Más de 20.000
mujeres denuncian malos tratos cada año en España
y más de medio centenar mueren a manos de sus parejas o ex
- parejas
Amnistía Internacional denuncia que el gobierno español
incumple sus obligaciones para proteger a las mujeres de la violencia
de género
Nuevo informe de AI ante el Día Mundial Contra la Violencia
Hacia las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre
(Madrid).- Amnistía Internacional (AI) ha
presentado hoy un informe, el primero sobre este tema que publica
la organización sobre España, en el que evalúa
si el gobierno español actúa con la debida diligencia
para prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar, apoyar y ofrecer reparación a las víctimas
y castigar a los autores. AI ha observado que "las medidas
emprendidas por el Estado español han resultado insuficientes
y, en ciertos aspectos, inadecuadas" hasta el momento.
A Amnistía Internacional le preocupa seriamente
el hecho de que la protección de los derechos humanos de
las mujeres varía mucho de unas Comunidades Autónomas
a otras y que el gobierno se haya desentendido de muchas tareas
que debería abordar. Una protección que es especialmente
desequilibrada en cuanto al refugio y alojamiento provisional de
las mujeres maltratadas. De hecho, la desigualdad en la distribución
de la red de centros de emergencia y acogida supone que en muchas
regiones se incumpla el criterio europeo que obliga a prever, como
mínimo, una plaza para cada mujer con hijos por cada 10.000
mujeres.
Con respecto a los procedimientos judiciales, AI
asegura que las mujeres siguen sin contar con protección
efectiva. Un 90 por ciento de las mujeres asesinadas por sus compañeros
y maridos estaban en trámite de separación o divorcio.
Además, un número importante de las que resultaron
muertas habían pedido protección y no habían
sido atendidas. Por este motivo, la organización insta al
gobierno español a "garantizar la investigación
inmediata y exhaustiva de todas las denuncias de violencia de género
en el ámbito familiar" y a "garantizar el cumplimiento
riguroso de las órdenes de protección adoptadas por
la autoridad competente, con especial referencia a las de alejamiento".
Colectivos especialmente vulnerables: inmigrantes
en situación irregular, solicitantes de asilo y mujeres rurales
Amnistía Internacional denuncia la especial
desprotección de tres colectivos de mujeres ante la violencia
de género: las inmigrantes indocumentadas, las solicitantes
de
asilo y las mujeres rurales. "El gobierno español
no está realizando esfuerzos para proteger a las mujeres
inmigrantes en situación irregular, (...) algunas de las
disposiciones normativas adoptadas, así como ciertas prácticas
administrativas ponen de relieve todo lo contrario". Un ejemplo:
en Valencia, a las mujeres inmigrantes en situación irregular
se les deniega el acceso a los centros de emergencia, donde incluso
avisan a la policía para que dicte órdenes de expulsión
contra ellas.
Además, las inmigrantes que no tienen su
documentación en regla han perdido el derecho a la asistencia
letrada gratuita en los procedimientos sobre delitos de violencia
de género, aparte de verse obligadas a convivir con su maltratador
mientras regularizan su situación en España.
Denuncia también Amnistía Internacional
que no se ha incluido expresamente en la legislación de asilo
española el reconocimiento de la condición de refugiadas
a las mujeres que huyen de persecución por motivos de género.
En el informe, la organización de derechos
humanos incluye una serie de recomendaciones, entre las que destacan
la de revisar la legislación actual en materia de extranjería
y asistencia para ofrecer una protección decidida y eficaz
a los colectivos de mujeres más vulnerables.
Amnistía Internacional expresa también
su preocupación por el hecho de que, a pesar de que las mujeres
rurales tienen más dificultades de acceso a la justicia y
a los sistemas de protección, el Instituto de la Mujer no
ha previsto hasta ahora ningún tipo de actuación específica
respecto a este colectivo. El informe documenta un claro ejemplo
del desamparo que sufren muchas mujeres de zonas rurales: en la
provincia de Madrid, con más de cinco millones de habitantes,
el equipo de policía destinado a la mujer y al menor (EMUME)
está integrado tan sólo por cuatro agentes.
Por otra parte, AI considera que los dos Planes
de Acción contra la Violencia Doméstica impulsados
por el gobierno hasta el momento dedican poco presupuesto a la prevención
y a la educación. Y en cuanto a las medidas de sensibilización,
Amnistía Internacional critica que las campañas de
publicidad del Instituto de la Mujer sean de corta duración
y que vayan dirigidas casi exclusivamente a las víctimas.
"La sensibilización de la población frente a
la violencia requiere que las campañas sean más visibles,
de mayor duración, y que se destinen a la población
en general, y muy especialmente, al cambio de actitudes de los hombres
violentos", añade la organización.
Además, las organizaciones de mujeres no
están siendo tenidas suficientemente en cuenta a la hora
de planificar y evaluar las medidas destinadas a combatir la violencia
de género. A juicio de Amnistía Internacional la evaluación
es imprescindible para que los programas sean eficaces y sin embargo,
el segundo Plan de Acción diseñado por el gobierno
se puso en práctica sin haber hecho pública la evaluación
del primero.
Según la OMS, la violencia de género
es la primera causa de pérdida de años de vida por
encima de las guerras, los accidentes de tráfico o el cáncer.
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