Una investigación de la ONU pone al descubierto el tráfico de armas y diamantes en Sierra Leona

Respondiendo a informes difundidos hoy por los medios de comunicación acerca de la investigación de la ONU sobre el tráfico de armas y diamantes en Sierra Leona, Amnistía Internacional afirma: «Esta situación no se reduce al hecho de que los gobiernos de Liberia y Burkina Faso estén contribuyendo directamente a la catástrofe de derechos humanos que afecta a Sierra Leona usando redes delictivas internacionales que extienden sus tentáculos por otros países africanos y por los Emiratos Árabes Unidos, sino que también se trata aquí de la trágica inacción de gobiernos poderosos como los de Bélgica, Suiza y el Reino Unido a la hora de establecer mecanismos adecuados de regulación destinados a controlar las actividades de los traficantes y transportistas de diamantes en bruto».

«Los hechos son más que suficientes para demostrar la necesidad imperativa de que los gobiernos actúen decisivamente para poner fin a la venta de diamantes a cambio de armamentos que van a parar a manos de los que cometen abusos contra los derechos humanos», dice Amnistía Internacional.

En octubre del 2000, más de tres meses después de prohibir el Consejo de Seguridad de la ONU la exportación desde Sierra Leona de diamantes sin certificación de origen, un traficante de diamantes admitió en Amberes ante representantes de Amnistía Internacional: «Si alguien me ofrece un diamante con el 30 por ciento de descuento, ¿me despertará sospechas? Por supuesto. Lo más probable es que provenga de transacciones ilícitas relacionadas con el conflicto. ¿Lo compraría? Por supuesto. Vengo a hacer negocios. ¿Lo he hecho? No se lo puedo decir.»

Amnistía Internacional insta a:

* que se retiren de inmediato del servicio todos los aviones sobre los que pese la sospecha de que están siendo utilizados para el transporte de armas y munición a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona, incluidos los aviones que usa en sus operaciones el empresario ruso Victor Bout, al que se acusa de proporcionar armas al Frente Revolucionario Unido, de Sierra Leona, y a la UNITA, grupo armado de oposición de Angola; que se permita que los observadores de la ONU se entrevisten con la tripulación de estas aeronaves e inspeccionen todos los documentos, diarios de vuelo, licencias de operación, conocimientos de embarque y manifiestos de mercaderías de cada avión, a fin de informar sobre ello al comité de la ONU que se ocupa de las sanciones contra Sierra Leona;

* que todos los gobiernos establezcan un mecanismo riguroso de registro y supervisión de los agentes que comercian con armas o las transportan o que proporcionan capacitación militar, mecanismo que debe verse respaldado por un sistema de sanciones penales; que se exija que todas las transacciones comerciales que realizan dichos agentes cuenten con una licencia emitida con antelación por su gobierno respectivo, aun cuando el destinatario de las armas o de la capacitación militar sea un «tercer país»; que no se otorgue licencia a ninguna transacción relacionada con armamentos en la que se detecte un riesgo evidente de que la transferencia contribuirá a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas del derecho internacional;

* que se adopten medidas inmediatas y efectivas destinadas a poner fin al comercio de diamantes desde las zonas de Sierra Leona que se hallan bajo el control de los grupos rebeldes, y en especial las transacciones que se realizan a través de Liberia, y que se reformen completamente los sistemas de clasificación aduanera de los países importadores de diamantes, como Bélgica, Suiza y el Reino Unido, a fin de que resulte del todo transparente no sólo la procedencia sino también el origen de los diamantes; que los países que comercian con diamantes en bruto acuerden un sistema internacional de certificación que permita realizar una supervisión rigurosa de las importaciones provenientes de países que, según se sospecha, están siendo utilizados para el tráfico ilícito de diamantes.

«Las investigaciones de la comisión de expertos de la ONU deben seguir sacando a la luz las fuentes del comercio de armas y la identidad de los traficantes, a fin de que las transferencias de armas y la exportación de diamantes en bruto no sigan socavando la frágil estabilidad de Sierra Leona y planteando la amenaza de más atrocidades contra la población civil del país», subraya Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a que dote a las investigaciones de los recursos necesarios y establezca una estructura permanente, compuesta por expertos independientes, encargada de supervisar la aplicación del embargo impuesto por la ONU al suministro de armas y munición a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona y a la exportación de diamantes desde las zonas controladas por ellas.

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex