Amnistía
Internacional
Comunicado de prensa
Fecha:
25 de septiembre
de 2001 |
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La
Unión Europea sólo concedió el estatuto de
refugiado al 39% de los afganos que lo solicitaron
entre 1989 y 1998
Amnistía
Internacional, alarmada por las propuestas europeas en materia de
asilo que se debatirán en la Cumbre de Justicia e Interior esta
semana
Madrid.-
Según los datos de ACNUR, entre 1989
y 1998 se registraron 99.350 de peticiones
de asilo por parte de solicitantes de Afganistán
en países europeos, pero sólo
se concedió estatuto de refugiado
a 39.436. Alemania y Holanda recibieron la
mayoría de peticiones.
En
un momento en el que decenas de miles de
afganos están intentando huir de su
país por miedo a convertirse en las
víctimas de un posible conflicto bélico,
los países europeos no pueden seguir
dándoles la espalda. Si bien es cierto
que tanto Paquistán como Irán
han cerrado sus fronteras para impedir la
entrada de población afgana, también
lo es que Europa lleva años tomando
medidas que hacen prácticamente imposible
que los refugiados afganos entren en los
países de la Unión y otros
del norte del continente, denegando además
protección a muchos de los que presentan
peticiones válidas de asilo.
Y
lo que es peor, las medidas para obstaculizar
el derecho al asilo siguen promoviéndose
y estarán sobre la mesa en la próxima
cumbre de Justicia e Interior. Allí
se discutirán propuestas como no garantizar
a los solicitantes de asilo la estancia en
el país en el que han cursado su petición
mientras esperan que ésta se resuelva.
Ya
en 1998, cuando el Consejo de la Unión
Europea elaboró un Plan de Acción
sobre Afganistán, Amnistía
Internacional observó que el análisis
que hacía de la situación de
los derechos humanos en el país era
tan optimista como limitado. Además,
la organización alertó de que
las necesidades de protección de los
refugiados corrían el riesgo de ser
ignoradas y recordó a los estados
miembros de la UE su obligación de
garantizar el derecho a acceder y obtener
asilo, en virtud del derecho internacional.
Amnistía
Internacional considera que si a los países
de la UE les preocupa realmente la precaria
situación de la población civil
afgana, deben comenzar por acoger y proteger
a quienes huyan de ese país y deseen
solicitar asilo en Europa. La protección
de los refugiados es responsabilidad de toda
la comunidad internacional y no puede caer
de forma desproporcionada sobre un único
país debido a su situación
geográfica, aunque también
Paquistán e Irán deberían
mantener sus fronteras abiertas a los refugiados
afganos que tratan de salir de su país.
Es
necesario que el ACNUR cuente con los recursos
necesarios para poder llevar a cabo su mandato
de forma efectiva, y para eso necesita la
colaboración de todos los estados.
En este sentido, la Sección Española
de AI ha dirigido una carta a José
María Aznar en la que se le pregunta
cuál va a ser la aportación
de nuestro país a este organismo.
Pedimos también al gobierno español
que actúe para asegurar que los países
europeos dotan de recursos suficientes a
estos países vecinos de Afganistán,
ante la hambruna que parece avecinarse.
Estas
preocupaciones están recogidas en
un nuevo informe titulado "La crisis
del sistema de asilo: un reto para la Unión
Europea en el terreno de los derechos humanos",
que argumenta por qué la protección
de los refugiados es el punto negro en la
política de derechos humanos de la
Unión Europea. Este informe marca
también el principio de una campaña
de información de Amnistía
Internacional en toda Europa, con la que
se busca explicar los peligros de la actual
retórica "anti asilo".
"AI
está enormemente preocupada por el
hecho de que el acento de la política
de asilo de la UE esté puesto, sobre
todo, en cómo mantener a la gente
alejada en vez de en cómo proteger
a quienes huyen de la guerra y de las violaciones
de derechos humanos", afirmó
Eva Suárez-Llanos, presidenta de Amnistía
Internacional en España.
Información de contexto
Dos
décadas de guerra civil y graves abusos
a los derechos humanos han forzado a millones
de hombres, mujeres y niños a abandonar
sus hogares y buscar refugio en otras partes,
tanto en el interior como fuera de Afganistán.
Cientos de miles han resultado muertos o
heridos por ataques indiscriminados. Cientos
de personas han sufrido arrestos arbitrarios,
han sido víctimas de tortura, violación,
desaparición o asesinados por su afiliación
política, por su identidad étnica,
por razones de género o en el contexto
de represalias por parte de los diversos
grupos armados. Los talibán, quienes
actualmente controlan el noventa por ciento
del territorio afgano, continúan imponiendo
durísimas restricciones sobre conductas
y comportamientos estrictamente personales
como medio de aplicar su particular interpretación
de la ley islámica. A las mujeres
se les sigue negando el acceso a la educación,
al empleo, a la atención médica
y a la libertad de circulación, y
son víctimas de intimidación
y represión diarias. Numerosa personas
han sido condenadas a penas severísimas,
como la amputación o la flagelación.
En el 2000, al menos 15 personas fueron ejecutadas
en público, entre ellas una mujer
a la que se dio muerte por lapidación.
Los talibán han usado el desplazamiento
forzado de población civil para hacerse
con el control del territorio en zonas del
norte de Kabul, generando así una
gravísima crisis humanitaria. A lo
largo del año 2000, Irán, Paquistán
y Tayikistán cerraron sus fronteras
a decenas de miles de refugiados afganos.
Hacia
1998 más de una quinta parte de la
población de Afganistán se
encontraba buscando seguridad fuera de su
país de origen, principalmente en
los países vecinos Irán y Paquistán.
Sin embargo, respecto de estos países,
Amnistía Internacional ha venido expresado
serias preocupaciones, entre ellas por el
riesgo de devolución, repatriación
forzada y por el incumplimiento del deber
de protección hacia los refugiados.
En Paquistán, ello se ha expresado
en una manifiesta impunidad ante los abusos
perpetrados contra personas refugiadas por
acción de grupos radicales islámicos.
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Si
desean más información, pónganse en contacto
con la oficina de prensa de Amnistía Internacional,
en el número 91 310 12 77, ext. 25.
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