China

Tortura extensiva: de policías a recaudadores de impuestos pasando por funcionarios encargados del control de la natalidad

En mayo de 1998, funcionarios comarcales encargados del control de la natalidad atraparon a Zhou Jiangxiong: lo colgaron boca abajo, lo azotaron y golpearon repetidas veces con palos, lo quemaron con cigarrillos, lo marcaron con hierro candente y le arrancaron los genitales.

A este campesino de la provincia de Hunan de 30 años de edad lo torturaron hasta matarlo para obligarlo a revelar el paradero de su esposa, supuestamente embarazada sin permiso.

En el último informe que sobre la tortura en China ha publicado hoy Amnistía Internacional se asegura, entre otras muchas cosas, que lo malo de este suceso es que no se trata de un incidente aislado, pues cada año mueren multitud de personas en China a causa de la tortura, práctica que en ese país es sistemática y generalizada y que se inflige en casi todas las instituciones del Estado, desde comisarías de policía a campos de «reeducación por el trabajo», pasando por los propios hogares, lugares de trabajo e incluso en público. Cualquiera, además, puede ser víctima de tortura: presuntos delincuentes, disidentes políticos, trabajadores o simples viandantes y también funcionarios.

La organización ha declarado: «Pese a que el gobierno ha manifestado su compromiso de combatir la tortura, rara vez se salda una investigación con el procesamiento del torturador y los investigadores no dudan en aceptar sin rechistar la versión oficial».

Tal compromiso, por otra parte, queda desautorizado por las propias directivas gubernamentales que se cursan durante las campañas periódicas de «mano dura» contra el crimen y de represión política, como las emprendidas contra Falun Gong y los presuntos «separatistas» de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. En tales circunstancias, a los funcionarios se les da carta blanca para recurrir a cualquier medio que estimen oportuno para conseguir resultados rápidos.

Se cita cada vez más a una variedad más amplia de funcionarios del Estado como torturadores: recaudadores de impuestos y cobradores de multas, jueces, fiscales, secretarios judiciales, dirigentes municipales y políticos y todo tipo de agentes de seguridad.

En el año 2000, medios periodísticos de Shenzen sacaron a la luz una serie de casos en los que agentes de seguridad que trabajaban en negocios locales habían golpeado, torturado e incluso matado a clientes que se habían quejado por los precios o que eran sospechosos de hurto.

La policía tortura a muchas mujeres, a las que acusa de prostitución, entre otras cosas violándolas y abusando sexualmente de ellas. La policía está facultada para multar instantáneamente a presuntas prostitutas y enviarlas a ellas y a sus presuntos clientes por periodos de hasta dos años a centros de detención para su «custodia y educación». El resultado de esta práctica policial de detención y tortura de mujeres es la obtención de listas de presuntos clientes para someterlos a chantaje. Muchas presuntas prostitutas y sus clientes han muerto bajo tortura.

Corren también el riesgo de ser torturados quienes puedan parecer «vagabundos»: En julio de 1999 viajó a Cantón por motivos de trabajo una mujer a la que, nada más llegar, le robaron el equipaje. La policía la detuvo tomándola por una vagabunda mentalmente enferma. La violaron en grupo en un hospital para vagabundos enfermos, discapacitados y enfermos mentales. Su familia hubo de pagar «honorarios de tratamiento» para lograr su liberación de aquel lugar. Posteriormente la mujer logró identificar a 8-9 sospechosos y presentó varias denuncias formales y solicitudes de indemnización por lo que le habían hecho. Las investigaciones, sin embargo, quedaron paralizadas hasta que la prensa dio a conocer lo sucedido a la opinión pública.

La tortura de disidentes políticos sigue siendo práctica común en China. Son muy pocos los presos políticos encarcelados en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y en el Tibet que escapan a la tortura. En julio de 1999, Zulikar Memet, de origen étnico uigur, negó los cargos de actividad separatista que contra él se habían formulado afirmando que lo habían torturado para que «confesara» y mostrando al tribunal que lo juzgaba las marcas que aún tenía de tortura, entre otras las uñas que le faltaban en los dedos y que le habían extraído. No hubo investigación. Según los informes disponibles, Zulikar Memet fue ejecutado el 14 de junio del año 2000.

Para acabar con los disidentes se recurre también a su internamiento en centros de salud mental, obviamente no por motivos psiquiátricos. Xue Jifeng, activista sindical de la provincia de Henan, estuvo internado a la fuerza entre el mes de diciembre de 1999 y el mes de junio del 2000 en el Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de Sin-kiang, donde lo obligaron a ingerir drogas. No lo dejaron salir hasta que se comprometió a dejar de participar en política y de «ocuparse de los asuntos de los demás».

Los medios de comunicación chinos han venido desempeñando últimamente una importante función en la denuncia de casos de estas características y en el fomento de un creciente debate sobre el abuso de poder por parte de la policía, sobre los vacíos legales existentes en la legislación ante los que quedan desprotegidos los ciudadanos, y sobre los horrores de ciertos tipos de detención. De todos modos, no se atreven a informar sobre denuncias de tortura relacionadas con casos «políticos».

Amnistía Internacional ha manifestado: «La tortura sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación que suscita China en materia de derechos humanos. Se amplía la variedad de funcionarios del Estado que recurren a ella, como también el círculo de las víctimas potenciales. El gobierno ha reconocido durante muchos años que la tortura es un problema grave que tiene el país, pero poco o nada ha sido lo que ha hecho para solucionarlo. Es hora ya de que actúe de verdad».

En el informe se formulan varias recomendaciones al gobierno, entre las que figuran las siguientes: Aplicación de una política de tolerancia cero a la tortura; exclusión en todo proceso judicial de toda prueba que se haya extraído bajo tortura; cese de las detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación; garantizar a los detenidos acceso a abogados, familiares y tratamiento médico; y constitución de un mecanismo de denuncia efectivo.

Si desean más información, visiten la Campaña contra la Tortura de Amnistía Internacional en este mismo sitio o el sitio web www.stoptorture.org (en inglés).