El caso de Amina Lawal:
las dos caras del discurso del gobierno nigeriano
Coincidiendo con la campaña para las elecciones
presidenciales, generales y estatales previstas para el año
2003, y con la atención internacional enfocada sobre el concurso
de Miss Mundo, que se celebrará en Abuja en diciembre, a
Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que aún
no se haya fijado fecha para la vista de la apelación elevada
por Amina Lawal el pasado mes de agosto al Tribunal Superior de
la Sharia de Katsina en contra de su sentencia de muerte.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación
por los intentos de los gobiernos nigerianos estatal y federal de
manipular políticamente la introducción de nuevos
códigos penales basados en la Sharia. La organización
de derechos humanos cree que las declaraciones contradictorias realizadas
por las autoridades nigerianas y sus interpretaciones pueden tener
un impacto profundamente negativo sobre la actual imposición
de torturas, castigos corporales y de la pena de muerte por tribunales
de la Sharia en el norte de Nigeria.
"Parece que el Gobierno Federal hace dos discursos
deliberadamente contradictorios: para consumo interno por una parte,
e internacional por otra. A pesar de las repetidas declaraciones
del Presidente Obasanjo, el gobierno aún no ha tomado medidas
efectivas para asegurar que la nueva legislación penal de
la Sharia sea conforme con la constitución nigeriana y con
las obligaciones contraídas por el país al amparo
de tratados internacionales de derechos humanos", declaró
Amnistía Internacional.
"El argumento de que los estados de la federación
tienen el derecho de aprobar su propia legislación penal
es insostenible, ya que dichos códigos introducen preceptos
que violan normas de derechos humanos, que deben ser de aplicación
en todo el país".
El Presidente Obasanjo, que en varias ocasiones
ha declarado su oposición a la aplicación de la pena
de muerte en su país, dijo, en un acto público el
1 de octubre de 2002: "no podemos imaginar o contemplar que
una persona nigeriana sea apedreada hasta la muerte (...) no ha
sucedido nunca. Y puede que nunca ocurra".
El 20 de agosto de 2002, el Ministro de Justicia
Kanu Agabi declaró que su gobierno recurriría la decisión
de un tribunal de la Sharia de rechazar la apelación de Amina
Lawal y añadió que "la sentencia de muerte que
pesa sobre Amina (...) plantea cuestiones de derecho y de hecho
de considerable importancia que merecen la atención de la
Corte de Apelación".
Sin embargo, el pasado 4 de noviembre, se informó
que Sule Lamido, el Ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, defendía
el uso de la Sharia en general eludiendo el problema clave: que
la puesta en práctica de nuevos códigos penales ha
traído consigo la introducción de penas crueles e
inhumanas incluida la pena de muerte. Estos nuevos códigos
penales suponen un fuerte desafío a la constitución
nigeriana y a las obligaciones contraídas por Nigeria al
amparo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
incluida la Carta Africana de Derechos de Humanos y de los Pueblos.
"La situación de espera en que se encuentra
el caso de Amina parece obedecer a otros intereses y no al de la
propia víctima. Esto significa que la sentencia dictada contra
Amina Lawal sigue siendo aplicable, y que aún no se ha fijado
fecha para la vista de la apelación", declaró
Amnistía Internacional.
"La verdad es que, a pesar del escándalo
expresado por la comunidad internacional, Amina Lawal, Ahmadu Ibrahim,
Fatima Usman, Yunusa Rafin Chiyawa y Sarimu Mohammed se siguen enfrentando
a la pena de muerte y que los tribunales de la Sharia del norte
de Nigeria dictan con regularidad sentencias crueles, inhumanas
y degradantes, como flagelaciones y amputaciones", añadió
Amnistía Internacional.
Información General
Desde 1999, son varios los estados del norte de
Nigeria que han ido aprobando, de forma gradual, nuevas legislaciones
penales enmarcadas dentro de la Sharia. De esta manera han hecho
posible la aplicación de sentencias de muerte, torturas y
otros castigos crueles, inhumanos y degradantes.
La constitución nigeriana garantiza el derecho
a la vida y a no ser sometido a torturas, así como el derecho
a un juicio justo. Nigeria es estado parte de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y
Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este Pacto protege el derecho a la vida y establece que, en países
en los que no se ha abolido la pena de muerte, sólo se impondrán
sentencias de muerte para "los delitos más graves".
Varias entidades de las Naciones Unidas, incluyendo la Comisión
de Derechos Humanos, han interpretado que con ello se entiende "crímenes
intencionales con consecuencias mortales o sumamente graves y (...)
que no se impondrá en casos de acciones que no impliquen
violencia". (Resolución 2002/77, párrafo 4cc
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas).
Amnistía Internacional se opone totalmente
a la pena de muerte en todos los casos, por entender que se trata
de la forma más extrema de castigo inhumano y porque supone
una violación del derecho a la vida.
Para más información o para solicitar
entrevistas, contacte con el teléfono 91 310
12 77.
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