Amnistía Internacional, preocupada por la "mano dura"
que anuncia el nuevo presidente de Colombia
La ONG denuncia los planes de Uribe de crear un cuerpo de un millón
de informantes, lo que involucraría aún más
a la población civil en el conflicto
Amnistía
Internacional (AI) ha manifestado hoy: "Cuando Álvaro
Uribe Vélez asuma la presidencia de Colombia el 7 de agosto
no podrá ignorar la responsabilidad que tiene de hacer que
los derechos humanos de todos los colombianos sean prioritarios".
En una carta dirigida al nuevo presidente, la organización
le insta a desarrollar una política integral en materia de
derechos humanos, que sirva para atajar la creciente situación
de crisis en que esos derechos se encuentran sumidos en el país.
La Sección Española de AI ha enviado también
una carta al Príncipe de Asturias, que asistirá a
la toma de posesión de Uribe, solicitándole que plantee
al nuevo presidente las recomendaciones de la organización.
"La nueva presidencia comienza su andadura
en unos momentos en que la crisis de los derechos humanos en Colombia
se está agudizando y millones de personas en todo el país
sufren a diario las consecuencias de la violencia política
y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las dos partes
implicadas en el conflicto", ha declarado Amnistía Internacional.
Peter Drury, investigador de AI para Colombia, ha
añadido: "El nuevo presidente se enfrenta ahora a una
disyuntiva fundamental: puede optar por actuar para atajar la crisis
de derechos humanos o aplicar políticas susceptibles de empeorarla".
Existen unas líneas básicas de actuación
que el gobierno debe emprender para poner coto a la situación
de emergencia de derechos humanos, resumidas en las recomendaciones
que las Naciones Unidas han formulado insistentemente de acabar
con la impunidad, combatir a los grupos paramilitares y romper sus
vínculos con las fuerzas de seguridad, y proteger a los defensores
de los derechos humanos y otros sectores vulnerables de la sociedad
civil, como los sindicalistas y las comunidades afrocolombianas.
Amnistía Internacional ha subrayado: "Muchos
de los planes que el doctor Uribe ha anunciado parecen ir contra
el espíritu de esas recomendaciones y suponen una amenaza
real de empeoramiento del conflicto, socavando la protección
de los civiles y ofreciendo más impunidad a los violadores
de derechos humanos".
En su carta, la organización reitera su preocupación
por algunos planes del que será presidente de Colombia, como
la creación de una milicia civil de informantes integrada
por un millón de personas, medida con la que se corre el
riesgo de involucrar aún más a la población
civil en el conflicto y de consolidar la estrategia paramilitar
respaldada por el ejército. Otros de esos planes son otorgar
a las fuerzas armadas atribuciones propias de la policía
judicial y permitir al ejército que practique registros domiciliarios
y detenciones sin autoridación judicial, lo que podría
facilitar el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos
que perpetren las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares.
También son preocupantes los planes de restablecer
la facultad presidencial de decretar el estado de sitio, que facilitaría
la comisión de violaciones de derechos humanos al suprimir
la supervisión judicial y legislativa y hacer caso omiso
de las salvaguardias internacionales sobre los estados de excepción.
Amnistía Internacional ha añadido:
"El doctor Uribe viene declarando que lo que le hace falta
a Colombia es 'mano firme' para resolver el conflicto, garantizar
la seguridad y atajar el pertinaz crecimiento de los niveles de
violencia. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una voluntad
política firme para proteger y garantizar los derechos de
todos".
Los grupos insurgentes, que también han sido
responsables de numerosas violaciones del derecho internacional
humanitario, deben asumir su responsabilidad por perpetuar la escalada
de violencia en Colombia. AI condena sin paliativos los homicidios
de civiles, los secuestros perpetrados por esos grupos y los ataques
indiscriminados contra objetivos militares que han provocado heridos
y muertos entre la población civil.
La organización ha preguntado también
al Sr. Uribe cuál es el uso que se está dando al material
de defensa español y europeo exportado a Colombia. AI considera
que el gobierno español debe denegar cualquier licencia de
exportación de material a Colombia que pueda ser utilizado
para cometer violaciones de derechos humanos o crímenes de
guerra.
En junio de este año, la Armada Nacional
de Colombia anunció que compraría dos aviones patrulleros
marítimos CN-235, de fabricación española,
para "labores de patrullaje marítimo, operaciones de
búsqueda y rescate, de vigilancia y seguridad, y de persecución
al narcotráfico". Amnistía Internacional ha pedido
también al Príncipe de Asturias que se interese por
las garantías que el gobierno español obtiene de que
estos aviones no se utilizarán en operaciones en las que
resulten violados los derechos de la población civil.
La organización concluye: "Uno tras
otro, los sucesivos gobiernos colombianos han fracasado en su empeño
y permitido el sacrificio de los derechos humanos en aras de la
seguridad y de estrategias contrainsurgentes. Ha llegado la hora
de comprender por fin que la seguridad no puede nunca lograrse a
costa de los derechos humanos. Ha llegado la hora de que el nuevo
presidente opte por la alternativa correcta para los derechos humanos
en Colombia".
Si desean información actualizada sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, o leer el texto completo de la carta remitida
al presidente Uribe, visiten en internet:
Español: http://www.edai.org/temporal/colombia/colombia.htm
Inglés: http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_colombia
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