Argentina: La Justicia tiene la obligación de garantizar los derechos

El 13 de diciembre el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza, en el proceso seguido al ex-Juez de Instrucción y Fiscal de Cámara, Enrique Knoll, decidió destituirlo de su cargo por haber incurrido en "mal desempeño en su funciones, exhibiendo una falta de idoneidad subjetiva mínima para el ejercicio de la magistratura".

En su decisión, el Tribunal establece haber llegado a la conclusión de que el Juez Enrique Knoll "lejos de garantizar los derechos, creyó absurdamente la versión de la policía y se desentendió de la posible verdad de los denunciantes." 

El proceso está relacionado con la actuación del Magistrado Judicial Enrique Knoll en los casos de la "desaparición" de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria. Ambos fueron desaparecidos el 28 de abril de 1990, después de haber sido detenidos por funcionarios de la Policía de la ciudad de Mendoza. En su decisión el tribunal reconoce la importancia de administrar justicia en casos de desaparición forzada.

El Tribunal, en su decisión, la primera en darse bajo gobierno democrático respecto a un juez, reconoce que el mal desempeño del Juez Knoll ocasionó un daño a la justicia misma, a las víctimas y a sus familiares. Los fundamentos de la decisión del Tribunal que fueron dados a conocer días más tarde, incluyen la falta de una debida investigación del delito, la parcialidad del Juez Knoll y su falta de independencia.

De acuerdo al delegado de Amnistía Internacional, el jurista uruguayo Dr. Edgardo Carvalho, quien asistió a las audiencias del Tribunal de Enjuiciamiento, el juicio se desarrolló con todas la garantías necesarias para las partes intervinientes. El delegado considera que la decisión del Tribunal corresponde con las concluyentes pruebas y testimonios recogidos en las audiencias. "De ellas surgía claramente la responsabilidad del ex-magistrado, quien desde el primer momento desvió sus poderes como magistrado instructor, utilizándolos para encubrir mas no investigar el gravísimo hecho que se le denunció."

Amnistía Internacional acoge con beneplácito la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento. Esta decisión representa un importante avance y una reafirmación del papel de la justicia y sus representantes al servicio de la sociedad y de la imparcialidad y total transparencia con que debe ser administrada.

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