| La
solución de compromiso de la UE sobre los acuerdos de concesión
de inmunidad a personal estadounidense son un revés para
la CPI
Amnistía Internacional censura el deplorable ejemplo dado
por la UE
Bruselas
(30 de septiembre). Amnistía Internacional ha manifestado
que la solución de compromiso adoptada hoy por los ministros
de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) que abre la
puerta a la firma de nuevos acuerdos de inmunidad procesal con Estados
Unidos, supone que la UE esta de hecho rompiendo su propio compromiso
de preservar la integridad plena del Estatuto de Roma que dispone
el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI).
Suscita
honda preocupación en Amnistía Internacional el hecho
de que, si bien en la decisión adoptada hoy por la UE se
exige a los Estados miembros que se abstengan de firmar acuerdos
con Estados Unidos que puedan conducir a la concesión de
inmunidad procesal, la decisión se ha formulado de forma
tal que permite que algunos Estados se amparen en ella para firmar
acuerdos por los que se conceda inmunidad procesal a ciudadanos
estadounidenses y de otras nacionalidades sospechosos de genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ante
la CPI o cualquier otro tribunal.
"La
presión ejercida por Estados Unidos ha surtido su efecto",
ha indicado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía
Internacional ante la UE. "La UE ha permitido a Estados Unidos
cambiar los términos del debate de los principios legales
al oportunismo político. Por muy estrictas que sean las condiciones
de esta concesión hecha por la UE, el hecho de aceptar la
posibilidad de nuevos acuerdos bilaterales viola tanto la letra
como el espíritu del Estatuto de Roma".
"La
finalidad que persigue Estados Unidos es eximir a sus súbditos
de la jurisdicción de la CPI, no asegurarse de que comparecen
ante la justicia en caso de cometer alguno de los delitos previstos
en el Estatuto de Roma".
Amnistía
Internacional considera que el compromiso político. adoptado
por la UE no contiene suficientes salvaguardias de que los presuntos
autores de los delitos previstos no se beneficiaran de inmunidad
procesal. Entre otras deficiencias cabe señalar:
-
El compromiso no exige que el Estado que trate de eximir a sus
ciudadanos de la jurisdicción de la CPI haya definido en
su ordenamiento interno todos los delitos contemplados en el Estatuto
de Roma de forma coherente con tal instrumento jurídico,
ni que haya incorporado los principios de responsabilidad penal
y defensa de forma acorde con el derecho internacional consuetudinario.
Estados Unidos no cumpliría tal requisito.
-
No se exige que se incluya en los acuerdos bilaterales el principio
fundamental de complementariedad previsto en el Estatuto de Roma,
que permite a la CPI ejercer su jurisdicción cuando los
Estados no puedan o no quieran investigar o procesar a los sospechosos
de los delitos previstos en el Estatuto de Roma.
-
Así pues, si Estados Unidos no investiga o procesa de buena
fe a los sospechosos de los delitos en cuestión, o bien
les impone una condena irrisoria, ni la CPI ni el Estado que entrego
al presunto delincuente a Estados Unidos podría remediar
la situación.
"La
UE esta intentado lo imposible: preservar a la CPI a la par que
cede a las condiciones de Estados Unidos e intentar dar solidez
a una postura común. La repercusión política
de esta decisión será que contribuir a reforzar las
actuaciones del gobierno estadounidense en su campana incesante
para menoscabar la eficacia de la CPI", ha declarado Dick Oosting.
"La cuestión que hay que plantearse ahora es que efectos
tendrá esta decisión de la UE sobre los países
que desean respetar el Estatuto de Roma pero que se encuentran sometidos
a considerable presión por parte de Estados Unidos para firmar"
"La
consecuencia mas embarazosa para la UE será que los países
menos escrupulosos a la hora de respetar los derechos humanos intenten
ahora alcanzar acuerdos similares con la UE", ha añadido
Dick Oosting. Amnistía Internacional va a hacer campana en
todo el mundo para impedir que los gobiernos, incluidos los de los
Estados miembros de la UE, firmen este tipo de acuerdos con Estados
Unidos, y si lo hacen, que sus Parlamentos no los ratifiquen.
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