Amnistía Internacional pide al gobierno español un pronunciamiento contra el envío de ayuda militar a Colombia

La persistencia de los grupos paramilitares y la impunidad de los violadores de derechos humanos, puntos negros del gobierno Pastrana

Madrid.- En el marco de la visita del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, a España, Amnistía Internacional se ha dirigido al presidente del gobierno español para solicitarle una intervención más decidida en la gravísima situación de los derechos humanos en el país latinoamericano.

Las autoridades españolas, dada la histórica relación de nuestro país con Colombia, desempeñan un papel clave en el proceso de paz colombiano.

Por ese motivo, Amnistía Internacional solicita a Jose María Aznar que aproveche la actual visita del Sr. Pastrana para manifestarle su preocupación por el hecho de que el gobierno colombiano no haya puesto en práctica de forma satisfactoria las recomendaciones de la ONU, especialmente las relativas al desmantelamiento de los grupos paramilitares, el fin a la impunidad y la protección a los defensores de derechos humanos y otros sectores amenazados.

Amnistía Internacional considera que la única manera de dejar de alimentar la crisis de derechos humanos en Colombia es deteniendo de inmediato la llegada de ayuda militar al país. Bajo ningún concepto debe seguir enviándose ayuda militar, de forma incondicional y con poco control del uso final, cuando el gobierno colombiano ha adoptado legislación que facilita aún más la impunidad, como es el caso de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, en la cual se da a las Fuerzas Armadas poderes judiciales en algunas circunstancias.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Amnistía Internacional hacemos un llamamiento al Gobierno español para que:

• reconsidere su apoyo al Plan Colombia, y se distancie públicamente de la aportación militar que Estados Unidos da en el marco de dicho Plan, puesto que en opinión de la organización, éste no hará sino agravar el conflicto y la situación de los derechos humanos.
• dirija la aportación española a Colombia exclusivamente a la promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo el gobierno español debe asegurarse que las ayudas no se desvíen de tal manera que provoquen una escalada del conflicto.

Dado el apoyo que España está dando al proceso de paz, AI pide al gobierno español que promueva un acuerdo humanitario entre las partes en conflicto, instándoles a respetar los derechos humanos y a poner plenamente en práctica las recomendaciones de la ONU. No podemos olvidar que la Presidencia española de la UE se acerca, por lo que es un muy buen momento para que España de un impulso al trabajo de la UE hacia Colombia.

Sigue pendiente además la posible extradición del Carlos Arturo Marulanda Ramírez, detenido en Madrid el 16 de julio de 2001, acusado de estar implicado en el desalojo violento de 280 familias de campesinos en la Hacienda Bellacruz, por parte de un grupo paramilitar en 1996. Insistimos en nuestra solicitud al Gobierno español de que tramite diligentemente las comunicaciones entre los órganos judiciales españoles y sus contrapartes colombianas y llegado el momento facilite la extradición de esta persona.

Información adicional

En los últimos días se han registrado dos nuevas masacres con el resultado de 28 personas asesinadas en el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Magdalena, por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. También Yolanda Cerón, Directora del equipo de derechos humanos de la Pastoral Social de Tumaco, fue asesinada el 20 de septiembre. Este asesinato no fue un hecho aislado sino parte de la estrategia paramilitar de acabar con la base social. Pocos días después, Consuelo Araújo Noguera, esposa del Procurador General de la Nación, fue secuestrada y asesinada, al Parecer por las FARC.

Estos son ejemplos claros de cómo, en el contexto del largo conflicto interno colombiano, todas las partes han demostrado una constante violación del derecho internacional humanitario. Las Fuerzas de Seguridad y sus aliados paramilitares están llevando a cabo una estrategia de contrainsurgencia caracterizada por acusar a los civiles de las zonas en conflicto de ser simpatizantes de la guerrilla, para convertirlos después en víctimas de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y otras violaciones de derechos humanos. Las FARC y el ELN también son responsables de numerosos y arbitrarios asesinatos, así como de amenazas a todos aquellos que consideran colaboradores de sus enemigos. Asimismo son responsables del 57% de los casi 3000 casos estimados de secuestro que se pueden contabilizar a lo largo de un año en el país.

Si desean más información, contacten con el gabinete de prensa en el 91 310 12 77