Colombia: La reforma constitucional menoscaba los derechos humanos

Falta voluntad política para proteger los derechos humanos en Colombia, ha manifestado Amnistía Internacional al saber que el Congreso colombiano aprobó ayer una reforma constitucional que otorga atribuciones de policía judicial a las Fuerzas Militares.

Esta medida, que no será ley hasta que el Congreso apruebe la correspondiente legislación habilitadora el próximo año, permitirá a las Fuerzas Militares realizar allanamientos, escuchas telefónicas y detenciones sin orden judicial, sobre la base de acusaciones militares y sin necesidad de realizar investigaciones judiciales adecuadas e imparciales.

“Esta decisión tendrá desastrosos efectos en los derechos humanos, pues impulsará aún más la campaña de intimidaciones y descrédito emprendida por los militares contra las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos, entre otros —ha señalado Amnistía Internacional—. En definitiva, las Fuerzas Militares, que tienen un mal historial en materia de derechos humanos, tendrán ahora atribuciones para investigar y detener a civiles.”

El hecho de que se concedan atribuciones de policía judicial a las Fuerzas Militares constituye una violación flagrante de tratados internacionales de derechos humanos que Colombia ha firmado, así como de reiteradas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Amnistía Internacional ha explicado: “Esta medida constituye un incumplimiento no sólo de los compromisos del gobierno, que ha prometido reiteradamente a la comunidad internacional respetar el imperio de la ley y los derechos humanos, sino también de la obligación que tiene Colombia de garantizar las normas básicas de derechos humanos”.

Información general

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los reiterados intentos de conceder atribuciones de policía judicial a las Fuerzas Militares. Lo hizo el 11 de abril de 2002, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana trató de tomar esta media por medio de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, ahora en desuso. Asimismo, en un fallo hecho público el 25 de noviembre de 2002, el Tribunal anuló una decisión similar contenida en el Decreto 2002, dictado por el gobierno del presidente Uribe el 9 de septiembre de 2002.

En una carta enviada al Congreso el 12 de mayo, Amnistía Internacional pidió a los representantes del poder legislativo colombiano que rechazaran esta propuesta, señalando que “el Congreso tiene un papel esencial que desempeñar a la hora de hacer respetar el sistema constitucional de Colombia. Si aprueba que se concedan de nuevo atribuciones de policía judicial a las Fuerzas Militares se verá gravemente menoscabado uno de los principios de protección de los derechos humanos más importante del país”.

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