El Salvador: Legalizando
la discriminación
Londres.-En una carta abierta enviada hoy al presidente
de El Salvador, Francisco Guillermo Flores Pérez, y otras
autoridades, Amnistía Internacional insta a las autoridades
a revisar la legalidad y constitucionalidad de la Ley “Anti
Maras” que penaliza las actividades de las pandillas juveniles. "Esta
ley legaliza la discriminación en la sociedad salvadoreña" ha
afirmado Amnistía Internacional, haciendo referencia a varios
aspectos de la legislación.
La Ley “Anti Maras” se basa en la apariencia física
y ámbito social de las personas, haciendo referencia directa
a tatuajes y símbolos de identificación típicos
de estos grupos, además de referirse en gran medida a menores
de edad, a quienes se los juzga como adultos en las cortes de Justicia. "Es
irónico que una legislación que pretende disminuir
los altos índices de criminalidad esté en contradicción
con normas internacionales de derechos humanos de las que el país
es parte y la misma Constitución Nacional", señaló Amnistía
Internacional.
Asímismo, la ley ha generado una serie de ataques por parte
de miembros del Poder Ejecutivo contra funcionarios del poder judicial
que se niegan a aplicar esta ley por considerarla inconstitucional
y que viola los tratados internacionales de los que El Salvador
es parte. "Estos ataques vulneran la integridad profesional
de los funcionarios del Poder Judicial y pueden poner en peligro
su seguridad física", dijo Amnistía Internacional.
En su carta, Amnistía Internacional también solicita
a las autoridades salvadoreñas que analicen las razones
básicas que han generado el alto nivel de actividad criminal
-incluyendo el problema de delincuencia entre los jóvenes
- y que sólo a partir de ese análisis diseñen
y pongan en práctica normas y políticas que lleven
a soluciones reales y eficaces, en línea con las normas
del estado de derecho.
"Los problemas económicos, sociales, educativos, la
falta de oportunidades y la disponibilidad de armas entre los grupos
de jóvenes deberían ser el aspecto clave de cualquier
programa de gobierno que busque solucionar el problema de la violencia
de manera seria", subrayó Amnistía Internacional.
"Mientras no se aborden estos temas fundamentales, las iniciativas
como el Plan “Mano Dura” y legislación puramente
represiva como la Ley “Anti Maras”, no harán
más que desperdiciar recursos y aumentar la población
de las ya superpobladas prisiones", concluyó Amnistía
Internacional.
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