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Noticia

     
Amnistía Internacional
Comunicado de prensa

Fecha:
30 de agosto de 2001

Índice AI:
IOR 41/020/2001

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Conferencia Mundial contra el Racismo: Los gobiernos deben dejar a un lado las diferencias políticas y tomar medidas eficaces

Durban. La víspera de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos del mundo que se muestren solidarios con las víctimas y los supervivientes y tomen medidas constructivas para combatir el racismo.

«La Conferencia es una oportunidad excelente para que los gobiernos del mundo dejen de ocuparse de estrechos intereses políticos -ha manifestado Irene Khan, secretaria general de la organización de derechos humanos-. Es una oportunidad para la verdad, el compromiso, la rendición de cuentas y la acción».

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que todos ellos aprobarán la Declaración y el Programa de Acción resultantes de la Conferencia a fin de que ésta sea un esfuerzo verdaderamente mundial contra el racismo.

La Conferencia pondrá de relieve cuestiones que raras veces reciben la atención que merecen en los foros internacionales, entre ellas las relativas a los pueblos indígenas y a los romaníes. Sin embargo, la difícil situación de los millones de dalit que sufren discriminación debido a su ascendencia
no se ha reconocido aún explícitamente en los proyectos de los documentos que se aprobarán en la Conferencia. Varios gobiernos se oponen también a que se reconozca la discriminación múltiple resultante del racismo y la orientación sexual.

«El racismo afecta a todos los países del mundo -ha explicado Irene Khan-. Los gobiernos deben tomar precauciones contra él para garantizar que la administración de justicia se basa el principio de que todas las personas tienen los mismos derechos».

Como contribución específica a la Conferencia, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en el modo en que el racismo afecta a la administración de justicia.

Las características de las detenciones, las sentencias condenatorias y las condenas, así como el trato que se dispensa a los refugiados, revelan que, en todo el mundo, los gobiernos hacen la vista gorda ante los prejuicios raciales.

En virtud de su oposición a la pena de muerte, Amnistía Internacional insta también a los gobiernos a que garanticen que en el proyecto de Programa de Acción se trata la cuestión de la aplicación racista de esta pena. Los países donde se aplica todavía deben investigar toda imposición
desproporcionada de la pena de muerte a grupos raciales y declarar la suspensión de las ejecuciones hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

Hay todavía graves discrepancias sobre el modo de tratar el legado de la esclavitud y el colonialismo y la cuestión de la discriminación de los palestinos por Israel. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos para que se ocupen seriamente de buscar una solución a estos
desacuerdos basándose para ello en los derechos humanos, no en la política.

«Es mucho lo que está en juego -ha manifestado Irene Khan-. En todo el mundo, las víctimas y los supervivientes del racismo esperan reconocimiento y un compromiso de acción de la Conferencia. Los gobiernos tienen que escuchar».

Cuestiones relativas a España

El 19 de abril de este año, la Sección española de Amnistia Internacional dirigió una carta a Josep Piqué, Ministro de Asuntos Exteriores, en la que se instaba a que, antes de la Conferencia de Durban, el Gobierno español firmase y posteriormente ratificase, el Protocolo 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Hasta el momento de emitirse este comunicado no habíamos recibido respuesta al respecto.

El 16 de agosto pasado, Amnistía Internacional, al aproximarse la celebración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, emitió un comunicado de prensa en relación a España, haciendo un llamamiento para que se protejan plenamente los derechos de los niños extranjeros indocumentados que se encuentran en el territorio español en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el Norte de Africa. Antes de las últimas expulsiones, la organización envió una carta al gobierno español expresando su preocupación por los informes según los cuales las autoridades de Ceuta y Melilla estaban tratando de que se les eximiera del cumplimiento de la obligación de proteger y cuidar de los menores extranjeros no acompañados y otorgar permisos de residencia, dentro de un plazo de unos meses, a los menores extranjeros a los que no ha sido posible reunificar con sus familias. Las denuncias durante los procesos de expulsión hablan de tratos inhumanos y degradantes, incluidos malos tratos físicos.

Igualmente, en el Informe Anual de la organización y en el Informe “El Racismo y la Administración de Justicia”, Amnistía Internacional ha expresado preocupaciones en relación a España. En el Informe Anual, la organización dio cuenta de actos de violencia racista sin precedentes contra los extranjeros, en su mayoría norte-africanos, en el Ejido (Almería). Se informó sobre un aumento de denuncias de malos tratos racistas a manos de agentes de policía. Amnistía Internacional recogió información sobre condiciones inhumanas y degradantes a inmigrantes indocumentados en los centros de reclusión. También la organización se refirió a la nueva ley de extranjería que entró en vigor y que restringe gravemente los derechos de los inmigrantes indocumentados, impone sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros hasta el territorio español y establece un procedimiento acelerado de expulsión.

Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten el «Centro de documentación» de las páginas web de EDAI.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org.

www.es.amnesty.org