España exporta material de tortura al extranjero mientras el gobierno sigue sin actuar

Amnistía Internacional exige al gobierno español que prohiba la exportación del material de tortura y controle a los intermediarios y transportistas de armas

Mientras los gobiernos continúan de brazos cruzados, los torturadores de todo el mundo se están armando con un equipamiento cada vez más sofisticado y, según un nuevo informe hecho público hoy por Amnistía Internacional, el comercio de este material va en aumento.

En una carta entregada hoy al Secretario de Estado de Comercio, acompañada de grilletes simbólicos "made in Spain", Amnistía Internacional denuncia que tampoco España escapa a tan siniestro comercio. De hecho, el pasado mes de octubre se descubría que la empresa vasca Larrañaga y Elorza podía haber exportado grilletes a Ruanda -país sobre el que pesa un embargo de Naciones Unidas tras el genocidio de 1994- sin la pertinente autorización del gobierno, requisito indispensable según la legislación española.

Según la información facilitada por el propio gobierno, esta empresa no fue sancionada por violar la legislación vigente (Ley de Represión del Contrabando) y únicamente tuvo que inscribirse en el Registro Especial de Exportadores de Material de Defensa y Doble Uso.

Además, investigaciones posteriores han revelado que Larrañaga y Elorza venía exportando habitualmente este tipo de material desde una partida arancelaria muy distinta a la de "Armas y municiones". Productos como los grilletes se "emboscaban" en partidas como candados, cerraduras y cerrojos, metales comunes y otras similares.

Estos grilletes permiten encadenar a las víctimas por los tobillos, encadenarles de las cintura e incluso atarles de pies y manos uniendo esposas y grilletes con una cadena, vulnerando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Detenidos de la ONU que especifican que materiales como los exportados por esta empresa "nunca deberían utilizarse como sanciones o medios de coerción".

A través de este acto público que hoy celebramos, la Sección Española de AI reclama al gobierno español que prohíba el material policial y de seguridad cuyo uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante y que se suspendan las correspondientes transferencias de materiales como los de Larrañaga y Elorza mientras se realice un examen riguroso e independiente de aquellos productos con un riesgo sustancial de abusos o lesiones imprevistas.

En el informe de Amnistía Internacional, titulado Un comercio execrable: el comercio de la tortura, se denuncia que los medios de coerción mecánicos -esposas, grilletes, cadenas, etc- se encuentran entre los dispositivos de seguridad más utilizados y de los que más se abusa. En todas las regiones del mundo se recurre a ellos de forma reiterada para violar los derechos humanos de los presos. Y entre los clientes de Larrañaga y Elorza no sólo figura Ruanda; también forman parte de su cartera países con expedientes tan oscuros de derechos humanos como Israel, Líbano, Emiratos Arabes, EEUU, Yugoslavia, Túnez, Egipto, Venezuela, Ecuador o Brasil.

Es precisamente el secreto y la falta de control de este comercio lo que facilita que grilletes, barras y esposas lleguen a las manos de los torturadores y que éstos los utilicen. El gobierno español se comprometió hace ya cuatro años a informar periódicamente, a través de una partida específica, de las transferencias militares, de seguridad y policiales que se produjeran desde España. Una promesa que, a día de hoy, sigue incumplida.

Amnistía Internacional ha exigido un control parlamentario previo de las exportaciones de armas y ha pedido al gobierno español que informe al Congreso de los Diputados de las armas y el material de seguridad y policial exportados y de sus destinatarios. Igualmente, AI aboga por la introducción de medidas de control de los intermediarios y transportistas de armas en el ámbito de la Unión Europea, a fin de evitar casos como el de Larrañaga y Elorza.

El comercio de material de tortura en el mundo

En el plano internacional, el informe de Amnistía Internacional revela que, a lo largo de los años noventa, aumentó el comercio internacional de porras, escudos, pistolas y cinturones paralizantes de electrochoque de alto voltaje. Es decir, una nueva generación de materiales de tortura mucho más sofisticada que la anterior.

Entre estos nuevos dispositivos figuran las pistolas taser, que disparan ganchos sujetos a un cable a una distancia de hasta 9 metros, y los cinturones de paralización por control remoto utilizados con los presos, que se sabe que pueden activarse accidentalmente y lanzar una descarga de unos 50.000 voltios en los riñones de la víctima por un lapso de hasta ocho segundos. Esta tecnología comenzó a utilizarse en Estados Unidos y se ha extendido a Asia, Europa y Sudáfrica.

"En los años setenta sólo se conocían dos empresas que comerciaban con armas paralizantes de electrochoque de alto voltaje -ha manifestado Brian Wood, uno de los investigadores de Amnistía Internacional que han participado en la elaboración del informe-. Ahora hay más 150 en todo el mundo".

"Ante la falta de medidas estrictas de control para impedir que este material llegue a manos de torturadores, los gobiernos responsables deben prohibir su exportación inmediatamente", ha añadido Wood.

En el informe se expone el caso de Mohammed Naguib Adu Higazi, detenido por los servicios egipcios de información en 1997. Durante su reclusión lo desnudaron y le aplicaron descargas eléctricas con "un palo cilíndrico que tenía una espiral de alambre". A pesar de saber que casos como éste seguían ocurriendo en Egipto, Estados Unidos aprobó exportaciones de porras de electrochoque, pistolas paralizantes y aparatos ópticos de avistamiento a este país por valor de más de 40.000 dólares estadounidenses entre los años 97 y 2000.

El material químico es otra de las estrellas de este comercio, especialmente cuando se trata de controlar multitudes. La empresa británica Pains-Wessex, por ejemplo, fabricó granadas de gas lacrimógeno que se utilizaron contra manifestantes pacíficos, incluidos mujeres y niños, en Zambia en 1997. A pesar de ello, dos años después, el gobierno británico seguía concediendo licencias de exportación de este material a Zambia. Tampoco en Estados Unidos ha dejado la policía de comprar pulverizadores de pimienta -utilizados por primera vez contra manifestantes en Seattle en 1999- a pesar de que se sabe que van asociados a gran número de muertes.

Formación militar y de seguridad

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, las transferencias de conocimientos y técnicas militares, de seguridad y policiales en el ámbito internacional también han servido para practicar torturas. Hablamos, por ejemplo, de la implicación de centenares de graduados en la estadounidense Escuela de las Américas en violaciones de derechos humanos en Sudamérica o la formación en cuestiones de seguridad que ha proporcionado Francia y que en Togo se ha utilizado para intimidar y torturar a la población civil.

"A menos que la formación en materia de seguridad esté sometida a estrictos controles y a vigilancia independiente, siempre se correrá el riesgo de que se utilice para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Es necesario realizar con urgencia cambios concretos en el modo en que los gobiernos autorizan y vigilan la fabricación, transferencia y uso de material y técnicas de seguridad", ha añadido la organización.

En particular, Amnistía Internacional pide a los gobiernos:

1. La prohibición de la fabricación, uso y promoción de material policial y de seguridad cuando dicho uso sea, por su propia naturaleza, cruel, inhumano o degradante. Esta medida incluirá los grilletes con barras, los cinturones paralizantes de electrochoque y los aparatos que, debido a su propia naturaleza, causen dolor, como las esposas dentadas para pulgares.

2. La suspensión del uso de dispositivos de electrochoque, grilletes, esposas para pulgares, planchas de inmovilización, sillas de sujeción y armas de gas y de pimienta hasta que se realice una investigación rigurosa e independiente sobre los efectos de estos aparatos. Asimismo, se suspenderán las transferencias de este tipo de material a otros países hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

3.Garantías de que la formación de personal militar, de seguridad o policial de otros países no incluya la transferencia de técnicas, conocimientos ni tecnologías que puedan servir para practicar torturas.