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Sudán: No se deben ejecutar las condenas de muerte

Amnistía Internacional ve con gran preocupación cómo se les está acabando el tiempo a 88 personas, incluidos dos niños, condenadas a muerte por ahorcamiento o crucifixión en Sudán por su presunta participación en enfrentamientos étnicos ocurridos en Rizeigat, Darfur Meridional.

"Todo está mal en este asunto -ha manifestado la organización-. No sólo se han impuesto condenas de muerte, a lo que Amnistía Internacional se opone incondicionalmente, sino que además el juicio ha sido manifiestamente injusto. Entre los condenados hay dos niños, a pesar de la prohibición mundial de la imposición de la pena de muerte a menores de 18 años”.

Los tribunales de excepción, denominados a veces “tribunales especiales”, condenaron a las 88 personas a muerte por ahorcamiento o crucifixión en Nyala el 17 de julio de 2002. Se les imputaban cargos como asesinato, robo a mano armada y alteración del orden público, todos ellos relacionados con unos enfrentamientos entre los grupos étnicos rizeigat y maalayia ocurridos recientemente en Darfur Meridional.

Según informes, una semana después los mismos tribunales condenaron a muerte a otras 15 personas, incluida una mujer, por presuntos ataques contra dos pueblos. Habían sido acusadas de asesinato, bandidaje y posesión ilegal de armas de fuego.

Los dos niños condenados en el primer caso, Gadim Hamdoum Hamid y Kabashi Alayan, tienen 14 años. Todos los acusados en este caso fueron juzgados sin la debida asistencia letrada y, según informes, algunos sufrieron tortura antes del juicio. Los tribunales de excepción se establecieron en Darfur en virtud de un estado de excepción declarado en 1998 y que permite burlar considerablemente la Ley de Procedimientos Penales de Sudán. El estado de excepción constituye también una violación de las normas internacionales sobre juicios justos.

El 11 de agosto, el presidente del Tribunal de Darfur rechazó una apelación interpuesta por los condenados, que tienen ahora que apelar ante el Tribunal Superior de El Obeid antes del 26 de agosto. Si no tienen éxito, su último recurso será el Tribunal Constitucional.

“El gobierno de Sudán debe ahora garantizar que no se ejecutan las condenas. Debe poner fin a esta crueldad”, ha afirmado Amnistía Internacional, añadiendo que la comunidad internacional tiene que indicar con claridad que se opone categóricamente a que se lleven a cabo las ejecuciones.

Información general

Darfur ha sido escenario durante muchos años de complejos conflictos entre grupos étnicos y de frecuentes robos de bandidos armados. La región es terreno abonado para la proliferación de armas pequeñas, lo cual fomenta a menudo el gobierno con su estrategia de apoyar y armar a los grupos étnicos locales para utilizarlos como fuerzas auxiliares en su guerra de 19 años contra el principal grupo armado de oposición, el Ejército Popular de Liberación de Sudán.

El gobierno ha intensificado y extendido a las provincias de Darfur Septentrional y Darfur Meridional el estado de excepción, anunciado en diciembre de 1999 en Jartum y renovado cada año desde entonces. En mayo de 2001 se establecieron en ambas provincias tribunales especiales, o de excepción, para iniciar enjuiciamientos por delitos como robo a mano armada, asesinato y posesión y contrabando de armas. Estos tribunales están presididos por dos jueces militares y un juez civil, y no permiten que los acusados reciban asistencia letrada.

El Código Penal de Sudán, que está basado en la interpretación que hace el gobierno de la ley islámica (shari’a) prevé condenas como la amputación de extremidades, la muerte y la muerte seguida de crucifixión. Estas penas son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niños, tratados que ha ratificado, y de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ha firmado.

Amnistía Internacional no toma ninguna postura sobre la adopción de la ley islámica en sí, pero se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de violación del derecho a la vida, establecido en el derecho internacional. La organización se opone a todas las formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante, como las amputaciones, y lucha por que se eliminen de todos los códigos penales sin excepción.

Para más información o para solicitar entrevistas, contacten con Celia Zafra en los teléfonos 91 310 12 77 ó 630 746 802.