Ruanda: El difícil camino de la justicia

Seis años después del genocidio que en 1994 se cobró hasta un millón de vidas en Ruanda, aproximadamente 125.000 personas detenidas siguen consumiéndose en condiciones infrahumanas, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, Rwanda: The troubled course of justice.

«El gobierno ruandés ha dado algunos pasos para abordar el enorme número de causas pendientes de juicio pero todavía no ha cumplido su promesa de liberar a todas las personas detenidas ilegalmente o contra las cuales no se cuenta con pruebas de cargo -ha manifestado Amnistía Internacional-. En su lugar, ha introducido enmiendas a la ley para prorrogar una y otra vez el periodo de detención preventiva al que están sometidas estas personas, en una violación flagrante del derecho internacional.»

Este informe, que aporta información recogida durante una visita efectuada a Ruanda a finales de 1999, documenta los siguientes aspectos de la detención en Ruanda:

- detención sin juicio durante varios años: Entre otros, Sylvestre Kamali, ex diplomático detenido en julio de 1994, ha permanecido más de cinco años y medio recluido en la Prisión Central de Kigali sin que se lo haya sometido a juicio.

- nueva detención poco después de la liberación, en algunos casos tras la absolución por un tribunal: Entre estos casos está el de Théodore Munyangabe, ex funcionario del gobierno local de Cyangugu detenido desde 1995. Fue absuelto en julio de 1999 pero casi de inmediato lo sometieron a arresto domiciliario, y en septiembre lo llevaron de regreso a la Prisión Central de Cyangugu, donde permanece recluido hasta la fecha.

- Canisius Shyrambere y Aloys Havugimana, ex empleados de la Oficina Ruandesa de Turismo y Parques Nacionales, fueron condenados a muerte en octubre de 1998; pese a que en agosto de 1999 el Tribunal de Apelación los absolvió, no fueron liberados y a principios del 2000 seguían recluidos en la Prisión Central de Ruhengeri.

- condiciones de reclusión que a menudo constituyen trato cruel, inhumano o degradante: El extremo hacinamiento, la falta de higiene y la insuficiencia de la atención médica continúan siendo causa generalizada de enfermedades y muertes bajo custodia. En los centros de detención locales (cachots communaux), el Estado ni siquiera proporciona comida a los detenidos, que dependen totalmente de sus familiares para alimentarse, situación que se agrava en muchos casos en los que al detenido no le queda ningún familiar con vida o sus parientes también están recluidos.

- tortura y malos tratos: Estas violaciones son especialmente frecuentes en los cachots communaux y en los cnetros de detención militares, donde es habitual que se inflijan palizas a las personas que se hallan bajo custodia. Por ejemplo, Félicien Gasana, trabajador de una empresa de construcción, murió en agosto de 1999 como consecuencia de los malos tratos sufridos en el centro de detención de la gendarmería (brigade) de Nyamirambo, en Kigali. Frodouald Ngaboyisonga, chófer y mecánico de una fábrica de té de Gisenyi, murió en noviembre de 1999 debido a las torturas padecidas cuando estaba bajo custodia en el cuartel militar de Mukamira. Pese a que Amnistía Internacional planteó estos incidentes de tortura y malos tratos a las autoridades ruandesas, éstas no han informado a la organización de ninguna medida tomada para poner a los responsables a disposición de la justicia.

- reclusión ilegal de civiles bajo custodia militar, a veces en centros de detención no reconocidos o secretos: En estos casos, casi siempre se niega el acceso a familiares y organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Entre los que se hallan bajo custodia militar hay civiles de ambos sexos detenidos del otro lado de la frontera con la República Democrática del Congo, a los que se imputan actividades de espionaje en favor del gobierno congolés.


Amnistía Internacional también expresa su preocupación por ciertos aspectos del sistema de administración de justicia ruandés, especialmente en relación a la imposición de la pena de muerte tras juicios sin garantías. «Instamos al gobierno ruandés a seguir trabajando para reforzar las mejoras
de los procedimientos judiciales observadas desde 1998, a garantizar juicios imparciales para todos y a declarar una suspensión de las ejecuciones.»


El sistema de justicia popular 

El gobierno ruandés está estudiando la implantación de un nuevo sistema para abordar la mayoría de los casos de genocidio. Este sistema se basaría a grandes rasgos en lo que las autoridades describen como un sistema de justicia tradicional, en el que la población local participaría en el procesamiento de las personas acusadas de participar en el genocidio.

Aunque este sistema de celebración de juicios con participación popular podría alentar a la gente a prestar testimonio sobre hechos de los que fueron testigos presenciales durante el genocidio, Amnistía Internacional ve con preocupación que:

- en los juicios celebrados mediante el sistema de justicia popular, el acusado no goza del derecho a ser representado por un abogado defensor;
- las personas llamadas a participar en estas causas no contarán con capacitación legal y podrían tener un interés personal en que se dictara determinada sentencia, lo que podría debilitar la competencia, independencia e imparcialidad de estos tribunales;
- algunos aspectos fundamentales de la propuesta sobre el sistema de justicia popular no se ajustan a las normas internacionales fundamentales sobre imparcialidad procesal garantizadas en tratados internacionales que Ruanda ha ratificado.

«El proyecto de ley sobre el sistema de justicia popular debe revisarse para asegurar que no se socava la calidad de la justicia que se administra en Ruanda», ha señalado Amnistía Internacional. 

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex