Conferencia
Mundial contra el Racismo: Los gobiernos
deben dejar a un lado las diferencias políticas
y tomar medidas eficaces
Durban.
La víspera de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, Amnistía Internacional
ha pedido a los gobiernos del mundo que se
muestren solidarios con las víctimas
y los supervivientes y tomen medidas constructivas
para combatir el racismo.
«La
Conferencia es una oportunidad excelente
para que los gobiernos del mundo dejen de
ocuparse de estrechos intereses políticos
-ha manifestado Irene Khan, secretaria general
de la organización de derechos humanos-.
Es una oportunidad para la verdad, el compromiso,
la rendición de cuentas y la acción».
Amnistía Internacional insta a los
gobiernos a garantizar que todos ellos aprobarán
la Declaración y el Programa de Acción
resultantes de la Conferencia a fin de que
ésta sea un esfuerzo verdaderamente
mundial contra el racismo.
La Conferencia pondrá de relieve cuestiones
que raras veces reciben la atención
que merecen en los foros internacionales,
entre ellas las relativas a los pueblos indígenas
y a los romaníes. Sin embargo, la
difícil situación de los millones
de dalit que sufren discriminación
debido a su ascendencia
no se ha reconocido aún explícitamente
en los proyectos de los documentos que se
aprobarán en la Conferencia. Varios
gobiernos se oponen también a que
se reconozca la discriminación múltiple
resultante del racismo y la orientación
sexual.
«El
racismo afecta a todos los países
del mundo -ha explicado Irene Khan-. Los
gobiernos deben tomar precauciones contra
él para garantizar que la administración
de justicia se basa el principio de que todas
las personas tienen los mismos derechos».
Como contribución específica
a la Conferencia, Amnistía Internacional
ha hecho hincapié en el modo en que
el racismo afecta a la administración
de justicia.
Las características de las detenciones,
las sentencias condenatorias y las condenas,
así como el trato que se dispensa
a los refugiados, revelan que, en todo el
mundo, los gobiernos hacen la vista gorda
ante los prejuicios raciales.
En
virtud de su oposición a la pena de
muerte, Amnistía Internacional insta
también a los gobiernos a que garanticen
que en el proyecto de Programa de Acción
se trata la cuestión de la aplicación
racista de esta pena. Los países donde
se aplica todavía deben investigar
toda imposición
desproporcionada de la pena de muerte a grupos
raciales y declarar la suspensión
de las ejecuciones hasta que se conozcan
los resultados de la investigación.
Hay
todavía graves discrepancias sobre
el modo de tratar el legado de la esclavitud
y el colonialismo y la cuestión de
la discriminación de los palestinos
por Israel. Amnistía Internacional
hace un llamamiento a los gobiernos para
que se ocupen seriamente de buscar una solución
a estos
desacuerdos basándose para ello en
los derechos humanos, no en la política.
«Es
mucho lo que está en juego -ha manifestado
Irene Khan-. En todo el mundo, las víctimas
y los supervivientes del racismo esperan
reconocimiento y un compromiso de acción
de la Conferencia. Los gobiernos tienen que
escuchar».
Cuestiones
relativas a España
El
19 de abril de este año, la Sección
española de Amnistia Internacional
dirigió una carta a Josep Piqué,
Ministro de Asuntos Exteriores, en la que
se instaba a que, antes de la Conferencia
de Durban, el Gobierno español firmase
y posteriormente ratificase, el Protocolo
12 del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. Hasta el momento de emitirse
este comunicado no habíamos recibido
respuesta al respecto.
El
16 de agosto pasado, Amnistía Internacional,
al aproximarse la celebración de la
Conferencia Mundial contra el Racismo, emitió
un comunicado de prensa en relación
a España, haciendo un llamamiento
para que se protejan plenamente los derechos
de los niños extranjeros indocumentados
que se encuentran en el territorio español
en los enclaves españoles de Ceuta
y Melilla en el Norte de Africa. Antes de
las últimas expulsiones, la organización
envió una carta al gobierno español
expresando su preocupación por los
informes según los cuales las autoridades
de Ceuta y Melilla estaban tratando de que
se les eximiera del cumplimiento de la obligación
de proteger y cuidar de los menores extranjeros
no acompañados y otorgar permisos
de residencia, dentro de un plazo de unos
meses, a los menores extranjeros a los que
no ha sido posible reunificar con sus familias.
Las denuncias durante los procesos de expulsión
hablan de tratos inhumanos y degradantes,
incluidos malos tratos físicos.
Igualmente,
en el Informe Anual de la organización
y en el Informe El Racismo y la Administración
de Justicia, Amnistía Internacional
ha expresado preocupaciones en relación
a España. En el Informe Anual, la
organización dio cuenta de actos de
violencia racista sin precedentes contra
los extranjeros, en su mayoría norte-africanos,
en el Ejido (Almería). Se informó
sobre un aumento de denuncias de malos tratos
racistas a manos de agentes de policía.
Amnistía Internacional recogió
información sobre condiciones inhumanas
y degradantes a inmigrantes indocumentados
en los centros de reclusión. También
la organización se refirió
a la nueva ley de extranjería que
entró en vigor y que restringe gravemente
los derechos de los inmigrantes indocumentados,
impone sanciones a los transportistas que
trasladen a extranjeros hasta el territorio
español y establece un procedimiento
acelerado de expulsión.
Para
los documentos y comunicados de prensa traducidos
al español consulten el «Centro
de documentación» de las
páginas web de EDAI.
Si desean más información,
pónganse en contacto con la oficina
de prensa de Amnistía Internacional
en Londres, Reino Unido, en el número
+ 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio
web en http://www.amnesty.org.
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