Ataques racistas y oportunismo para reprimir las libertades civiles son algunas de las consecuencias
La reacción: Los derechos humanos en peligro en todo el mundo tras los atentados del 11 de septiembre
Tras los atentados perpetrados contra Estados Unidos el 11 de septiembre, es preciso que la conmoción y la rabia por el terrible número de muertos no se utilicen para justificar medidas que puedan dar lugar a nuevos abusos contra los derechos humanos, según ha advertido hoy Amnistía Internacional.
En un informe hecho público hoy, Amnistía Internacional documenta la adversa reacción que se ha registrado en al menos una decena de países contra los musulmanes y personas de origen o aspecto árabe o asiático. El informe subraya también los primeros indicios inquietantes de que la "lucha contra el terrorismo" puede ser utilizada de forma oportunista para reprimir las libertades civiles y los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha declarado: "El horror por los atentados del 11 de septiembre no debe traducirse en que otras comunidades del mundo se conviertan en víctimas en nombre de la "lucha contra el terrorismo"".
En Europa y en otros lugares, los gobiernos se están apresurando a introducir como prioridad en sus programas políticos leyes que amenazan con restringir las libertades civiles y posiblemente reducir las salvaguardias frente a los abusos contra los derechos humanos. En algunos países se están debatiendo medidas drásticas contra los inmigrantes ilegales, medidas que amenazan con minar los derechos de los solicitantes de asilo.
En lo que parece ser una oleada de delitos por odio racial directamente vinculada a los atentados de Nueva York y Washington, hombres y mujeres de todas las edades han sufrido abusos e incluso agresiones graves en las calles, las escuelas y los lugares de trabajo exclusivamente a causa de su identidad o su presunta identidad religiosa o nacional.
A pesar de los llamamientos a la tolerancia y a la moderación realizados por las autoridades, en la semana posterior a los atentados se denunciaron, únicamente en Estados Unidos, más de 540 agresiones contra ciudadanos estadounidenses de origen árabe, y al menos 200 contra sijs. Mezquitas, templos hindúes y centros comunitarios han sido atacados y destrozados en países tan diversos como Polonia, India, Reino Unido y Dinamarca.
En países como Perú y Paraguay, musulmanes e individuos de origen árabe han sido detenidos como sospechosos de estar relacionados con organizaciones "terroristas", entre el temor de que puedan ser víctimas de detenciones arbitrarias y malos tratos.
Amnistía Internacional teme que muchas personas de Afganistán puedan correr un mayor peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos, y ha subrayado que las personas de etnia diferente a la pashto que viven en las zonas controladas por los talibán son especialmente vulnerables, ya que pueden ser erróneamente consideradas simpatizantes de la Alianza del Norte.
Amnistía Internacional ha declarado: "Es una triste ironía que, tan sólo unas semanas después de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, muchas comunidades del mundo entero estén sufriendo un agudizamiento de la discriminación y los abusos racistas".
"También existe el peligro de que, mientras el mundo centra su atención en otras cuestiones, los gobiernos intensifiquen su represión contra quienes se le oponen", ha advertido Amnistía Internacional. "Mientras el mundo mira hacia otro lado, puede recurrirse a los abusos y la represión sin temor a reproches."
Cuando, dos días después del atentado, más de una decena de palestinos, incluida una niña de 14 años, murieron a manos de las fuerzas de seguridad israelíes sin que los medios de comunicación internacionales les prestaran apenas atención, el ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben Eliezar, dijo en una entrevista a la prensa: "Es un hecho que hemos matado a 14 palestinos [...] y el mundo ha guardado un silencio absoluto. Es un desastre para Arafat".
Las declaraciones oficiales realizadas por China han despertado el temor por la posibilidad de que las autoridades utilicen los sucesos del 11 de septiembre para endurecer aún más su férrea represión contra los grupos étnicos musulmanes de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste del país, a los que acusan de ser "separatistas", "terroristas" o "extremistas religiosos". De igual modo, existe preocupación por la posibilidad de que el gobierno uzbeco pueda aprovechar la atmósfera actual para reprimir con mayor impunidad cualquier manifestación de la presunta oposición islámica.
Ante estas inquietantes tendencias, Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que intensifiquen las garantías para que se respetan por igual los derechos de todas las personas, sean ciudadanas de su país o no, y a que transmitan un mensaje que indique claramente que no se tolerarán la violencia racista y las amenazas.
En particular, la organización pide a los gobiernos que garanticen que:
- en la respuesta a los atentados del 11 de septiembre se respetan los derechos de todas las personas y toda nueva legislación que se apruebe en respuesta a estos atentados contiene disposiciones relativas al respeto de los derechos humanos;
- se protegen los derechos de los solicitantes de asilo y todos los solicitantes de asilo tienen acceso a un proceso justo y satisfactorio de evaluación de su solicitud;
- nadie es devuelto a un país donde pueda ser víctima de violaciones graves de derechos humanos;
- se denuncian los delitos motivados por el odio y se procesa a los responsables de cometerlos.
La organización de derechos humanos ha declarado: "Aunque Amnistía Internacional reconoce el derecho -y, de hecho, el deber- de todos los gobiernos de adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos, es esencial que esas medidas no den lugar a violaciones de derechos humanos".
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional, en el número 91 310 12 77.
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