriación voluntaria en diciembre, serían repatriados a la fuerza.

Según los informes, la presión ejercida sobre los refugiados para que regresen a su país ha venido acompañada de acusaciones de "actividades ilegales" formuladas contra ellos y contra las organizaciones eclesiásticas que los acompañan.

"Esas acusaciones han puesto en peligro a los refugiados", ha afirmado Amnistía Internacional. "En el pasado, las personas a las que las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares han calificado de subversivas se han convertido con frecuencia en víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad o por los paramilitares."

"Los gobiernos colombiano y panameño, y también la comunidad internacional, tienen la responsabilidad de garantizar la protección y los derechos humanos de los refugiados", ha concluido la organización.

Información general

Muchos de los refugiados huyeron a Colombia tras las incursiones conjuntas de los paramilitares y el ejército en comunidades civiles del departamento del Chocó, como consecuencia de los combates entre estas fuerzas y los grupos de guerrilla y de las amenazas de la guerrilla. Los paramilitares que fueron responsables del desplazamiento de una gran proporción de estos refugiados siguen actuando en el departamento del Chocó con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de guerrilla también mantienen una fuerte presencia en el departamento. A consecuencia de todo ello, esta región sigue siendo una región en conflicto, en la que no puede garantizarse la seguridad de la población civil.

En abril, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la repatriación forzosa de más de 100 refugiados colombianos de la misma comunidad en Panamá. En una campaña de intimidación, las fuerzas de seguridad panameñas obligaron a los refugiados a firmar un documento que se suponía que indicaba que regresaban a Colombia voluntariamente.

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