| Petición
mundial on-line de AI contra los acuerdos de impunidad promovidos
por EEUU
La Corte Penal Internacional, en peligro
Amnistía
Internacional acaba de lanzar una petición mundial en respuesta
a los ataques de Estados Unidos contra el nuevo sistema de justicia
internacional.
En
los últimos meses, Estados Unidos ha estado poniéndose
en contacto con gobiernos para pedirles que establezcan con él
acuerdos ilegales según los cuales no entregarán a
la nueva Corte Penal Internacional a los ciudadanos estadounidenses
acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra. En muchos casos, el gobierno estadounidense está
amenazando con retirar la ayuda militar a los países que
no accedan a esta petición.
Cuatro
Estados (Timor Oriental, Israel, Rumania y Tayikistán) han
firmado ya estos acuerdos de impunidad.
La
petición de Amnistía Internacional solicita a todos
los Estados que se nieguen a firmar esos acuerdos de impunidad con
Estados Unidos
La
petición estará abierta para la firma durante un mes,
y se enviará a los gobiernos de todo el mundo. Las firmas
recibidas antes del 27 de septiembre se enviarán también
a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE antes de su reunión
del 30 de septiembre, para pedirles que consideren su postura sobre
esta cuestión.
Información
general
El
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en
vigor el 1 de julio de 2002. A 15 de septiembre de 2002, lo habían
ratificado 79 Estados, y 139 Estados lo han firmado. Estados Unidos
ha sido el único Estado que se ha opuesto activamente al
establecimiento de la Corte Penal Internacional. Desde la adopción
del Estatuto de Roma en julio de 1998, Estados Unidos ha tratado
de lograr que los ciudadanos estadounidenses queden fuera de la
jurisdicción de la Corte.
Amnistía
Internacional, otras ONG y algunos gobiernos han demostrado repetidamente
que el temor de Estados Unidos de que la Corte pueda utilizarse
para procesar por motivos políticos a ciudadanos estadounidenses
es infundado, ya que el Estatuto de Roma contiene salvaguardias
sustanciales y garantías relativas a la celebración
de juicios justos.
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