Argentina: Poner punto final a 25 años de impunidad

Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los gobiernos militares se han mantenido como llagas abiertas en la sociedad y por un cuarto de siglo han impedido la reconciliación en la República Argentina, declaró hoy Amnistía Internacional al cumplirse los 25 años del golpe militar en el país.

"Este aniversario, con todo el peso de su herencia funesta, es un recordatorio más de la urgente necesidad de que el gobierno argentino adopte medidas concretas que marquen el principio de una nueva era en materia de respeto hacia los derechos humanos," continuó la organización.

Haciendo referencia a la reciente resolución judicial del juez Gabriel Cavallo al considerar inconstitucionales y nulas las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Amnistía Internacional destacó que este "debe ser un punto de partida para alcanzar la justicia y la verdad buscadas durante 25 años por los familiares y las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares."

"La obligación del poder judicial de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos del pasado, consideradas como crímenes de lesa humanidad, se hace más perentoria ante la oportunidad brindada por esa reciente decisión judicial," comentó la organización.

Amnistía Internacional espera que el gobierno del Presidente Fernando de la Rúa, apoyando este importante paso judicial impulse la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Argentino.

La organización hace énfasis en que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos han señalado que las amnistías y demás medidas destinadas a dejar sin castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados.

Información General:

La decisión del juez Cavallo anunciada en su resolución del 6 de marzo responde a la querella criminal presentada en octubre de 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el caso de desaparición forzada de José Liborio Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y su hija Claudia Victoria, ocurrido en 1978. Claudia Victoria Poblete ha sido localizada, pero sus padres continúan desaparecidos.

Siete años de severa represión, iniciada con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, dejaron en Argentina un saldo de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas las víctimas de la práctica sistematizada de la tortura, de ejecuciones extrajudiciales y de «desapariciones».

Al retorno del gobierno civil en 1983 se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. En su informe, Nunca Más, publicado en noviembre de 1984, la CONADEP catalogó 8.960 casos de «desapariciones», señalando que la cifra verdadera podría ser mayor aún. La Comisión enumeró 340 centros clandestinos de secuestro en Argentina y concluyó que las fuerzas armadas habían violado los derechos humanos de forma organizada, sirviéndose del aparato del Estado. Asimismo la Comisión rechazó las aseveraciones de que las torturas y desapariciones forzadas eran excesos excepcionales. La mayoría de las «desapariciones» en Argentina continúan sin esclarecerse, la suerte de las víctimas no se ha establecido y los culpables gozan de libertad.

Con la restauración del orden institucional en 1983 se ordenó el enjuiciamiento de los nueve comandantes de las juntas militares que rigieron Argentina durante el régimen de facto y de los demás militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Nueve comandantes militares fueron procesados, y cinco fueron condenados a prisión en 1985. El Fiscal que condujo la acusación contra los Comandantes de las Juntas Militares, Dr. Julio Strassera, concluyó al final del juicio, que los actos cometidos por las Fuerzas Armadas argentinas deberían incluirse en la categoría de los crímenes contra la humanidad y calificó de «terrorismo de Estado» los años vividos bajo el régimen de facto.

Sin embargo la necesidad de justicia de la sociedad argentina fue frustrada cuando, en 1986 y 1987, el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín expidió las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida respectivamente. Posteriormente, el gobierno del Presidente Carlos Menem expidió un indulto en favor de militares implicados en violaciones de derechos humanos.

El derecho internacional impone al Estado varias obligaciones en materia de derechos humanos: una de ellas, es el deber de garantizar la vigencia de los derechos humanos, entre otras investigando las violaciones, enjuiciando y sancionando a los autores, reparando a las víctimas y estableciendo la verdad de lo sucedido.