El gobierno de Israel debe poner fin a los abusos contra los derechos humanos de las mujeres introducidas ilegalmente en la industria israelí del sexo

Tuve una crisis nerviosa. Quería escapar de aquel lugar y le pedí a un cliente que me ayudara. Pero resultó ser uno de ellos y los propietarios me dieron una paliza. No tenía adónde ir; había rejas en las ventanas y guardaespaldas a todas horas, día y noche. (Testimonio de una mujer introducida en Israel desde Moldavia)

Según ha publicado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe, el gobierno israelí no protege los derechos humanos de las mujeres y niñas que han sido introducidas en Israel desde países de la antigua Unión Soviética para ser utilizadas en la industria sexual israelí.

Muchas de estas mujeres se convierten en «materia prima», son compradas y vendidas por los proxenetas y traficantes por miles de dólares, o esclavizadas para saldar la deuda contraída. Las encierran en apartamentos y les quitan el pasaporte y los billetes de avión. Muchas sufren actos de violencia, violaciones incluidas. Aun así, la mayoría de los autores de tales abusos contra los derechos humanos no han sido perseguidos por el gobierno israelí para que respondan ante la ley, según ha afirmado la organización.

Anna, profesora de física de 31 años de la Federación Rusa, fue atraída a Israel con la promesa de un empleo en la industria sexual con el que ganaría veinte veces su salario ruso. Al llegar allí, le quitaron el pasaporte y la encerraron junto a otras seis mujeres de países de la antigua Unión Soviética en un apartamento con rejas en las ventanas. Fue subastada en dos ocasiones, la última por 10.000 dólares estadounidenses. Salvo raras excepciones no se permitió a las mujeres salir del apartamento, y nunca pudieron hacerlo solas. Sus proxenetas les extorsionaban buena parte de lo que ganaban.

En los últimos años, el fenómeno mundial del tráfico de seres humanos ha llamado progresivamente la atención de gobiernos y de organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, los primeros han hecho caso omiso de los abusos asociados a esta clase de tráfico, tratándolos como un problema de delincuencia e inmigración ilegal.

En general, las mujeres introducidas ilegalmente en el país como prostitutas y que han sufrido abusos contra los derechos humanos son tratadas en la práctica como delincuentes por las distintas agencias estatales israelíes a las que han recurrido, en lugar de ser consideradas víctimas de tales abusos.

Muchas acaban recluidas en un calabozo policial o en la prisión de Neve Tirza tras una de las redadas practicadas por la policía en prostíbulos y salones de masaje, y rara vez son puestas en libertad bajo fianza en espera de su expulsión del país. Otras permanecen más tiempo detenidas, a veces porque el Ministerio de Justicia ha emitido una orden que prohíbe a la mujer salir del país hasta haber declarado en una causa penal.


Las autoridades israelíes sostienen que es difícil conseguir el procesamiento de quienes cometen abusos contra los derechos humanos de este tipo de mujeres, y culpan de ello a las propias mujeres por no colaborar con la policía y el sistema de justicia penal. Varias leyes y normas de actuación israelíes, en concreto la aplicación estricta de las leyes de inmigración a estas mujeres, en la práctica dificultan todavía más los procesamientos.

Muchas mujeres tienen miedo a presentar denuncia ante la policía de Israel o a declarar ante un tribunal porque temen ser encarceladas, expulsadas o sometidas a nuevos abusos, en Israel o en el extranjero. Representantes de la Fiscalía contaron a Amnistía Internacional que no podían dar protección a las mujeres víctimas de este tipo de tráfico que temían sufrir intimidación en Israel o en el extranjero si testificaban en causas penales.

Gracias a la presión ejercida por las organizaciones no gubernamentales nacionales, Israel ha tomado algunas medidas para combatir los abusos contra los derechos humanos de las mujeres introducias para prostitución en el país, concretamente en el terreno legislativo. En marzo del 2000, el Parlamento israelí aprobó la Ley sobre la Igualdad de las Mujeres, según la cual toda mujer tiene derecho a ser protegida frente a la violencia, el acoso sexual, la explotación sexual y el tráfico de su persona. Al parecer, el Ministerio de Justicia está elaborando una disposición para tipificar como delito la compraventa de personas.

No obstante, al gobierno israelí aún le faltan por adoptar otras medidas necesarias para proteger a estas mujeres de los abusos, a pesar de que, en virtud del derecho internacional, tiene la obligación clara de actuar. En 1998, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que «mujeres llevadas a Israel para ejercer la prostitución, [...] no estén protegidas como víctimas de un tráfico sino sujetas a penas de deportación como resultado de su presencia ilegal en Israel».

Las autoridades no investigan si una mujer víctima de un tráfico ilegal corre peligro de sufrir abusos en su país de origen antes de deportarla, si bien están obligadas a hacerlo con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Israel a que respete su obligación de proteger a las mujeres víctimas de ese tipo de tráfico frente a los abusos contra sus derechos humanos, contraída en virtud del derecho internacional. Como primer paso, el gobierno israelí debe desarrollar una estrategia que garantice una acción coordinada y eficaz de instituciones oficiales clave, como el Ministerio del Interior, la Policía, el Servicio de Prisiones y la Fiscalía, destinada a combatir estos abusos.

La organización ha solicitado, además, una cooperación mayor entre Israel y los gobiernos de la antigua Unión Soviética así como de los Estados de tránsito para combatir los abusos contra los derechos humanos de las mujeres trasladadas ilegalmente a otros países para ejercer la prostitución.

«Tanto el gobierno como los traficantes tratan a estas mujeres como si no tuvieran derechos humanos. Las autoridades tienen la obligación de tomar medidas para proteger a estas mujeres de la esclavitud, la cárcel y la violencia» ha afirmado Amnistía Internacional.

Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléfono +44 207 413 5566 o en Madrid (+ 34 91 3101277).