Las ONG que trabajan en Angola demandan al Gobierno español un mayor compromiso para lograr la paz y defender los derechos humanos en aquel país

España debe incrementar su ayuda humanitaria para los cuatro millones de angoleños víctimas del conflicto

Los directores de las ONG, Acción contra el Hambre, Amnistía Internacional, Intermón, Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras, han hecho un llamamiento conjunto al Gobierno español para que promueva todas las medidas que sean necesarias para alcanzar el fin del conflicto de Angola, y aliviar así la precaria situación que padece la población y la continua violación de sus Derechos Humanos. Las ONG también piden al ejecutivo español y, a través de éste, a toda la comunidad internacional que incremente su ayuda humanitaria a Angola, que en estos momentos no supera las 500 pesetas por persona. Una cifra irrisoria en comparación con las más de 50.000 pesetas que recibe cada víctima de Kosovo. Angola sufre un olvido premeditado de la comunidad internacional así como una casi inexistencia en los medios de comunicación y ello no hace sino dificultar la imprescindible salida negociada al conflicto.

Ante la escalada del conflicto armado en Angola y el empeoramiento de la situación de la población civil las ONG han solicitado, a través de un documento entregado al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal, y al secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Jesús Gracia, que el gobierno español actúe de facto para buscar una solución negociada a la guerra. El documento, firmado por todas las ONG, destaca tres aspectos en los que el Gobierno español debería tomar la iniciativa de una serie de actuaciones políticas encaminadas a:

• Intervenir activamente en la creación e implantación de mecanismos de control que impidan la financiación de las partes involucradas en la guerra (el gobierno del MPLA y los rebeldes de UNITA), así como el aprovisionamiento de armamento. 

• Incrementar y asegurar la distribución de la ayuda humanitaria a toda la población y facilitar la seguridad de los trabajadores internacionales para poder llegar a todas las zonas del país. 

• Conseguir el respeto y la protección de los derechos humanos con el fin de acabar con las ejecuciones extrajudiciales y los reclutamientos forzosos; con las desapariciones, los malos tratos policiales, las pésimas condiciones de las cárceles y las restricciones de la libertad de expresión.

Las ONG firmantes del documento consideran que con estas medidas podría aliviarse la situación de pobreza estructural que sufren cerca de cuatro millones de angoleños a causa de una guerra civil que ya dura más de 30 años. Desde su independencia de Portugal en 1975, Angola ha vivido inmersa en un conflicto armado entre el actual partido del gobierno, el MPLA, y la oposición de UNITA. La falta de tolerancia por las partes en conflicto ha bloqueado, hasta el momento, los intentos de buscar una salida negociada y pacífica a la guerra. A ello se han de añadir los intereses económicos internacionales, entre otros, los recursos generados por la exportación de diamantes y de petróleo que además nutren en gran medida los esfuerzos bélicos de las partes enfrentadas.

La guerra de Angola sólo llegará a su fin a través de nuevas negociaciones de paz basadas en el Acuerdo de Lusaka firmado en 1994 y que preveía, entre otras disposiciones, el cese del fuego y la desmovilización del ejército y de las tropas rebeldes bajo supervisión de la ONU. El propio Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ya asumió el fracaso de Lusaka al declarar que "tanto las Naciones Unidas como la comunidad internacional deberían haber hecho más para prevenir el resurgimiento de la guerra civil en Angola."

Angola es un país que a pesar de disponer de ricos y abundantes recursos naturales como son los diamantes y el petróleo ocupa el puesto 160 de un total de 174 países del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La prioridad de la guerra - el 86% del presupuesto nacional de este año se destina a defensa y seguridad- está teniendo un efecto devastador sobre la población angoleña: el 90% de la población vive por debajo del índice de la pobreza; la tasa de mortalidad infantil es del 29%; sólo el 31% de la población tiene acceso al agua potable y la mayoría de los más de dos millones y medio de desplazados internos no tienen cubiertas las necesidades básicas como son la alimentación, la salud o la vivienda. El casi nulo respeto por la vida humana en esta situación de guerra de guerrillas supone una violación continua de los Derechos Humanos de la población angoleña con reclutamientos forzosos, saqueos indiscriminados y la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión sin temor a la detención y encarcelamiento

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
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