Amnistía Internacional
Comunicado de prensa
Fecha:
27 de septiembre de 2000
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Perú: Vladimiro Montesinos
- El asilo político no existe para asegurar impunidad-.
Amnistía Internacional denuncia la situación de abuso del derecho de
asilo político que se estaría dando entorno al caso del ciudadano
peruano Vladimiro Montesinos. Según informaciones recibidas el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos habría estado
presionando a las autoridades panameñas para que se otorgue asilo
político a Vladimiro Montesinos en el país. Vladimiro Montesinos está
íntimamente asociado a los servicios de inteligencia del Perú en tanto
que hasta el pasado 14 de septiembre ocupaba el cargo de asesor de este
servicio.
Desde 1991 han sido numerosas las denuncias de violaciones de derechos
humanos contra este Servicio, entre ellas la ejecución extrajudicial de
16 personas en Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991; la desaparición
forzada y ejecución extrajudicial de 11 universitarios de la Universidad
de La Cantuta en julio de 1992; la tortura de Leonor La Rosa Bustamante y
el asesinato de Mariela Barreto, ambas agentes del Servicio de
Inteligencia del Ejército, en 1997. Estas violaciones, practicadas por el
Servicio de Inteligencia Nacional de forma sistemática, constituyen
crímenes de lesa humanidad.
Amnistía internacional recuerda a la autoridades panameñas y a todas las
autoridades del hemisferio que el derecho internacional prohíbe otorgar
refugio o asilo político a personas sospechosas de haber cometido
crímenes de lesa humanidad. Además, bajo la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, así como las Convenciones Interamericanas para Prevenir y
Sancionar la Tortura y sobre Desapariciones Forzadas de Personas-
ratificadas por Panamá y por la mayoría de los países del hemisferio-,
las autoridades panameñas tienen la obligación de investigar y enjuiciar
a los presuntos responsables de estos graves crímenes, independientemente
de donde se haya cometido el delito, de la nacionalidad de la víctima y
de la nacionalidad o cargo oficial del autor. "Estos crímenes son
imprescriptibles y ninguna inmunidad o amnistía pueden ni deben ser
invocadas", reiteró la organización.
Ya hace algunas semanas el gobierno peruano decidió enviar a Julio
Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de 1991 a 1998,
como embajador a Venezuela. En esa ocasión Amnistía Internacional
reiteró que toda persona sospechosa de crímenes de lesa humanidad debe
ser puesta a disposición judicial.
"Es totalmente inaceptable que en vez de investigar a Vladimiro
Montesinos por las graves violaciones de derechos humanos en las que
supuestamente estuvo involucrado, algunos gobiernos de América se
encuentren asistiendo al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional
peruano en su pedido de asilo político", añadió la organización.
Antecedentes
El 23 de septiembre pasado el Presidente Alberto Fujimori anunció que
convocaría a nuevas elecciones en los próximos meses y no se
presentaría como candidato. El anuncio del Presidente Fujimori se dio en
la víspera de dos escándalos políticos que arrollaron al país. El
primero fue el de tráfico de armas a la guerrilla colombiana y el segundo
fue la difusión en los medios de comunicación de un video en el que se
presentaba a Vladimiro Montesinos entregando dinero a un congresista de
oposición para que se pasara a las filas de Perú 2000, el partido
oficialista. A pesar de ello, el 25 de septiembre el Presidente del
Consejo de Ministros, Federico Salas, publicó una Resolución Suprema en
la que se resuelve "[a]ceptar la renuncia que, al cargo de Asesor del
Servicio de Inteligencia Nacional, formula el doctor Vladimiro Montesinos
Torres, a partir del 14 de septiembre, dándole las gracias por los
importantes servicios prestados a la nación."
Más información:
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía
Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación
de AI: web.amnesty.org/library/eslindex
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