Colombia: La puesta en
libertad de Carlos Arturo Marulanda, un revés para la justicia
Amnistía Internacional ha declarado hoy que la
excarcelación de Carlos Arturo Marulanda -acusado de participar
en 1996 en el desalojo forzoso a manos de paramilitares ilegales
de 280 familias de campesinos de unas tierras cuya propiedad reclamaba
la familia Marulanda y que se saldó con la tortura, el asesinato
o la «desaparición» de al menos 30 personas-
representa un duro revés para los intentos de acabar con
la impunidad por las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Carlos Arturo Marulanda fue puesto en libertad el
1 de noviembre de 2002 tras retirarse los cargos en su contra por
colaboración con grupos paramilitares. Sólo tendrá
que hacer frente a las acusaciones referidas a la destrucción
de viviendas de campesinos. Los abogados que representan a los campesinos
desalojados han impugnado la retirada de los cargos por actividad
paramilitar, ya que fueron paramilitares quienes arrasaron las casas
de los campesinos.
Se teme que su puesta en libertad contribuya a estancar
las investigaciones criminales sobre el desalojo forzoso de campesinos
y las amenazas de muerte, los homicidios y las «desapariciones»
que le siguieron. Esto a su vez podría tener como consecuencia
que los responsables nunca comparezcan ante un tribunal, lo que
privaría a las victimas y a sus familiares de su derecho
fundamental a la verdad y la justicia y a obtener una reparación.
Otro motivo de preocupación lo constituyen
las declaraciones de representantes del gobierno para expresar su
satisfacción por la excarcelación del ex embajador
de Colombia ante la Unión Europea y proclamar su inocencia,
sobre todo si se tiene en cuenta que en el pasado muchos oficiales
de alta graduación del ejército y destacados políticos
presuntamente implicados en abusos contra los derechos humanos han
eludido su procesamiento a pesar de que existían importantes
indicios prima facie que los vinculaban a los grupos paramilitares
ilegales responsables de esos abusos.
Información general
Carlos Arturo Marulanda, ex ministro y embajador
ante la Unión Europea, había estado detenido en España
desde julio de 2001 por cargos relacionados con el desalojo forzoso
de campesinos de la hacienda Bellacruz, en la región de Cesar.
Fue extraditado a Colombia el 13 de octubre de 2002.
El 14 de febrero de 1996, un grupo paramilitar local
apoyado por miembros del ejército colombiano desalojó
a la fuerza a los campesinos de la hacienda Bellacruz. Durante esta
operación y después, muchos de los campesinos fueron
víctimas de tortura y homicidio. El desalojo se llevó
a cabo después de que Marulanda Ramírez Ltd., empresa
que representa los intereses comerciales de la familia Marulanda,
perdiera un recurso judicial por el que reclamaba parte de la tierra
ocupada por los campesinos, situada en la hacienda Bellacruz.
Los paramilitares quemaron las casas de los campesinos,
los torturaron y los amenazaron de muerte si se atrevian a regresar.
A pesar de la presencia de fuerzas policiales y militares en la
zona, no se hizo nada para impedir o detener la operación
paramilitar ni para aprehender a los responsables dentro de la hacienda
o en sus inmediaciones.
De acuerdo con el testimonio de algunos de de los
campesinos, miembros del ejército colombiano presenciaron
los hechos y algunos soldados fueron reconocidos posteriormente
como integrantes del grupo paramilitar. Obligadas a abandonar sus
tierras y casas, las familias campesinas huyeron a las municipalidades
vecinas de Pelaya, La Gloria y Tamaleque. Después de estos
hechos, varios de los campesinos desalojados y personas que intentaron
ayudarlos han sido asesinados, han «desaparecido» o
han recibido amenazas de muerte.
En 1999, la Fiscalía General de la Nación
ordenó la detención de Carlos Arturo Marulanda por
delitos relacionados con la formación de grupos paramilitares
y por los hechos que tuvieron lugar en la hacienda Bellacruz en
1996. Su hermano, Francisco Alberto Marulanda Ramírez, fue
detenido en mayo de 1998 por cargos relacionados con el mismo caso.
Si desean más información, consulten
el informe de Amnistía Internacional titulado Hacienda
Bellacruz: Tierra, violencia y fuerza milita.
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