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América: Los indígenas, ciudadanos de segunda clase en las tierras de sus antepasados

Hace diez años, al cumplirse el Quinto Centenario de la llegada de los primeros europeos al continente americano, los descendientes de los pueblos indígenas que habitaban el continente reclamaron abiertamente sus derechos y su identidad. Actualmente siguen estando entre las comunidades más pobres y marginadas, sufren discriminación y a menudo están expuestos a sufrir graves abusos contra sus derechos fundamentales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Esta declaración se ha hecho la víspera del Día de la Raza, en el que varios países americanos celebran la herencia culturalmente diversa del continente.

«Más de la mitad de los países del continente reconocen el carácter pluralmente diverso de su Estado y garantizan los derechos de los indígenas en su Constitución y sus leyes. Sin embargo, esto contrasta enormemente con la realidad que afronta la inmensa mayoría de los pueblos indígenas que se extienden desde Canadá por todo Centroamérica hasta el último extremo de Chile y Argentina, que a menudo reciben el trato de ciudadanos de segunda clase» ha afirmado Amnistía Internacional.

«Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como el derecho a la propiedad de la tierra y a la identidad cultural —en el uso del idioma, la educación y la administración de justicia—, se vulneran sistemáticamente en varios países» ha añadido la organización.

«Al mismo tiempo, el racismo y la discriminación están muy arraigados en la mayoría de las sociedades y eso hace que los indígenas estén más expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos como torturas y malos tratos, “desapariciones” y homicidios ilegítimos.»

Para Amnistía Internacional es evidente que los gobiernos de todo el continente americano no tienen la voluntad política necesaria para convertir en realidad los derechos de los indígenas, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que gobierno de Guatemala no haya abordado el genocidio de las comunidades indígenas durante la larga guerra civil librada en el país.

Otros hechos que lo demuestran son el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad indígena en Honduras en el 2000, y la adopción en México de leyes inapropiadas y polémicas sobre los indígenas que las comunidades y organizaciones indígenas han rechazado por considerar que vulneran sus derechos fundamentales. El hecho de que esta legislación no cumpla las expectativas de las comunidades indígenas ha debilitado los esfuerzos para proteger los derechos humanos y acabar con el conflicto en el estado de Chiapas.

«Esta falta de compromiso se refleja también en la forma en que los gobiernos han ido dando largas a la adopción de la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas en el sistema interamericano» ha añadido la organización, y ha instado a los gobiernos de la región a acatar la resolución sobre este importante asunto adoptada este año por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a avanzar a partir de ella.
Amnistía Internacional ha pedido asimismo a los gobiernos que adopten medidas urgentes y concretas para convertir en realidad su retórica sobre la diversidad cultural y los derechos de los indígenas. La organización ha recordado a los gobiernos los compromisos contraídos el año pasado en la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban (Sudáfrica), donde se fijaron metas concretas para la acción sobre los derechos de los pueblos indígenas.

«Eso significa garantizar una representación real de las comunidades indígenas y promover el respeto de la totalidad de los derechos de los indígenas, no sólo en el sistema jurídico, judicial y político, sino en el conjunto de la sociedad» ha manifestado la organización.

He aquí algunos ejemplos de violaciones de los derechos de los indígenas de las que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional:

Violaciones relacionadas con la tierra y el medio ambiente

En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Nicaragua, los pueblos indígenas reclaman las tierras de sus antepasados y se encuentran con la violenta oposición de terratenientes y empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, que a menudo cuentan con el apoyo de las autoridades.

En toda la región existen proyectos de construcción de infraestructuras o extracción de recursos naturales en tierras indígenas que amenazan el medio de vida y la supervivencia de estas comunidades, y que se están planificando y poniendo en marcha sin un proceso de consulta real y transparente. Ejemplos de ello son el Plan Puebla-Panamá, destinado a crear proyectos industriales y de infraestructura en los estados meridionales de México y Centroamérica, con las inevitables consecuencias para las comunidades indígenas; un proyecto en Nicaragua para excavar un canal que unirá los océanos Atlántico y Pacífico cruzando las tierras sagradas de los indígenas; la presa de Urrá, en Colombia, ubicada en las tierras ancestrales de los embera-katío, contra la cual están haciendo campaña algunos miembros de la comunidad; y los proyectos de construcción de un oleoducto en Ecuador.

En Brasil, Hipãridi Top'Tiro, líder indígena xavante de la reserva indígena de Sangradouro, en el estado de Mato Grosso, tuvo que abandonar sus tierras debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo por motivo de su activismo en favor del medio ambiente y por haber emprendido acciones legales contra los terratenientes locales por deforestar parte de una zona indígena. Según informes, fue amenazado e intimidado por el administrador regional de la Fundación Nacional del Indio (organismo gubernamental creado para proteger a los pueblos indígenas), quien mantiene fuertes vínculos con los terratenientes locales. Posteriormente el gobierno federal informó a Hipãridi de que debía abandonar el país ya que no podía ofrecerle protección.

En Colombia, el dirigente indígena Kimy Pernia Domicó, de la comunidad embera-katío —que se ha movilizado contra la presa de Urrá— , «desapareció» en junio de 2001 tras haber sido secuestrado por paramilitares apoyados por el ejército. Otros miembros de la comunidad que hacen campaña en favor de su regreso seguro han sufrido actos de hostigamiento y uno de ellos, Pedro Alirio Domicó, fue asesinado tras su secuestro a manos de paramilitares. Aún no se conoce el paradero de Kimy Pernia ni se tiene conocimiento de que se haya procesado a alguien en relación con estos hechos.

Violaciones relacionadas con la identidad cultural

En varios países, como Guatemala y México, la policía suele interrogar y tomar declaración, sin la ayuda de un intérprete, a indígenas que no hablan español. En Guatemala se ha juzgado en español a indígenas que no sabían el idioma por delitos que acarreaban la pena de muerte. En un caso, un indígena que no hablaba español fue examinado psicológicamente en ese idioma para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado.

En una ocasión reciente en Chile, dos miembros de la comunidad mapuche fueron declarados culpables de«falta de respeto» y «conducta contra la moral pública» por gritar eslóganes en lengua mapudungu y tocar instrumentos tradicionales en un juicio celebrado en Angol.

Agresiones contra defensores de los derechos humanos que trabajan con las comunidades indígenas

En Bolivia, Leonardo Tamburini, asesor jurídico de la comunidad indígena chiquitano sobre su reclamación de tierras, recibió amenazas telefónicas en septiembre de 2002.

En Nicaragua, María Luisa Acosta, abogada que defiende a las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Sur, recibió amenazas de muerte en relación con su trabajo. En abril de 2002 su marido perdió la vida en un atentado que, en opinión de la mayoría, iba dirigido contra ella y que fue cometido con un arma perteneciente al abogado de un ciudadano estadounidense implicado en la compra y venta de tierras, incluidas tierras indígenas.

En Guatemala, miembros de la Defensoría Indígena que resuelven disputas entre comunidades mediante prácticas tradicionales indígenas y que promueven los derechos de los indígenas y el reconocimiento de la autoridad de los líderes tradicionales mayas en la estructura estatal, han sido amenazados de muerte en repetidas ocasiones. En septiembre de 2002, Manuel García de la Cruz fue brutalmente torturado y amenazado, aparentemente como represalia por su trabajo sobre derechos humanos y desarrollo con la organización pro derechos de los indígenas CONAVIGUA.

Violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y malos tratos, y uso excesivo de la fuerza

En Honduras se ha dado muerte a numerosos dirigentes indígenas en los últimos años. Nadie ha respondido penalmente de estas muertes, a pesar de los compromisos del gobierno con los grupos indígenas, como la promesa de crear un programa para investigar los homicidios de indígenas y negros en años anteriores. Dos años después, el programa aún no ha sido establecido.

En Argentina, durante una redada practicada por al menos un centenar de miembros de la policía provincial contra la comunidad toba, en Formosa, varios miembros de dicha comunidad (entre ellos una mujer embarazada) recibieron golpes e insultos racistas. Varios más, como un señor de 74 años, fueron detenidos y, estando bajo custodia, fueron maltratados y humillados.

En Canadá, la policía metropolitana de Saskatoon ha sido acusada de abandonar por sistema a los miembros «problemáticos» de la comunidad indígena en lugares aislados, dejándolos expuestos a morir de hipotermia, como ocurrió con Rodney Naistus y Lawrence Wegner en el 2002. La investigación llevada a cabo sobre sus muertes no dio como resultado ningún procesamiento.

Abusos cometidos en el contexto de un conflicto

En Colombia, las comunidades indígenas se encuentran atrapadas entre dos fuegos: el ejército y sus socios paramilitares de un lado, y los grupos guerrilleros del otro. La comunidad indígena paeces, que reside en la antigua zona desmilitarizada donde se celebraron las conversaciones de paz hasta el 20 de febrero de 2002, sufrió la ocupación de una unidad militar móvil, que ha utilizado la escuela local y las cocinas de algunas familias. La comunidad se ha negado a entregar a dos de sus miembros que son sospechosos de pertenecer al movimiento guerrillero, y ha sido acusada por otra comunidad de apoyar a los guerrilleros. Además, sus miembros viven con el miedo de sufrir una incursión paramilitar a raíz de estas acusaciones. El 80 por ciento de los homicidios no cometidos en combate y que obedecen a motivos políticos son perpetrados por los grupos paramilitares, que actúan con el apoyo explícito o tácito de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también han muerto miembros de las comunidades indígenas a manos de grupos guerrilleros que los acusaban de estar de parte del enemigo. En julio de 2002, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mataron a Bertulfo Domicó Domicó en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia.

El homicidio de 26 indígenas en Agua Fría (Oaxaca) en mayo de 2002 fue consecuencia del abandono y la explotación históricos de las comunidades indígenas en la región y de que el Estado no tomara en serio las amenazas de violencia inminente en el contexto de las disputas entre comunidades.

En febrero de 2002, miembros del ejército mexicano, al parecer, golpearon y agredieron sexualmente a Valentina Rosendo Cantu, de 17 años, cerca de su domicilio en el estado de Guerrero, en el sur de México, donde el ejército estaba llevando a cabo operaciones antidroga y de contrainsurgencia. Como en casos parecidos ocurridos en el pasado, la jurisdicción militar ha evitado que se realicen investigaciones completas, dejando que la víctima siga sufriendo las consecuencias de la agresión sin posibilidad de recurrir a la justicia.

Durante el conflicto interno que sacudió Guatemala a lo largo de más de tres décadas, el ejército aplicó una política de contrainsurgencia de tierra quemada dirigida sistemáticamente contra las comunidades indígenas del oeste y noroeste del país. Se calcula que alrededor de 200.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, murieron o «desaparecieron» durante el conflicto. Tal fue la escala de violaciones de derechos humanos cometidas, que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la iglesia católica concluyó que al menos en cuatro zonas alcanzaban la categoría de genocidio. La inmensa mayoría de estos abusos no se han investigado ni se ha procesado a nadie por ellos.

Información general

El 12 de octubre fue la fecha elegida para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y se celebra, con ligeras variaciones, en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, las islas Turks y Caicos, México, Uruguay y Venezuela.