Estados Unidos: Un llamamiento al liderazgo en derechos humanos al avecinarse la primera ejecución federal desde 1963

El presidente Clinton puede dar un paso histórico para los derechos humanos, o permitir que su país quede aún más a la zaga del resto del mundo, donde el consenso internacional en contra de la pena de muerte no hace sino ganar terreno, ha dicho Amnistía Internacional hoy, al hacer público el Memorándum de 43 páginas sobre la pena de muerte federal que la organización envió al presidente la semana pasada.

La ejecución de Juan Raúl Garza se convertiría en la primera ejecución federal de un preso condenado a muerte que se haya realizado desde 1963. El presidente Clinton está investido de poder para conmutar su condena. Amnistía Internacional le pide encarecidamente que utilice ese poder.

«El presidente Clinton se enfrenta a una decisión que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido que tomar en casi 40 años», explica Amnistía Internacional. «En estos momentos, en los que tanto nacional como internacionalmente existe una preocupación sin precedentes por la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, el presidente debe poner fin a la pena capital federal antes de que comience a producir muertes.»

Además de pedir el indulto para Juan Raúl Garza, Amnistía Internacional desea que el presidente Clinton, como mínimo, declare la suspensión de todas las ejecuciones federales, vistas las recientes conclusiones del Departamento de Justicia sobre las disparidades raciales y geográficas que caracterizan la aplicación de la pena capital a nivel federal.

«Sin embargo, consideramos que el presidente debe hacer todavía algo más» -continúa Amnistía Internacional-.Debe conmutar todas las penas de los presos actualmente condenados a muerte en el sistema federal. El mensaje a la nación debe ser claro: el experimento nacional con la pena capital -cruel, brutalizador y plagado de errores- ha fracasado, y la marea a favor de la pena de muerte ha cambiado de dirección.»

Desde la investidura del presidente Clinton en 1993, casi 500 hombres y mujeres han sido ejecutados en 29 estados del país. Esta cifra representa más del 70 por ciento de todas las ejecuciones realizadas desde 1976, año en el que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la reanudación de las ejecuciones. Aunque varios estados reanudaron las ejecuciones en 1977, el gobierno federal no reintrodujo la pena capital en el sistema federal hasta 1988, y seguidamente, violando las normas internacionales, amplió de forma extraordinaria su ámbito de aplicación mediante legislación firmada por el presidente Clinton en 1994.

«El gobierno federal lleva demasiado tiempo haciendo la vista gorda ante el homicidio judicial que se practica a nivel estatal en el país», dice Amnistía Internacional. «La programada ejecución de Juan Raúl Garza, sin embargo, es uno de los casos en los que no puede tratar de eludir su plena responsabilidad.»

La oposición a la reanudación de las ejecuciones federales ha ido creciendo desde septiembre, mes en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los resultados de su examen de la aplicación de la pena de muerte en el sistema federal de justicia. El Memorándum de Amnistía Internacional examina las conclusiones del Departamento de Justicia, y llega a la conclusión de que, tal como ocurre en los estados, la facultad de los fiscales locales para decidir si pedir o no la pena de muerte en cada caso particular parece ser la causa de las disparidades.

«Las propias estadísticas del gobierno proporcionan aún más pruebas de que la pena de muerte federal padece las mismas características "de lotería" que afectan como la plaga al sistema de justicia a nivel estatal -añade Amnistía Internacional-. Permitir que continúen las ejecuciones federales a sabiendas de que el sistema puede estar teñido de arbitrariedades y discriminación sería cometer un acto sin escrúpulos.»

El Memorándum también ilustra con casos las otras formas en que la pena de muerte federal parece reflejar la aplicación que se le da en los estados. Se destacan aspectos como la inadecuada asistencia letrada, la confusión de los jurados respecto al proceso condenatorio, y los casos de ciudadanos extranjeros privados de sus derechos consulares.

El gobierno de Estados Unidos ha comunicado a Amnistía Internacional «su inalterable oposición» a cualquier aplicación injusta de la pena de muerte. «Es hora, pues, de que el gobierno demuestre que habla en serio», insiste la organización.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 1992, cuando era gobernador de Arkansas, Bill Clinton se negó a detener la ejecución de un preso con una grave lesión cerebral. Lo que hay que preguntarse ahora es ¿puede el presidente Clinton demostrar que los tiempos han cambiado en Estados Unidos? ¿O dejará que la historia recoja que acabó su periodo presidencial de la misma forma que lo inició, permitiendo una ejecución que separa aún más a su país de las normas internacionales de justicia y dignidad humanas?


Información general

En Estados Unidos hay más de 3.600 presos condenados a muerte por haber violado la legislación estatal que aplica esa pena. En la actualidad hay también unos 21 presos condenados a la pena de muerte en el sistema federal, es decir por haber violado la legislación federal con pena capital promulgada por los presidentes Reagan y Clinton. La última persona ejecutada en Estados Unidos en virtud de la legislación federal fue Victor Feguer, ahorcado en Iowa en 1963.

Para obtener una copia del Memorandum to President Clinton: An appeal for human rights leadership as the first federal execution looms (AMR 51/158/00) visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org.
Si desean más información sobre el caso de Juan Raúl Garza, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566.
Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.