Tailandia: La vuelta a las ejecuciones, un paso atrás para los derechos humanos

Londres. Amnistía Internacional expresó hoy su gran preocupación por la ejecución de cuatro hombres en Tailandia. Es la primera vez que en este país se utiliza la inyección letal como método de ejecución.

Además, 64 personas han agotado los recursos que marca la ley y por consiguiente pueden ser ejecutadas en cualquier momento. Hay al menos 970 condenados a muerte, lo que, según los informes, es la cifra más alta de la historia de Tailandia. Desde el año 2001 el total de condenados a muerte casi se ha triplicado.

Muchas de las personas condenadas a muerte lo fueron por delitos relacionados con la droga. Al parecer entre ellos hay ciudadanos de Ghana, Hong Kong, Laos, Myanmar y Singapur, y miembros de las tribus de montaña del país, como la Hmong y la Yao.

Amnistía Internacional ha declarado hoy, 12 de diciembre: “La vuelta a las ejecuciones representa un paso atrás para los derechos humanos en Tailandia. Instamos a las autoridades a que impongan una suspensión inmediata de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital”.

“La ejecución es una grave violación del derecho a la vida. Además, es un castigo irreversible y no se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio frente al delito”, ha reiterado la organización.

“Reconocemos la necesidad de combatir los delitos graves, pero instamos a las autoridades a que lo hagan sin violar los derechos humanos.”

Tailandia sustituyó el pelotón de fusilamiento por la inyección letal como método de ejecución en octubre de 2003. Las autoridades tailandesas han presentado la introducción de esta tecnología como medida humanitaria que garantiza menos “accidentes” durante la ejecución. En Estados Unidos son cada vez más los expertos en derecho y en medicina que también han expresado recientemente su preocupación de que la mezcla de sustancias que se utilizan en la inyección puedan hacer que el reo quede consciente aunque paralizado y asfixiándose, y sienta un intenso dolor antes de morir.

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Boonlue Nakprasit, de 46 años, empresario, Panthapong Sinthusung, de 41 años, Wibul Panasutha, de 49 años, y Panom Thongchanglek fueron ejecutados hoy 12 de diciembre mediante inyección letal. Los tres primeros habían sido condenados por fabricar tabletas de anfetamina, y Panom Thongchanglek —detenido en junio de 1999— por asesinato.

Amnistía Internacional ha recibido informes creíbles de que la policía maltrata y tortura a los sospechosos para conseguir que confiesen cuando están en prisión preventiva. Las confesiones se utilizan frecuentemente como pruebas en los juicios por delitos punibles con la muerte, y los acusados han afirmado en los tribunales que la policía utiliza la fuerza para hacerlos confesar.

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