Amnistía Internacional
Comunicado de prensa
Fecha:
23 de junio de 2000
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La
libertad de expresión ¿suprimida en Guinea Ecuatorial?
La
simple posesión de un artículo de prensa español fotocopiado, de
un ejemplar de un diario de la oposición o de un llamamiento publicado
por Amnistía Internacional dos años atrás, es motivo suficiente
para practicar una detención en Guinea Ecuatorial, ha dicho hoy
Amnistía Internacional al publicar su informe Guinea Ecuatorial:
Restricciones a la libertad de información.
Amnistía Internacional ha observado que en el último año se ha detenido
a por lo menos cinco personas por poseer este tipo de información.
Ninguna de las publicaciones por las que fueron detenidas estas
personas propugnaba la violencia y ninguna de ellas estaba prohibida.
Pese a haber sido publicadas por organizaciones legales, de reconocido
prestigio, los tribunales de justicia de Guinea Ecuatorial se atrevieron
a calificarlas de «material de dudosa proveniencia».
«El derecho a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad
de compartir y publicar información están drásticamente limitados
en Guinea Ecuatorial, en contravención de las normas internacionales»,
ha dicho Amnistía Internacional. «Las autoridades parecen dispuestas
a todo para intimidar a la oposición pacífica, y llegan al extremo
de elegir como blanco a cualquier persona.»
Mariano Oyono Ndong fue detenido en mayo de 1999. Lo acusaron de
estar en posesión de un documento publicado por Amnistía Internacional
en 1998. Lo sometieron a juicio junto a otras dos personas -Antonio
Engonga Bibang, un sargento del ejército, y Carmelo Biko Ngua-,
a las que acusaron respectivamente de «injurias contra el Gobierno
y contra las Fuerzas Armadas» y «tenencia ilícita de municiones».
Parece que en realidad estas tres personas fueron detenidas por
pertenecer a la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), un partido político
de oposición al que se ha negado reconocimiento oficial.
En años recientes, centenares de activistas políticos pacíficos,
algunos miembros de la FDR, han sido detenidos y recluidos sin cargos
ni juicio durante periodos de diversa duración por ejercitar su
derecho a la libertad de expresión y de reunión. Algunos miembros
de la FDR han visto restringida su libertad de circulación a la
circunscripción de sus pueblos, sin que mediara ningún procedimiento
legal y sin posibilidad de recusar tal restricción ante un tribunal
de justicia.
Pese a que Mariano Oyono Ndong y Carmelo Biko Ngua eran civiles
y pese a que los cargos que se les imputaban no estaban estrictamente
relacionados con asuntos de carácter militar, los tres miembros
de la FDR fueron sometidos a consejo de guerra. Mariano Oyono Ndong
y Antonio Engonga Bibang fueron condenados a tres años de prisión
y Carmelo Biko Ngua a seis meses.
Amnistía Internacional considera que Mariano Oyono Ndong y Antonio
Engonga Bibang, que siguen recluidos, son presos de conciencia:
«Deben ser puestos en libertad inmediatamente y sin condiciones»,
afirma la organización.
Amnistía Internacional ha protestado públicamente en varias ocasiones
por el hecho de que se juzgue a los civiles en tribunales militares.
La organización ha observado que estos tribunales han cometido infracciones
graves de las normas de justicia procesal, entre las que figuran:
La falta de una defensa adecuada para el encausado (es frecuente
que la representación letrada corra a cargo de oficiales del ejército,
que carecen a menudo de formación jurídica y de experiencia en
este campo).
La composición de los tribunales de justicia, constituidos exclusivamente
por personal militar, y presididos por personas sin formación
jurídica.
La asistencia jurídica inadecuada que con frecuencia ofrece
el defensor militar a sus clientes, bien debido a incompetencia,
falta de voluntad o temor a los jueces, sus superiores en la cadena
de mando militar.
La negación frecuente del derecho a apelar la sentencia y la
condena ante un tribunal superior.
Dos personas más, Juan Obiang Latte y Teodoro Abeso Nguema, fueron
detenidas en noviembre de 1999. Los acusaron de fotocopiar un artículo
de prensa publicado en el diario español El Mundo, que puede consultarse
en Internet. El artículo recogía los rumores sobre la presunta enfermedad
del jefe del Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo. Las dos personas fueron a acusadas de «insultos, calumnia
contra el Jefe del Estado y reproducción de material de dudosa proveniencia».
Fueron puestas en libertad provisional en enero del 2000, después
de pasar dos meses en prisión.
«Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben aplicar de inmediato
las salvaguardias necesarias para prevenir las detenciones arbitrarias,
la tortura, los malos tratos y los juicios injustos», ha dicho Amnistía
Internacional. «Debe ponerse en libertad a cualquier persona que
haya sido detenida simplemente por ejercitar su derecho a la libertad
de expresión y de reunión, y deben retirárseles todos los cargos.»
Las autoridades de Guinea Ecuatorial han maltratado, incluso propinado
palizas, a personas que simplemente ejercitaban su derecho a la
libertad de expresión. Entre las víctimas figura un periodista,
Pedro Nolasko, quien en marzo del 2000, a raíz de haber publicado
una entrevista con el líder de un partido de la oposición, fue atacado
físicamente por el secretario general del Ministerio del Interior,
Tarcisio Nguema Ondó.
El 11 de abril del 2000, un vendedor de periódicos que anunciaba
el diario La Opinión -el periódico que edita Pedro Nolasko- en el
interior del edificio de la Secretaría General del gobierno, fue
agredido físicamente por el ministro delegado del Interior, Clemente
Engonga Nguema Andene.
«En Guinea Ecuatorial se están practicando detenciones y se está
sometiendo a juicio a los detenidos por tener opiniones, por expresarlas,
y por buscar información, poseerla o impartirla», añade Amnistía
Internacional.
«Mientras las autoridades cometan o permitan este tipo de violaciones
de los derechos humanos y no hagan nada para evitar que esto ocurra,
no puede haber esperanza alguna de que la situación actual de la
libertad de expresión y de asociación en Guinea Ecuatorial experimente
mejora alguna.»
Más información:
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía
Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación
de AI: web.amnesty.org/library/eslindex
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