Crisis en Sierra Leona:

Amnistía Internacional demanda al gobierno español que promueva la protección de la población civil

España vendió armas ligeras y munición a Sierra Leona durante la década pasada

(Madrid) La Sección Española de Amnistía Internacional ha demandado al gobierno español que promueva la protección de la población civil de Sierra Leona, ante la grave crisis de derechos humanos que vive el país.

España debe instar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, bien de forma unilateral o en el marco de la Unión Europea, a que dicho Consejo dé a la operación de mantenimiento de la paz de la ONU un mandato más claro de protección de los derechos humanos de toda la población civil, entre otras recomendaciones planteadas a la comunidad internacional para evitar nuevos espantosos abusos.

La organización insta asimismo a las autoridades a que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se exporten materiales armamentísticos a Sierra Leona o a otros países que puedan servir de puente para proporcionar armas a las fuerzas combatientes en dicho país, y a que se facilite la protección de los refugiados y desplazados internos.

En un informe publicado hoy por la Sección Española se recuerda que según un informe independiente, elaborado por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, basado en las estadísticas de Aduanas, las exportaciones de armas ligeras y munición españolas a Sierra Leona entre 1992 y mayo de 1999 suman 39 millones de pesetas. Sierra Leona compró munición a España en plena guerra y nuevamente a principios de 1999 por valor de ocho millones de pesetas. También se exportaron desde 1992 armas y municiones por valor de 31 millones a Burkina Faso, país al que la ONU ha acusado de facilitar armas al Frente Revolucionario Unido (RUF). El Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de venta de armas a Sierra Leona en 1997, que desde 1998 sólo se aplica a las fuerzas rebeldes.


Solicitantes de asilo

El conflicto está causando también una grave crisis de refugiados, ya que cientos de civiles están intentando escapar del país. La comunidad internacional tiene la obligación de asegurar que se garantiza la seguridad de los refugiados, y que no se impida la entrada en países seguros de las personas en peligro.

A pesar del aumento de solicitantes de asilo de este país que han llegado a fronteras españolas -frente a las 24 solicitudes de asilo en 1996, la cifra ascendió a 104 en 1997 y 388 en 1998, hasta llegar a las 800 en 1999- el gobierno español no ha concedido en esos cuatro años ningún estatuto de refugiado, y sólo ha otorgado 45 permanencias en virtud del artículo 17.2 de la actual Ley de Asilo. Esto significa que, en este periodo, sólo un 3,42 % de las personas que alegaron motivos para obtener el estatuto de refugiado, han conseguido algún tipo de protección en España.

La Oficina de Asilo y Refugio ha argumentado que muchas personas de origen subsahariano alegaban fraudulentamente ser de Sierra Leona. Amnistía Internacional considera, aún consciente de la posibilidad de que esta práctica se esté dando, que el Gobierno español debe examinar con detenimiento todas las solicitudes de personas que aleguen estar huyendo de Sierra Leona, y ser especialmente cuidadoso en la inadmisión de solicitudes de asilo basándose en alegaciones de fraude por nacionalidad. En todo caso, debe respetarse el principio de no devolución de ninguna persona que pueda ser víctima de violaciones de Derechos Humanos.


Información general

Amnistía Internacional escribió el pasado 18 de mayo a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para demandarles que la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de Sierra Leona constituya el eje de sus esfuerzos para responder rápida y decisivamente a la actual crisis. «La Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), que es la mayor operación de mantenimiento de la paz de la ONU en todo el mundo, debe ser un ejemplo de la integración de los derechos humanos en todos los aspectos de cualquier operación de mantenimiento de la paz, especialmente dado el terrible historial de abusos de Sierra Leona en los últimos nueve años».

Amnistía Internacional instó al Consejo de Seguridad a actuar con decisión para poner fin a la impunidad, e insistió en que los responsables de abusos contra los derechos humanos -incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad- perpetrados durante el conflicto armado sean llevados ante la justicia, en contra de lo acordado en el acuerdo de paz firmado en Lomé en 1999, que en todo caso no cubre los abusos cometidos a partir de julio de ese año.

Amnistía Internacional instó al Consejo de Seguridad a que aplique el embargo de armas decretado sobre las fuerzas rebeldes en Sierra Leona, vigilando las fronteras con países vecinos, efectuando una rigurosa investigación sobre la ayuda militar que llega a estas fuerzas, identificando a los que violan el embargo y tomando las medidas adecuadas contra ellos.

«El comité de sanciones del Consejo de Seguridad que se ocupa de Sierra Leona debe investigar el papel que desempeña el comercio de diamantes procedentes de zonas bajo el control de las fuerzas rebeldes en el suministro de ayuda militar a estas fuerzas», añadió en su carta la organización.