AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE SE OPONGA AL PLAN COLOMBIA

(Madrid). La Sección Española de Amnistía Internacional ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno español, José María Aznar, en la que le pide que su gobierno se oponga al plan propuesto por el Gobierno de Colombia, conocido como Plan Colombia, por el que se pide ayuda financiera y militar a Estados Unidos, y ayuda financiera la Unión Europea, y otros países e instituciones financieras internacionales. Los próximos días 6 y 7 de julio se celebrará en Madrid una reunión entre representantes de países de la Unión Europea y del gobierno colombiano para estudiar la propuesta, reunión auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Amnistía Internacional opina que es de vital importancia que la comunidad internacional encuentre formas eficaces de contribuir a poner fin a la crisis de derechos humanos del país y de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto armado. Sin embargo, la organización teme que el Plan propuesto por el Gobierno de Colombia pueda repercutir negativamente sobre la ya gravísima situación de los derechos humanos.

El Plan Colombia se basa en un análisis de las causas del conflicto y de la crisis de derechos humanos que se centra en las drogas e ignora por completo la responsabilidad -histórica y actual- del propio Estado colombiano. También hace caso omiso de las causas profundas del conflicto y de la crisis de derechos humanos, opina Amnistía Internacional.

El Plan propone (en el componente del Plan propuesto a Estados Unidos, aprobado ya por el Senado de dicho país) una estrategia principalmente militar para tratar de resolver el cultivo y tráfico ilícitos de narcóticos, mediante ayuda militar para las fuerzas armadas y la policía de Colombia. Los programas de ayuda humanitaria y de desarrollo social que incluye el Plan no ocultan el carácter esencialmente militar de éste.

Amnistía Internacional se opone al programa de ayuda militar para Colombia porque la organización cree que hará escalar el conflicto armado y la crisis de derechos humanos.

AI no cree que existan los mecanismos necesarios para garantizar que las futuras transferencias de armas a las fuerzas armadas colombianas no pasarán a las organizaciones paramilitares o no serán usadas por los militares para facilitar las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas paramilitares o sus propias fuerzas.

AI también teme que las organizaciones paramilitares puedan utilizarse en la estrategia militar que contempla el Plan. Aunque éste no les reconoce una función formal, la reciente presencia de estas organizaciones en áreas clave designadas para operaciones militares (departamento de Putumayo y la región de Catatumbo en Norte de Santander) parece algo más que pura coincidencia. La estrategia paramilitar de atacar y eliminar las estructuras de base y organizativas va dirigida a anticipar y prevenir cualquier oposición organizada a la erradicación militar de los cultivos ilícitos.

La organización también ve con preocupación las consecuencias de cualquier apoyo económico a la infraestructura u otros proyectos de desarrollo que inevitablemente alimentará la especulación del suelo en esas regiones. Tal especulación podría fomentar el desarrollo de la actividad paramilitar para hacerse con el control de los bienes (tierras u otros) con el objeto de aprovecharse de cualquier incremento de valor.

El componente de ayuda a los derechos humanos que propone el Plan Colombia es inadecuado y en su mayor parte está mal encauzado, y no ha sido debatido con las organizaciones no gubernamentales pertinentes. No aborda las causas principales de la crisis de derechos humanos identificadas por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la impunidad y la necesidad de combatir a las organizaciones paramilitares ilegales.

Tampoco los programas de ayuda humanitaria a los desplazados internos abordan las causas del desplazamiento, y se limitan meramente a mitigar las consecuencias y a reducir así la visibilidad de los desplazados internos, incluidos los desplazados a consecuencia de las operaciones militares del Plan.

El marco para la ayuda internacional a los derechos humanos en Colombia debe ser, indica Amnistía Internacional, el conjunto de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En particular, la comunidad internacional debe garantizar que los programas a los que decida prestar su apoyo forman parte de una política gubernamental clara para abordar las cuestiones clave, como son la impunidad y la disolución de las organizaciones paramilitares. El respeto a los derechos humanos es un requisito esencial para lograr una solución negociada al conflicto armado. Sólo garantizando la protección de los derechos civiles y políticos fundamentales podrá Colombia llegar a una verdadera reconciliación nacional basada en la paz y en la justicia.

Como primer paso, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que solicite al Gobierno colombiano y a las partes en el conflicto que discutan, acuerden y pongan en práctica de inmediato y de forma verificable el pleno respeto por los derechos humanos fundamentales y el derecho humanitario internacional.

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex