Cumbre del G8: Amnistía Internacional pide que se nombre una comisión de investigación

La organización ha escrito a Berlusconi pidiéndole que colabore en el esclarecimiento de los hechos.

Teniendo en cuenta los constantes informes y denuncias sobre violaciones de derechos humanos perpetradas durante las operaciones policiales relacionadas con la cumbre del G8 en Génova, la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de prisiones italianos implicados debe ser investigada exhaustivamente por una comisión independiente de investigación, según ha declarado Amnistía Internacional.

La organización ha escrito al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, para expresar su preocupación por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las operaciones policiales relacionadas con la cumbre del G8, y para pedir a las autoridades italianas que colaboren para garantizar que esas denuncias se investigan de forma inmediata y exhaustiva.

Aunque ha manifestado su satisfacción por las investigaciones penales iniciadas por las autoridades judiciales italianas, Amnistía Internacional cree que, ante la escala y la gravedad de las denuncias que siguen saliendo a la luz y la gran preocupación nacional e internacional, es poco probable que estas investigaciones proporcionen una respuesta adecuada.

La organización ha declarado: «Además de salvaguardar los intereses de las víctimas reales de tortura o malos tratos, una investigación inmediata, efectiva e imparcial por parte de una comisión independiente serviría para proteger la reputación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de prisiones que puedan ser objeto de acusaciones infundadas de uso excesivo de la fuerza, tortura o trato cruel, inhumano o degradante».

En su carta, la organización expone los criterios que deben regir el establecimiento de una comisión de investigación, entre los que se encuentran los siguientes:

• que esté compuesta por personas de reconocida probidad e imparcialidad;
• que se hagan públicos su alcance, sus métodos y sus conclusiones;
• que tenga la jurisdicción necesaria para tomar testimonio a las presuntas víctimas de malos tratos, y que esas presuntas víctimas estén protegidas frente al acoso y la intimidación;
• que la comisión esté facultada para hacer comparecer y tomar testimonio a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de prisiones.

«La comisión de investigación debe presentar informes provisionales para permitir que se inicie cualquier procedimiento penal o disciplinario adecuado, identificando los casos e individuos específicos siempre que sea posible», ha recomendado Amnistía Internacional, añadiendo que esos informes permitirían también enmendar sin demora las normas, las leyes, los métodos de formación y los procedimientos que afectan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los funcionarios de prisiones.

En una carta enviada al ministro del Interior italiano antes de la cumbre del G8, Amnistía Internacional instó a las autoridades italianas a garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participaran en las operaciones policiales relacionadas con la cumbre conocían las normas internacionales de derechos humanos pertinentes y actuaban de acuerdo con ellas.

La organización ha declarado: «Ahora pedimos a las autoridades italianas que nos proporcionen información sobre cualquier instrucción o formación pertinente sobre estas normas que se haya impartido a los agentes del Estado antes de la cumbre del G8».

Información general

Amnistía Internacional siente preocupación por las denuncias que afirman que:

• en los días inmediatamente anteriores a la cumbre del G8, se negó la entrada a Italia o se expulsó del país a manifestantes con intenciones aparentemente pacíficas para impedir que acudieran a Génova, violando así su derecho a la libertad de expresión y de reunión. En unos incidentes que tuvieron lugar en el puerto de Ancona, parece ser que algunos de estos manifestantes fueron sometidos a malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
• los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hicieron uso de fuerza excesiva en las calles durante manifestaciones que tuvieron lugar el viernes 20 y sábado 21 de julio, y agredieron indiscriminadamente (entre otras cosas, los golpearon con sus porras) a manifestantes pacíficos, a periodistas que informaban sobre las manifestaciones y a otras personas;
• durante una redada policial llevada a cabo en edificios ocupados legalmente por el Foro Social de Génova a primeras horas del domingo 22 de julio, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley infligieron a individuos detenidos palizas deliberadas y gratuitas que causaron numerosas lesiones, algunas de las cuales requirieron hospitalización urgente y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas. Según los informes, hasta 20 personas tuvieron que ser sacadas del edificio en camillas, dos de ellas aparentemente en coma;
• decenas de personas fueron detenidas y recluidas de forma arbitraria e ilegal, entre ellas la mayoría de los detenidos durante la redada del Foro Social de Génova;
• durante el traslado en vehículos policiales y en el interior de los centros de detención, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de prisiones sometieron a individuos a palizas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se ha dicho, entre otras cosas, que a los detenidos les propinaron bofetadas, patadas y puñetazos, les escupieron, les sometieron a insultos, algunos de ellos de carácter sexual, les privaron de la comida, el agua y el sueño durante periodos prolongados, los obligaron a permanecer en fila de cara a la pared y a permanecer durante horas con los brazos y las piernas abiertos y, si no mantenían la postura, los golpeaban, especialmente en partes del cuerpo en las que ya habían resultado heridos durante la detención. Al parecer, a algunos detenidos los amenazaron de muerte, y a varias mujeres las violaron;
• a muchas personas les negaron los derechos internacionalmente reconocidos que amparan a las personas privadas de libertad, en algunos casos durante días. Entre otras cosas, les negaron el acceso inmediato a abogados y, en el caso de extranjeros, a las autoridades consulares, y también les negaron una asistencia médica inmediata y adecuada. Además, a muchos les negaron su derecho a notificar su paradero a sus familiares y no les informaron de sus derechos.

Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten el «Centro de documentación» de las páginas web de EDAI.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org.