España: no deben tolerarse las recompensas a torturadores

"La concesión de recompensas y honores a torturadores transmite un mensaje claro: que en España no se castigarán de forma efectiva las violaciones de derechos humanos", ha advertido hoy Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos también ha declarado que el hecho de que siga sin procesarse a los responsables de delitos cometidos durante la "guerra sucia" emprendida en los años 80 contra ETA hace llegar a los torturadores un mensaje similar.

La condena de Amnistía Internacional se ha producido a raiz del indulto, hecho público este mismo mes, de once agentes de la Policía Nacional y tres miembros de la Guardia Civil declarados culpables de tortura. Según los informes, la condena de estos hombres se ha reducido en dos tercios. Entre los indultados se encuentra un ex agente de la Policía Nacional y autor de múltiples torturas, que fue condenado a diez meses de inhabilitación por ocultar deliberadamente la verdad en el caso de la tortura de la presunto miembro de ETA Ana María Ereño en 1982. Otro de los 14 indultados estuvo también implicado en varios asesinatos durante la "guerra sucia" de los años 80 contra ETA.

Poco después del anuncio de los indultos, se concedió una medalla póstuma a Melitón Manzanas, ex jefe de una unidad de la policía secreta en San Sebastián (Guipúzcoa) durante la dictadura de Franco. Melitón Manzanas fue responsable de la tortura de centenares de vascos durante el régimen franquista y era un conocido colaborador de la Gestapo que durante la Ocupación Nazi ayudó a detener a judíos que trataban de huir a través de la frontera del sur de Francia. Fue la primera víctima elegida por un comando de ETA en agosto de 1968. Precisamente, la condecoración que se le ha concedido es una medalla a las víctimas del terrorismo.

Amnistía Internacional ha declarado: "el conceder una condecoración a alguien que ha ignorado de forma tan flagrante los derechos fundamentales a la vida y a no ser torturado constituye una burla hacia cualquier sistema de concesión de honores".

Esta no es la primera vez que las autoridades españolas conceden indultos o recompensas a torturadores. En 1998, Amnistía Internacional criticó la frecuencia con la que se indultaba a torturadores convictos e hizo alusión a casos de torturadores que incluso habían sido ascendidos tras ser declarados culpables. También en 1998, diez de los doce condenados por el secuestro y la detención ilegal (como parte de la "guerra sucia") del empresario francés Segundo Marey, vieron como, casi de inmediato, sus condenas eran reducidas en dos tercios y el tercio restante quedaba en suspenso en espera de la apelación ante el Tribunal Constitucional. Dicha apelación aún sigue pendiente.

En su informe de junio de 1999, España: motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco (Índice AI: EUR 41/01/99/s). Amnistía Internacional manifestó su creencia de que en España existe un clima de impunidad. Para respaldar su afirmación, la organización de derechos humanos citó las condenas simbólicas impuestas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, declarados culpables de tortura y malos tratos, la relajación a la hora de hacer cumplir las condenas, las discrepancias en las normas de realización de informes médicos forenses y la perpetuación de la detención en régimen de incomunicación, así como la disponibilidad de indultos e incluso ascensos para los autores de torturas.

Además, Amnistía Internacional siente preocupación por los recientes informes que indican que los fiscales de la Audiencia Nacional han pedido que se archiven casi todas las investigaciones que continúan abiertas sobre los delitos cometidos durante la "guerra sucia" de los 80 contra ETA.

Las autoridades españolas han ratificado tratados de derechos humanos y están sometidas a disposiciones constitucionales según las cuales deben proteger el derecho a la vida e impedir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional ha declarado: "El gobierno español debe poner fin al trato de favor hacia aquéllos que matan y torturan en nombre del estado. Cualquier comportamiento que se aparte de esta norma constituirá una burla de las leyes españolas".