Amnistía Internacional presenta un nuevo informe sobre la tortura en México

México, ¿puerta de entrada también para los derechos humanos?

Madrid.- A pocos días de finalizar el encuentro entre los presidentes de los gobiernos español y mexicano, Amnistía Internacional se pregunta si las "puertas abiertas" en las relaciones comerciales a las que se ha referido Vicente Fox lo estarán también a los derechos humanos.

México es uno de los primeros países extranjeros que visita José María Aznar desde que la Sección Española de AI publicara su Informe Anual de Política Exterior, en el que se hacían una serie de recomendaciones al gobierno español con respecto a sus relaciones con este país. Cabe recordar que México firmó en julio de 2000 un acuerdo de libre comercio con los miembros de la Unión Europea que incluye una claúsula democrática referida a la situación de los derechos humanos en el país.

Sabemos que el presidente Aznar ha viajado acompañado de una nutrida representación empresarial, pero nos gustaría saber también si ha encontrado tiempo para reunirse con las organizaciones locales de derechos humanos y si ha transmitido a Fox la necesidad de que se investiguen todas las denuncias de torturas registradas en su país.

Estas investigaciones se hacen aún más necesarias a la vista de un nuevo informe hecho público hoy Amnistía Internacional en el que se documenta la persistencia de la tortura de forma generalizada en el país. El informe lleva por título «México: Justicia traicionada. La tortura en el sistema judicial».

En él, la organización de derechos humanos afirma que el gobierno del presidente Fox debe tomar medidas concretas para lograr el éxito donde anteriores gobiernos han fracasado siempre: erradicar la tortura en México.

«Para que México abra un nuevo capítulo y por fin se libre de la vergüenza de la tortura es necesario realizar una reforma radical del sistema judicial y fomentar entre sus miembros una cultura que rechace y castigue el uso de la tortura y los malos tratos como métodos de investigación», añadió la organización.

Durante una visita oficial a México en marzo del 2001, Amnistía Internacional presentó al presidente Vicente Fox varios casos no resueltos de tortura y malos tratos. «Cuatro meses más tarde -afirma la organización- aún no hemos visto que se hayan realizado avances en ninguno de los casos.» «Y lo que es peor, hay indicios de que se sigue utilizando la tortura para conseguir confesiones y garantizar condenas en el marco de unos servicios de investigación criminal y peritaje ineficaces y poco desarrollados.»

Un caso reciente y muy representativo fue el de tres jóvenes del estado de Chiapas que afirmaron haber sido torturados por la policía para que se confesaran autores de un delito. Los agentes les dieron culatazos, los golpearon con palos, y a uno de ellos le metieron la cabeza en una bolsa de plástico y le quemaron la muñeca izquierda. Sin embargo, su denuncia se desestimó y no se incluyó en el sumario.

Actualmente la carga de la prueba recae sobre la víctima en los casos de presuntas torturas, pero incluso en las ocasiones en que se presentan a los jueces convincentes pruebas periciales de tortura, éstos nunca ordenan investigar las denuncias.

«Hay cientos de casos de tortura sin resolver que constituyen alarmantes ejemplos de cómo el poder judicial ha contribuido a perpetuar la práctica de la tortura al aceptar automáticamente pruebas conseguidas bajo coacción sin hacer caso de las denuncias de las víctimas», ha manifestado Amnistía Internacional.

En 1993, Alfonso Martín del Campo Dodd fue condenado a 50 años de cárcel por asesinato. La condena se basó en una confesión que el acusado firmó tras haber sido torturado por unos 10 agentes de policía. Los informes médicos demostraban que sufrió lesiones durante el interrogatorio, y el agente al mando confirmó que a Alfonso Martín del Campo lo obligaron a desnudarse, lo amenazaron, lo golpearon por todo el cuerpo y le metieron la cabeza en una bolsa de plástico. Sin embargo, no bastó con esto para poner en duda su «confesión». El policía responsable del interrogatorio fue despedido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años, pero no se le imputaron cargos penales en relación con las denuncias de tortura.

«Casos como éste ponen de manifiesto la necesidad de realizar cambios radicales en el funcionamiento del sistema judicial, así como de tomar medidas firmes para terminar con la impunidad generalizada que casi invariablemente protege a los torturadores», señaló Amnistía Internacional, subrayando que son raras las denuncias de tortura que se investigan de forma adecuada, y que los responsables están prácticamente seguros de que nunca se tendrán que enfrentar a la justicia.

«Uno de los factores que contribuye a la impunidad es el hecho de que los miembros del ejército implicados en actos de tortura son investigados por tribunales militares», añadió la organización. «Todos los casos de tortura deben ser juzgados por tribunales civiles, independientemente de que las víctimas sean militares o civiles.»

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex