Primer aniversario del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: autores de asesinatos en gran escala pasean libremente por las calles en Guatemala

Amnistía Internacional ha dicho hoy que en un país latinoamericano se permite pasear libremente por la calle a autores de asesinatos en gran escala responsables del homicidio de millares de personas. Ese país es Guatemala.

Un año después de la publicación del histórico informe sobre derechos humanos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Amnistía Internacional ha hecho un nuevo llamamiento para que se haga justicia y para que los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala, entre las que hubo genocidio, rindan cuentas de sus crímenes en la propia Guatemala o en otro país.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción el informe de la Comisión cuando se publicó el 25 de febrero del año pasado por considerarlo «un paso en el largo camino de la búsqueda de justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos». La organización de derechos humanos pidió al gobierno guatemalteco, a las instituciones mencionadas en el informe y a la comunidad internacional que estudiaran las recomendaciones de la Comisión y comenzaran a aplicarlas con la máxima urgencia. A su juicio, era una deuda que debía saldarse en Guatemala tanto con los vivos como con los muertos.

«Hoy, transcurrido un año y con un nuevo gobierno, esa deuda está todavía pendiente -ha manifestado Tracy Ulltveit-Moe, investigadora de Amnistía Internacional sobre Guatemala-. Para vergüenza de las autoridades, en la mayoría de las áreas se ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión».

El genocidio: La Comisión llegó a la conclusión de que el ejército guatemalteco había cometido genocidio contra pueblos indígenas de Guatemala en cuatro regiones específicas del país. Sin embargo, quienes ordenaron y ejecutaron este genocidio continúan libres, y el número de personas condenadas por su participación en las matanzas se puede contar con los dedos de una mano.

«Los pocos casos llevados ante los tribunales han sufrido interminables demoras y obstáculos -ha explicado Tracy Ulltveit-Moe-. A fin de frustrar incluso los pocos intentos realizados para procesar a los autores de los abusos cometidos en Guatemala, se ha intimidado a las víctimas, testigos y funcionarios judiciales relacionados con procesamientos por violaciones de derechos humanos y exhumaciones de cadáveres en fosas comunes clandestinas».

«La corrupción judicial generalizada también ha contribuido a reforzar la impunidad de que gozan casi todos los autores de las violaciones de derechos humanos, y en los pocos casos en que no ha ocurrido así han sido los colaboradores civiles coaccionados del ejército los que han servido de cabeza de turco, pues a los jefes militares que les ordenaron sumarse a los soldados para incendiar pueblos enteros y matar a sus habitantes no han tenido que rendir cuentas».

El programa de exhumaciones: La Comisión pidió al gobierno que creara un programa oficial de exhumaciones, pero su petición no ha sido atendida.

«La respuesta del gobierno ha sido tan silenciosa como las fosas comunes clandestinas donde yacen todavía tantas víctimas sin nombre y no reconocidas», ha dicho Tracy Ulltveit-Moe.

Las comisiones especiales sobre «desapariciones»: Tampoco se ha atendido la petición que hizo la Comisión acerca del establecimiento de dos comisiones especiales para determinar la suerte que habían corrido los «desaparecidos», en general, y los niños guatemaltecos «desaparecidos», en particular.

«Las personas que perdieron a sus padres en su niñez se han unido para intentar averiguar la suerte que han corrido. Los padres cuyos hijos «desaparecieron» después de haberles sido arrebatados han emprendido una búsqueda igualmente desgarradora con la esperanza de que esos niños continúen vivos, por haber sido quizás adoptados. Ninguna autoridad parece dispuesta a ayudarles», ha manifestado Tracy Ulltveit-Moe.

Lo mismo cabe decir de las demás áreas resaltadas en el informe de la Comisión:

Las medidas especiales para los pueblos indígenas: El 83 por ciento de las víctimas de los peores años de la represión fueron indígenas, por lo que la Comisión pidió que adoptaran medidas para mostrar respeto a los pueblos indígenas de Guatemala y garantizar que el racismo, importante factor determinante de las matanzas, era eliminado. Apenas se ha hecho nada al respecto.

La comisión de evaluación de la conducta de las fuerzas de seguridad: La Comisión pidió que se nombrara una comisión para evaluar la conducta de los oficiales de las fuerzas de seguridad durante el conflicto conforme a criterios establecidos por el derecho humanitario internacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes. Tampoco se ha atendido esta petición.

Los programas de rehabilitación: Las mujeres constituyeron el 25 por ciento de las víctimas de ejecución extrajudicial y «desaparición», y las violaciones masivas también fueron un fenómeno generalizado durante el conflicto. La Comisión pidió que se crearan programas de rehabilitación psicosocial, que incluyeran atención médica comunitaria para ayudar a las mujeres que habían sufrido abusos y a sus comunidades a superar los traumas no resueltos. No se tiene conocimiento de que se haya emprendido alguno de tales programas.

La reparación: La Comisión pidió que se tomaran medidas para garantizar que se recordaría y se conmemoraría a las víctimas y que tanto ellas como sus familias recibirían una reparación. Tampoco se ha iniciado ningún programa exhaustivo de indemnización por abusos ordenados por el Estado.

«Hasta ahora, la situación es desoladora -ha añadido Tracy Ulltveit-Moe-. Pero la búsqueda de justicia continúa tanto en los tribunales guatemaltecos como en el extranjero».

Amnistía Internacional ha reiterado su convencimiento de que la justicia es un requisito previo para la reconciliación verdadera y para la construcción de la paz firme y duradera pedida en los acuerdos de paz.

«Ante la pasividad del gobierno guatemalteco, que no hace nada para garantizar la justicia en sus propios tribunales, reiteramos nuestro apoyo a todos los esfuerzos que se realicen dentro y fuera del país para que los autores de asesinatos en gran escala respondan de sus crímenes».

«La comunidad internacional se ha pronunciado claramente en contra de la impunidad, y el caso Pinochet es prueba de ello. Ahora hemos de asegurarnos de que el gobierno de Guatemala sabe que el hecho de no ocuparse debidamente de las repercusiones del conflicto que tantas vidas guatemaltecas se cobró le costará también el respeto y el apoyo de la comunidad internacional si no instituye programas para ofrecer reparación, justicia y compensación a todos los que fueron víctimas de la violencia del Estado».

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
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