Guatemala: El atentado contra el procurador general, grave ataque al Estado de Derecho

Amnistía Internacional ha expresado hoy gran preocupación ante el ataque armado sufrido por el procurador general de Guatemala la noche del 5 de diciembre, que no se hizo público hasta días después. Individuos armados sin identificar dispararon contra Carlos De León Argueta, máxima autoridad fiscal del país, cuando volvía a su casa en la Ciudad de Guatemala. Los disparos se dirigían contra el vehículo que iba conduciendo, aunque sólo alcanzaron unos árboles y un muro próximo a la entrada de su domicilio. El procurador general resultó ileso.

«Carlos De León es el miembro más importante de la comunidad judicial guatemalteca que sufre un atentado contra su vida después de Epaminondas González Dubón, presidente de la Corte Constitucional del país, a quien ejecutaron extrajudicialmente en 1994» ha manifestado Amnistía Internacional.

«Ambos habían participado en investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y con la implicación oficial en el tráfico de drogas» añadió la organización, y señaló que ambos atentados constituían graves ataques contra el Estado de Derecho en Guatemala.

«El hecho de que la máxima autoridad fiscal del país, el procurador general, no pueda desempeñar sus funciones sin que su vida corra peligro permite hacerse una idea de las condiciones en que otros profesionales del derecho guatemaltecos se ven obligados a vivir, especialmente los que participan en los esfuerzos para combatir la impunidad y llevar ante los tribunales a los autores de violaciones de derechos humanos emblemáticas cometidas en el pasado» ha recalcado Amnistía Internacional.

«En semejante contexto, cada vez resulta más difícil creer que las autoridades guatemaltecas están haciendo verdaderos progresos para reinstaurar el Estado de Derecho en el país» afirma la organización de derechos humanos.

«El gobierno tiene que adoptar medidas inmediatas para resolver esta situación, garantizando de una manera eficaz la protección a todos los miembros de la comunidad judicial y para emprender investigaciones exhaustivas sobre amenazas, ataques y actos de intimidación en su contra» ha añadido Amnistía Internacional.

La organización ve con especial inquietud los informes según los cuales el ministro del Interior ha negado públicamente que se haya producido el ataque. La negación viene siendo tradicionalmente la respuesta habitual de las autoridades guatemaltecas a las denuncias de violaciones de derechos humanos.

«Sin embargo en este caso es extraño, porque un alto funcionario está arrojando dudas sobre los informes de otro alto cargo del gobierno. Eso demuestra la falta de apoyo oficial a los que en la Procuraduría intentan hacer bien su trabajo» ha señalado Amnistía Internacional.

Información general

La preocupación de Amnistía Internacional por el creciente número de amenazas contra los miembros del poder judicial ha llevado a su Red Internacional de Profesionales del Derecho a lanzar una campaña especial en favor de su protección hace apenas unos días, el 27 de noviembre. Más de 5.000 abogados de Amnistía Internacional y otros profesionales del derecho de más de 40 países ofrecerán su apoyo a los juristas amenazados en Guatemala. Asimismo están realizando gestiones ante los miembros del gobierno guatemalteco para pedirles que garanticen protección a los juristas amenazados y adopten otras medidas concretas para mejorar la administración de justicia en Guatemala.

Carlos De León Argueta tomó posesión del cargo de procurador general en mayo de este año. Su nombramiento fue celebrado por la comunidad de derechos humanos de Guatemala. Desde que asumió el cargo, parece haber hecho auténticos esfuerzos para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. También se ha encargado de investigar la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas. Sus investigaciones en estos ámbitos podrían haber sido la causa del atentado contra él perpetrado la noche del jueves.

El atentado contra su vida tuvo lugar el día en que, como jefe del Ministerio Público, designó los procuradores que se ocuparían de investigar a los oficiales de alta graduación del ejército acusados de implicación en la delincuencia organizada. Con todo, Amnistía Internacional afirmó que la distinción entre los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y los implicados en la delincuencia organizada no es tajante, ya que los mismos individuos suelen participar en ambos, y que el trabajo del procurador general sobre los casos de derechos humanos también podrían haber sido la causa del intento de asesinato.

Tras el atentado, De León afirmó en una conferencia de prensa que seguiría desempeñando sus funciones oficiales pero tomando más precauciones en materia de seguridad, como mantener en secreto sus compromisos oficiales y cambiar constantemente su lugar de residencia. También reveló que había estado recibiendo amenazas de muerte por escrito y por teléfono.

Guatemala padeció un conflicto civil durante más de 30 años, que no concluyó oficialmente hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Esos acuerdos contenían promesas de gran alcance sobre una amplia diversidad de asuntos sociales, políticos y culturales, como los que se refieren a la administración de justicia. Sin embargo, muy pocos de los compromisos contenidos en los acuerdos se han cumplido, y quienes presionan para que se cumplan o para combatir la impunidad que prevalece sobre los graves abusos cometidos en los años del conflicto han sufrido nuevos abusos. En los últimos años, parece ser que el sector judicial está especialmente expuesto a sufrir actos de represión.

Tras efectuar dos visitas al país en 1999 y el 2001, el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Param Cumaraswamy, informó sobre más de 90 casos de abusos cometidos contra personas relacionadas con el sistema judicial e instó al gobierno a que tomara medidas para acabar con las amenazas y el hostigamiento de jueces y abogados. Sólo días antes del atentado contra De León Argueta, Digna Ochoa, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), solicitó mejoras en la seguridad y garantías de seguridad para la comunidad judicial guatemalteca, enumerando 45 casos recientes de amenazas e intimidación sufridas por jueces, abogados y fiscales.

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