Derechos denegados: Europeos condenados a muerte en Estados Unidos

Las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea deben intervenir en favor de los ciudadanos europeos condenados a muerte en los Estados Unidos de América, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En un nuevo informe titulado Worlds Apart, la organización expone los casos de 10 ciudadanos europeos condenados a muerte en Estados Unidos. Entre los países de los que son ciudadanos esos condenados se encuentran Alemania, España, Estonia, Francia, Polonia, la República Federativa de Yugoslavia y Reino Unido.

Amnistía Internacional ha declarado: «En una clara infracción del derecho internacional, ninguno de esos condenados fue informado en el momento de su detención de su derecho a pedir ayuda a su consulado. En muchos de estos casos, una intervención consular a tiempo podría haber supuesto la diferencia entre la vida y la muerte».

La organización ha añadido: «La actitud generalizada y constante de las autoridades estadounidenses, que se niegan a respetar el derecho de los ciudadanos extranjeros detenidos, amenaza con socavar el Estado de derecho internacional».

Los casos documentados en el informe suscitan una multitud de cuestiones que ilustran los defectos inherentes del sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha declarado: «Las pruebas de juicio injusto descubiertas después de que se ha dictado sentencia, la conducta indebida de algunos funcionarios y las alegaciones de inocencia no resueltas son todas ellas síntoma de que los procedimientos judiciales distan mucho de cumplir las normas mínimas internacionales de derechos humanos».

«Otros gobiernos, incluidos aquellos cuyos ciudadanos se encuentran en espera de ser ejecutados en Estados Unidos, deben presionar a las autoridades estadounidenses para que cumplan los principios fundamentales de justicia acordados por la comunidad internacional.»

Este informe es el más reciente de una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional en los que se establece que, cuando se trata de casos de pena de muerte, las autoridades estadounidenses incumplen las obligaciones contraídas en virtud de los tratados. Actualmente aguardan a ser ejecutados en Estados Unidos más de 80 ciudadanos extranjeros que representan a casi 30 nacionalidades. Prácticamente en todos los casos, las autoridades encargadas de la detención infringieron las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues no informaron inmediatamente a los detenidos de sus derechos consulares.

En respuesta a las ejecuciones de dos ciudadanos alemanes en Arizona en 1999, Alemania ha demandado a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene jurisdicción preceptiva sobre las violaciones de la Convención de Viena.

Worlds Apart describe también los casos de tres individuos condenados a muerte que pueden tener doble nacionalidad, ya que nacieron en un país europeo, e incluye recomendaciones exhaustivas para defender los derechos de todos los ciudadanos extranjeros condenados a muerte. Entre esas recomendaciones se encuentra la de instar a los miembros del Consejo de Europa para que intervengan en favor de Alemania en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los casos de europeos condenados a muerte forman un microcosmos dentro de un sistema de aplicación de la pena capital cuyos defectos son tan imposibles de resolver que debe ser abolido inmediatamente. Al seguir permitiendo esta pena brutal y arbitraria, Estados Unidos se convierte en un mundo aparte, alejado de los valores de derechos humanos adoptados por la comunidad internacional de naciones».

Información general

El informe resume la reacción internacional a las recientes ejecuciones de ciudadanos extranjeros en Estados Unidos. El pasado mes de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el derecho a que se notifique al consulado correspondiente la detención de un ciudadano extranjero y a que éste cuente con asistencia consular es un elemento fundamental a la hora de garantizar la justicia procesal, y que la violación de este derecho exige que se aplique un remedio y convierte en ilegal la posible ejecución. Esta resolución, solicitada por el gobierno mexicano, se emitió a raíz de la ejecución de dos ciudadanos de México que tras su detención no fueron informados de su derecho a pedir ayuda a su consulado.

En 1998, por primera vez en la historia europea, ninguno de los entonces 40 Estados miembros del Consejo de Europa llevó a cabo ninguna ejecución.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en toda circunstancia, y sigue trabajando para conseguir la prohibición mundial de la imposición y la ejecución de condenas de muerte. Hasta que se consiga la abolición total, todos los gobiernos deben hacer cuanto esté en su mano para garantizar que se respetan las normas mínimas internacionales en aquellos Estados cuya ley sigue permitiendo la aplicación de esta forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex