Pakistán: El sistema de justicia tribal debe ser abolido
o reformado
Mientras prosigue ante un tribunal paquistaní
la causa por violación de una mujer entre un grupo de hombres
, que está teniendo gran repercusión, Amnistía
Internacional teme que el sistema de justicia tribal que facilitó
la comisión de tan grave abuso siga imponiendo castigos crueles
si no se toman medidas para reformarlo o abolirlo.
Un nuevo informe publicado hoy por Amnistía
Internacional demuestra claramente que el gobierno ha permitido
que los consejos tribales o yirgas abusen de todo un conjunto de
derechos humanos.
El informe pone de relieve casos que demuestran
que las yirgas abusan del derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad de la persona, a un juicio justo y a no ser torturado,
maltratado o discriminado.
"Si el gobierno pretende afrontar con seriedad
su obligación de proteger los derechos humanos, debe garantizar
que las yirgas dejan de abusar de los derechos de las personas.
Si ello no fuera posible, tendrían que ser abolidas",
ha señalado Amnistía Internacional.
En las áreas rurales de Pakistán,
las yirgas se convocan para resolver disputas sobre la tierra o
el agua, afrentas al "honor", asesinatos y muertes por
venganzas familiares. Su objetivo no es esclarecer la verdad, que
en una comunidad unida suele ser de dominio público, sino
el restablecimiento de la armonía social. En el caso de los
asesinatos por venganzas familiares, las yirgas imponen al infractor
el pago de sumas en concepto de indemnización. A menudo el
resarcimiento incluye la entrega de niñas y mujeres a la
parte ofendida.
En junio de 2001, una yirga del distrito de Thatta
"resolvió" una disputa por asesinato que duraba
nueve meses entregando a niñas de la parte de los asesinos
a la parte de la víctima: la hija de 11 años de uno
de los acusados fue obligada a casarse con el padre de la víctima,
de 46 años, y la hija del otro acusado, de 6 años,
fue entregada en matrimonio al hermano de la víctima, de
8 años. El lote "compensatorio" fue aceptado por
todas las partes, a
las niñas no se les preguntó su opinión y no
se abrió ningún proceso penal en relación con
el asesinato. Aunque se informó sobre el "arreglo"
en la prensa escrita en inglés, el gobierno no
tomó medidas para impedir el abuso, rescatar a las niñas
ni poner a los responsables en manos de la justicia.
En los casos en que una mujer ha "deshonrado"
presuntamente a su familia por tener un amigo, casarse con un hombre
de su elección o querer divorciarse, las yirgas han resuelto
que todos los responsables debían morir o recibir otro castigo.
En julio de 2000, una yirga de Sanghar resolvió que una joven
debía ser aprehendida por su familia y obligada a divorciarse
del hombre con el que había decidido casarse contra la voluntad
de su padre; se cree que posteriormente contrajo matrimonio con
alguien elegido por éste.
En general, el Estado no toma medidas cuando las
decisiones de las yirgas se traducen en asesinato, violación
u otros abusos. Muchos jefes tribales son también parlamentarios
o funcionarios de la administración pública o tienen
vínculos familiares con el gobierno. En su calidad oficial
hablan de derechos humanos para todos, pero en su circunscripción
participan en tribunales tribales. Además, las autoridades
recurren a los jefes tribales para resolver casos criminales que
están pendientes ante los tribunales y poder restablecer
enseguida el orden público.
Esto se debe en gran medida a que el sistema de
justicia oficial se considera caro e ineficaz. La población
rural es analfabeta en un elevado porcentaje y no sabe cómo
dirigirse al sistema oficial. Por otra parte, la corrupción
en el seno de la policía y del poder judicial también
comprometen gravemente el sistema oficial.
"En este contexto, la persona agraviada tiene
pocas alternativas. Con demasiada frecuencia se toma la justicia
por su mano, lo que contribuye a que se alcancen unos índices
de delincuencia escandalosos, o recurren al sistema de justicia
tribal, que les promete soluciones rápidas, baratas y fácilmente
comprensibles" ha señalado Amnistía Internacional.
"El gobierno de Pakistán debe abordar
urgentemente la revisión y reforma del sistema oficial de
justicia penal para aumentar su eficacia e independencia. Un sistema
oficial competente permitiría recuperar la confianza de la
opinión pública y los ciudadanos ya no
tendrían que buscar justicia en organismos creados al efecto,
como las yirgas, que no hacen sino conculcar todavía más
sus derechos."
Más información
» www.amnesty.org
(en inglés): sobre
este caso y sobre
la violencia contra las mujeres en Pakistán.
» Un consejo
tribal ordenó que un grupo de individuos violara a una mujer
como castigo por una presunta afrenta de honor cometida por su hermano:
información
sobre este caso en www.edai.org (en español).
» Para otras
consultas o para solicitar entrevistas, contacten con la
sección española de Amnistía Internacional
en los teléfonos 91 310 12 77 ó 630 746 802.
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