Amnistía Internacional e INTERMON-OXFAM
han dirigido una carta al Presidente Aznar en la que trasmiten las
preocupaciones de ambas organizaciones sobre las graves consecuencias
que un conflicto militar puede tener desde el punto de vista humanitario
y de los derechos humanos sobre la población civil en Irak,
e instan al Presidente del gobierno español a impulsar una
posición por la resolución pacífica de la crisis.
Reproducimos a continuación el contenido
de dicha carta, fechada el 4 de noviembre y remitida por los respectivos
directores de las organizaciones.
Excmo. Sr. Presidente:
Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debate
estos días una nueva resolución sobre Irak y ante
el planteamiento de recurrir a la fuerza armada, nos dirigimos
a Usted para transmitirle nuestra preocupación por las
consecuencias humanitarias y sobre los derechos humanos de la
población iraquí que tal tipo de acción conllevaría.
El Capítulo VII de la Carta de las Naciones
establece el marco de medidas que puede emplear el Consejo para
hacer efectivas sus decisiones, e incluye la disposición
de que la fuerza armada debe emplearse únicamente como
último recurso, cuando todas las medidas para resolver
la situación por medios pacíficos se hayan explorado
y hayan demostrado ser inadecuadas.
Es probable que el recurso a la fuerza militar
dé lugar a consecuencias aún más devastadoras
para gran parte de la población iraquí, ya aplastada
por las graves violaciones de derechos humanos a la que la somete
su gobierno y por efecto de las sanciones económicas. Además,
el uso de la fuerza militar viene acompañado invariablemente
de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho
internacional humanitario.
Si Irak representa una amenaza para la seguridad
internacional, le corresponde al Consejo de Seguridad tomar una
decisión al respecto y las acciones correspondientes, en
el marco multilateral de Naciones Unidas teniendo muy en cuenta
los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, que
exige el respeto y protección de la población civil.
Las Naciones Unidas se crearon para mantener la paz y promover
los derechos humanos.
Por todos los motivos expuestos, le instamos a
que el Gobierno español, como miembro de Naciones Unidas
y futuro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en todas
las discusiones sobre acciones contra Irak:
- Impulse la resolución pacífica de la crisis,
dentro del ámbito multilateral de Naciones Unidas.
- Por encima de otras consideraciones, sitúe el respeto
a la legislación internacional sobre protección
de los derechos humanos y la preocupación humanitaria
por la vida y la seguridad de la población civil iraquí
en el centro del debate.