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Israel y los territorios ocupados: Debe ponerse fin a los castigos colectivos aplicados a la población palestina de los Territorios Ocupados

Cuando ha transcurrido un mes desde la nueva ocupación de ciudades y pueblos de Cisjordania por parte de Israel, más de 800.000 palestinos continúan sufriendo los efectos de las clausuras y los toques de queda prolongados; los soldados israelíes siguen perpetrando homicidios ilegítimos de palestinos impunemente; cientos de palestinos permanecen recluidos, algunos de ellos en detención administrativa sin cargos ni juicio, y prosiguen la destrucción y la demolición de viviendas y los daños en propiedades.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades israelíes para que pongan fin a los toques de queda, a la clausura de ciudades y pueblos mediante el establecimiento de puestos de control y a otras medidas destinadas a castigar a la población antes que a mejorar la seguridad en Israel.

El 19 de junio del 2002, la Fuerza de Defensa Israelí puso en marcha la «Operación Camino Firme» y ocupó nuevamente Cisjordania. Según declaraciones oficiales, esta medida había sido adoptada para impedir que se produjeran nuevos ataques contra israelíes tras los dos atentados suicidas con bomba perpetrados en Jerusalén el 18 y 19 de junio del 2002 en los que perdieron la vida 26 israelíes.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el deterioro de las condiciones en que se encuentran los palestinos y el menoscabo de sus derechos humanos fundamentales. La organización considera que se está castigando a toda la población palestina de los Territorios Ocupados. Los palestinos, al vivir en territorios bajo ocupación militar, gozan de la consideración de «personas protegidas» con arreglo al Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949.

Cabe señalar que la Fuerza de Defensa Israelí ha emprendido acciones diversas, como el establecimiento de toques de queda de hasta 24 horas diarias en la mayoría de las ciudades palestinas, lo que ha obligado a los palestinos a vivir prácticamente en situación de arresto domiciliario.

Más de tres millones de palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza están viviendo en localidades clausuradas. Prácticamente todas las carreteras que conducen a ciudades o pueblos están cortadas por barreras controladas por soldados.

La negación a la población palestina residente en los Territorios Ocupados del derecho a la libertad de circulación ha afectado a las posibilidades del ciudadano de a pie de desplazarse hasta su lugar de trabajo, los centros educativos y los centros de atención médica, así como a sus posibilidades de emprender actividades comerciales y viajes y de mantener contactos familiares. Esta negación ha causado además estragos en la economía palestina.

Actualmente prosiguen las violaciones del derecho a la vida y a recibir atención médica. Los soldados israelíes parecen creer en ocasiones que el hecho de que se haya impuesto un toque de queda les autoriza a disparar contra cualquier persona que se halle en la calle; además, los soldados han abierto fuego contra personas que circulaban por la calle incluso habiéndose levantado el toque de queda. En Yenín, tres niños resultaron muertos a causa de los disparos efectuados por tanques israelíes durante la suspensión temporal del toque de queda decretada el 21 y el 26 de junio. Días después, el 11 de julio del 2002, en la misma localidad unos soldados israelíes abrieron fuego desde un tanque contra dos periodistas palestinos que vestían chaquetas con el distintivo «Prensa» claramente visible; uno de los periodistas murió a causa de las heridas sufridas.

Más de 600 palestinos se encuentran actualmente en detención administrativa, la mayor parte de ellos alojados en tiendas de campaña instaladas en los centros de detención Ofer y Ketziot (Ansar III) . Asimismo, otros centenares más de palestinos, muchos de ellos detenidos arbitrariamente durante los últimos tres meses, permanecen recluidos en prisión preventiva en centros ubicados en Israel y los Territorios Ocupados.

Durante la nueva ocupación de Cisjordania la Fuerza de Defensa Israelí ha continuado demoliendo y causando destrozos en viviendas y propiedades palestinas en circunstancias en las que no existía una necesidad militar absoluta de proceder a tales acciones. El 22 de junio del 2002, la Fuerza de Defensa Israelí demolió una vivienda en Yenín encima de una familia con cinco hijos, causando la muerte de un niño de 12 años, Fares al-Sa'adi.

Ha llegado la hora de que el gobierno israelí y los dirigentes mundiales reconozcan que el respeto de los derechos humanos fundamentales no sólo es compatible con la seguridad, sino que además, en su ausencia no habrá seguridad ni paz.

Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten news.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en web.amnesty.org/library/eslindex.