Si hay racismo, no puede haber justicia

Amnistía Internacional presenta su nuevo informe.

«El racismo es un flagrante atentado contra la propia noción de derechos humanos básicos: la idea de que éstos pertenecen por igual a todas las personas. Los sistemas de justicia deben desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el racismo, pero con demasiada frecuencia acaban perpetuándolo, al convertirse en reflejo de los prejuicios de sus sociedades», ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de su nuevo informe, El racismo y la administración de justicia.

El informe es una contribución a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de las Naciones Unidas, que se celebrará en Durban, Sudáfrica, del 30 de agosto al 7 de septiembre del 2001.

«El racismo es una lacra de la humanidad que está presente prácticamente en todos los países del mundo. Los gobiernos deben tomar medidas preventivas para evitarlo y garantizar que la administración de justicia se basa en que los derechos humanos son de todos», ha señalado Amnistía Internacional.

Cuando el racismo no se controla puede originar tragedias de gran magnitud. El mundo asistió horrorizado a la matanza de hasta un millón de personas en sólo 13 semanas en Ruanda en 1994. La mayoría de las víctimas pertenecían al grupo étnico tutsi.

Pero lo que casi nunca ocupa los titulares de los medios de comunicación son los abusos que se cometen diariamente en la administración de justicia y cuya causa es, parcial o totalmente, el racismo. En la mayoría de los países, el racismo sólo puede detectarse observando las estadísticas de detenciones, fallos condenatorios y sentencias en relación con la raza del acusado, la víctima o los administradores de justicia.

En Estados Unidos, los estudios han mostrado una y otra vez que la raza, especialmente la de las víctimas de asesinato, es un factor clave a la hora de determinar quién es condenado a muerte. El número de víctimas de asesinato de raza negra es prácticamente igual al de raza blanca, pero más del 80 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 fueron condenados por el asesinato de un blanco.

La policía y el poder judicial están implicados en lo que se conoce como el apartheid oculto de la India. Más de 160 millones de dalit -los antes llamados «intocables»- están expuestos por su casta a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, la mayoría de los cuales no se investigan y quedan impunes.

En una conferencia celebrada el año pasado, un anciano dalit rememoró cómo su esposa, su hija y sus dos hijos habían sido quemados vivos junto con otras tres personas cuando miembros de una casta superior hindú prendieron fuego a tres cabañas de familias dalit. Su primogénito, el primer licenciado universitario del pueblo, había sido asesinado dos años antes, también a manos de miembros de una casta hindú. Todos los dalit del pueblo habían huido, y ninguno quería regresar porque pensaban que la policía no los protegería.

«En todo el mundo hay una relación manifiesta entre el racismo y la brutalidad de los funcionarios públicos. En muchos países, las minorías étnicas sufren a menudo hostigamiento, malos tratos y torturas a manos de la policía, y luego juicios sin garantías, sentencias discriminatorias y duras condenas, entre ellas la pena de muerte», afirma Amnistía Internacional.

Las minorías étnicas tienen más probabilidades de sufrir discriminación vivan donde vivan. En el Reino Unido se ha demostrado que, en ocasiones, la policía no actúa ante las agresiones racistas. En Turquía, las leyes no reconocen a la comunidad kurda y hablar públicamente del «pueblo kurdo» puede suponer la cárcel. En toda Europa, los romaníes a menudo se consideran delincuentes y son sometidos a palizas.

Se calcula que unos 300 millones de indígenas siguen sufriendo discriminación en casi todos los aspectos de su vida, y muchos son víctimas de otros graves abusos contra los derechos humanos. La falta de protección estatal incrementa su vulnerabilidad.

En Honduras, durante los últimos años la policía ha hostigado a los indígenas que han decidido proteger sus derechos. El gobierno ha firmado varios acuerdos con líderes indígenas, pero la protección sigue siendo inadecuada. Durante la última década, han muerto unos 25 líderes comunitarios indígenas que luchaban por sus derechos.

En Australia, los aborígenes continúan sufriendo retraso económico, desintegración social y discriminación sistémica. En 1997, una mujer aborigen dijo a unos agentes de policía en el Territorio del Norte que la habían violado dos hombres. Los agentes la detuvieron porque había una orden de búsqueda pendiente contra ella por no haber comparecido ante un tribunal por un cargo de menor importancia. Aunque un médico confirmó que había sido víctima de una violación, la llevaron al tribunal en medio de la lluvia, encerrada en una jaula descubierta situada en la parte de atrás de una furgoneta policial. Según los informes, los policías justificaron el trato que le dieron alegando que estuvo mejor atendida que en su «primitiva» casa comunitaria aborigen.

En todo el mundo, los extranjeros, incluidos los trabajadores migratorias y los solicitantes de asilo, viven en entornos xenofóbicos, a veces promovidos por las autoridades y que casi siempre se ven reflejados en la administración de justicia. Cada vez es más frecuente la detención de los solicitantes de asilo durante meses e incluso años mientras se examinan sus peticiones de protección.

En diciembre del 2000, un ciudadano iraquí de 31 años se suicidó en el campo de refugiados de Al Rafha, situado en el desierto septentrional de Arabia Saudí, donde vivía desde principios de los años 90. En el campo había otros 5.000 refugiados que vivían en las mismas condiciones desde el final de la Guerra del Golfo.

Desde el principio, las autoridades saudíes se refirieron a ellos como «invitados», negándose a considerarlos refugiados aunque la Constitución del país establece: «El Estado concederá asilo político si así lo exige el interés público[...]». La mayoría de los 33.000 hombres, mujeres y niños que inicialmente vivían en el campo han sido reasentados por las Naciones Unidas.

El informe de Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que adopten planes nacionales de actuación para combatir el racismo y que incluyan en ellos medidas concretas relativas a la administración de justicia. El informe formula varias recomendaciones, como asegurarse de que las leyes nacionales prohíben cualquier forma de discriminación, investigar las denuncias de abusos racistas a manos de funcionarios pertenecientes a la administración de justicia y garantizar que la policía actúa de forma no discriminatoria.

«Sin embargo, el racismo no existe sólo en la institución del Estado, sino que puede encontrarse en cualquier ámbito de la sociedad civil. La responsabilidad de combatirlo, por tanto, alcanza a todos los ciudadanos.»

Amnistía Internacional presenta su informe en un momento en que aumenta la preocupación de que las disputas políticas puedan hacer fracasar la Conferencia Mundial contra el Racismo. Gran parte de los preparativos de la conferencia han fracasado al no poder llegarse a un acuerdo sobre la forma de tratar el legado de la esclavitud y el colonialismo, y se ha prestado poca atención a la necesidad de resolver las diversas y extendidas formas de racismo contemporáneo.

«El mundo debe reconocer los errores del pasado para comprender mejor el presente y avanzar hacia un futuro libre de la lacra del racismo», ha afirmado Amnistía Internacional. «Los gobiernos no deben permitir que la Conferencia Mundial fracase. Es una oportunidad demasiado importante para lograr un gran avance contra el racismo y llevar la esperanza a innumerables personas en todo el mundo».

Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten el «Centro de documentación» de las páginas web de EDAI.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org.