Oklahoma es el estado que está ejecutando presos a un ritmo más rápido

Amnistía Internacional hace público un nuevo informe sobre la pena de muerte en el estado americano de Oklahoma

El ritmo al que el estado de Oklahoma está ejecutando a presos es el más alto per cápita de Estados Unidos, y supera al de la mayoría de los países, incluidos China e Irán, según ha declarado hoy Amnistía Internacional al hacer público un informe sobre el uso de la pena capital en Oklahoma.

La organización ha dicho: «Aunque Texas ha atraído la atención mundial por su elevadísima cifra de ejecuciones, su vecino de menor tamaño ha dictado condenas de muerte, y las está ejecutando, a un ritmo más rápido».

Al mismo tiempo, Oklahoma está únicamente por detrás de Florida e Illinois en lo que se refiere al número de condenados cuya inocencia se descubre más tarde. Aunque Florida tiene el triple de casos de inocencia que Oklahoma, los dos estados han cometido el mismo índice de errores: una condena errónea por cada aproximadamente 40 sentencias de muerte. Respecto a Illinois, su «vergonzoso» historial de condenas erróneas llevó a su gobernador a dictar una suspensión de las ejecuciones en enero del 2000.

Este mismo mes, Frank Keating, gobernador de Oklahoma, conmutó, a causa de las dudas existentes en torno a su culpabilidad, la condena de muerte de Phillip Smith, un preso que había pasado 16 años condenado a muerte. Fue la primera vez que en el estado se tomaba una decisión semejante en 35 años. El caso de Smith es sólo uno de los muchos que se detallan en el informe de Amnistía Internacional y que muestran la inquietante disposición del estado a utilizar pruebas poco fiables para imponer su castigo irrevocable.

Amnistía Internacional ha declarado: «Durante los dos últimos años, estos casos han dado lugar a un incremento sin precedentes de la preocupación nacional sobre la imparcialidad y la fiabilidad de la pena de muerte. Los legisladores de Oklahoma deben responder a esta preocupación y abandonar esta pena desfasada».

Amnistía Internacional ha enviado su informe de 100 páginas, Old habits die hard: The death penalty in Oklahoma, a todos los miembros de la Cámara de Representantes de Oklahoma, como contribución para que el estado analice su política de recurrir a los homicidios judiciales.

La implacable utilización de la pena de muerte en Oklahoma contrasta bruscamente con la tendencia abolicionista mundial. Además, el estado viola con frecuencia las salvaguardias internacionales relativas al uso de la pena de muerte, por ejemplo ejecutando a deficientes mentales. Sin ir más lejos, las autoridades llevan más de 18 años tratando de ejecutar a Stephen Vann White a pesar de que éste tiene un cociente intelectual de 67 y sufre esquizofrenia. En contra de lo establecido por las normas internacionales, en 1999 Oklahoma se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en ejecutar, en cuatro décadas, a un preso por un delito que había cometido cuando tenía 16 años de edad.

Varias de las personas ejecutadas en Oklahoma contaron con una asistencia letrada inadecuada durante su juicio. El abogado que defendió a Wanda Jean Allen (deficiente mental que, en el 2001, se convirtió en la primera mujer negra ejecutada en Estados Unidos desde 1954) no se había encargado nunca de un caso de pena capital y apenas tenía recursos para preparar la defensa.

Aunque el estado asegura que ahora proporciona más fondos a su sistema de abogados de oficio, sigue impugnando las resoluciones judiciales que confirman que la asistencia letrada fue inadecuada. Por ejemplo, actualmente el estado está recurriendo contra la anulación de la condena de muerte de James Fisher, de cuya asistencia letrada durante el juicio un juez de un tribunal federal de primera instancia dijo que había sido «en la práctica, inexistente». Este juez destacó que el abogado de James Fisher sólo había pronunciado nueve palabras durante la fase de determinación de la pena, cuando debería haber estado luchando por la vida de su cliente.

Amnistía Internacional ha declarado: «El estado debe dejar de recurrir las resoluciones judiciales sobre asistencia letrada inadecuada y demostrar así que se toma en serio su deber de poner fin al escándalo que supone el hecho de que acusados de delitos punibles con la muerte no reciban una defensa adecuada».

Además, el informe de Amnistía Internacional destaca la tendencia de los fiscales de Oklahoma a traspasar los límites de la conducta profesional, por ejemplo defendiendo la utilización de la pena de muerte contra menores de tan sólo 15 años y pidiendo que se aplique, animando a los jurados a dictar condenas de muerte por venganza o sugiriendo a los miembros del jurado que Dios y la Biblia apoyan la pena capital. Ante esta situación, la organización considera que la conducta indebida de los fiscales pone en grave peligro el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha dicho: «Mientras gran parte del resto del mundo avanza hacia unos niveles de justicia más elevados, Oklahoma sigue anclado en el pasado. Ya es hora de que este estado se una al mundo moderno y reconozca finalmente que es imposible eliminar de la pena de muerte su arbitrariedad, su efecto embrutecedor, su crueldad y sus posibilidades de dar lugar a que se cometa un error fatal».