Actualizaciones del INFORME 2000 de Amnistía Internacional

Selección de acontecimientos ocurridos entre enero y mayo del 2000

Actualización sobre África

Selección de acontecimientos ocurridos en África entre enero y mayo del 2000

ANGOLA/NAMIBIA

La extensión a Namibia de la guerra civil angoleña llevó a una grave escalada de los abusos contra los derechos humanos en las zonas fronterizas. Los soldados namibios y angoleños cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos en la zona de la frontera tras la decisión del gobierno namibio de permitir a las tropas de Angola operar desde Namibia contra UNITA, la oposición armada angoleña. Los investigadores de Amnistía Internacional recibieron testimonios e informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en Angola por las Fuerzas Armadas Angoleñas. Las Fuerzas de Seguridad Namibias, incluida la Fuerza Especial de Campaña, también cometieron violaciones de derechos humanos contra la población. Según informes, los detenidos eran golpeados y torturados y los soldados de las Fuerza Especial de Campaña golpeaban de forma sistemática a los civiles a los que daban el alto para realizar controles de identidad.

BURUNDI

Tanto las fuerzas gubernamentales como sus opositores armados cometieron nuevos abusos en el contexto del conflicto armado. La lucha se intensificó en el sur, y provocó el desplazamiento de más civiles. Según informes, al menos cuatro personas fueron golpeadas hasta la muerte por soldados y gendarmes durante una operación de registro en el campo de «reagrupamiento» forzoso de Kavumu el 7 de mayo, y otra persona «desapareció» tras ser llevada a un puesto militar cercano. Los habitantes del campo habían intentado impedir que los soldados robasen sus pertenencias. Varias personas detenidas durante el mismo incidente fueron, según informes, maltratadas en un centro de la gendarmería en Bujumbura.

CAMERÚN

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, que había visitado Camerún en mayo de 1999, publicó un informe que confirmaba que la tortura y los malos tratos constituían una práctica sistemática y generalizada en los calabozos de la policía y la gendarmería. El informe incluía un largo catálogo de casos individuales de tortura y malos tratos. En muchos de los lugares que visitó, el relator especial se entrevistó con detenidos que presentaban heridas y lesiones que sólo podían haber sido causadas por torturas recientes. El informe del relator especial reforzaba muchas de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional para poner fin a la práctica de la tortura. La organización de derechos humanos pidió al gobierno que respondiera emprendiendo acciones enérgicas e inmediatas para terminar con la tortura.

CUERNO DE ÁFRICA

Con el fracaso de las conversaciones de paz, la frontera bélica entre Etiopía y Eritrea se restableció en mayo del 2000. Hubo numerosas bajas y se produjo el desplazamiento masivo y la huida de civiles eritreos cuando Etiopía atacó a las fuerzas eritreas y las hizo retroceder hasta más allá de la frontera. En otros lugares del Cuerno de África se cometieron nuevos abusos contra los derechos humanos vinculados con los conflictos armados en el interior de Etiopía, donde hubo también otra grave hambruna, y con la guerra civil de Sudán. En Yibuti comenzó una nueva conferencia de paz somalí y hubo un acuerdo de paz en febrero entre el gobierno de Yibuti y su oposición armada, que tuvo como resultado la liberación de presos políticos y prisioneros de guerra y una promesa de reforma democrática. En Etiopía se celebraron elecciones en mayo, y los partidos de oposición consiguieron varios escaños.

En Sudán la guerra se intensificó en las zonas de extracción petrolera de la parte occidental de Alto Nilo y se recibieron informes de violaciones de derechos humanos masivas contra la población civil. Riek Machar, una de las figuras clave del acuerdo de paz de Jartum de 1997 y ministro para los Estados del Sur, dimitió de su cargo en enero y regresó al sur de Sudán para combatir a las fuerzas del gobierno. El estado de sitio dictado en diciembre del año pasado se amplió, y el Consejo Nacional se disolvió.

LIBERIA

En marzo el gobierno de Liberia clausuró la emisora de radio independiente Star Radio y también Radio Veritas, financiada por la iglesia católica. Las dos desempeñan un papel clave en la información sobre las violaciones de derechos humanos en Liberia. Esta campaña de represión contra los medios de comunicación fue un anuncio de la represión que iban a sufrir los defensores de los derechos humanos.

NIGERIA

En marzo se produjo la primera amputación judicial tras la extensión en enero de la jurisdicción de los tribunales de la shari'a (ley islámica) y la introducción de penas más duras en el estado de Zamfara, en el norte del país. Según informes, en abril la policía mató al menos a siete personas e incendió viviendas durante el ataque a un pueblo en Ogonilandia; varios agentes de policía resultaron heridos. Ledum Mitee, jefe del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, absuelto en el juicio que tuvo como resultado la ejecución de Ken Saro-Wiwa y otros ocho ogonis en 1995, estuvo detenido brevemente junto con otras 15 personas, aproximadamente. Después todas ellas fueron puestas en libertad en espera de juicio por cargos que oscilan entre el intento de asesinato y el incendio provocado. No se realizaron investigaciones independientes sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y malos tratos por las fuerzas de seguridad en diversos incidentes ocurridos en los años 1999 y 2000.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Todas las partes implicadas en el conflicto de la República Democrática del Congo siguieron dando muerte a civiles. La mayoría de los homicidios denunciados se atribuyeron a grupos armados y fuerzas de los gobiernos de Burundi, Ruanda y Uganda en el este de la República Democrática del Congo. Varias decenas de civiles murieron durante los combates que estallaron en mayo y junio entre tropas ruandesas y ugandesas en Kisangani. La tortura y los malos tratos eran una práctica habitual en los centros de detención. Entre los torturados por las fuerzas del gobierno de la República Democrática se encontraba el periodista Freddy Loseke, condenado por un tribunal militar a tres años de prisión en mayo y al que Amnistía Internacional consideraba preso de conciencia. Las torturas infligidas por fuerzas del Congo y por fuerzas de gobiernos extranjeros opuestos al presidente Kabila también era sistemática y generalizada. Continuaron los informes sobre detenidos que «desaparecieron» mientras estaban bajo custodia tanto de las fuerzas del gobierno de la República Democrática del Congo como de sus opositores armados. Algunos de los «desaparecidos» habían sido detenidos por tropas ruandesas en el este del país y, según los informes, habían sido llevados a Ruanda. Se aplicó la pena de muerte, y entre las al menos 20 personas ejecutadas por el gobierno en enero se encontraba un niño soldado de 14 años de edad. El grupo armado de oposición RCD-Goma también ejecutó a personas a las que su corte marcial había declarado culpables de delitos violentos; entre ellas se encontraba un niño soldado de 15 años.

RUANDA

La tensión política aumentó después de que varios altos cargos del gobierno dimitieron o fueron obligados a abandonar su puesto. Entre ellos se encontraban Célestin Rwigema, que dimitió como primer ministro en febrero, y Pasteur Bizimungu, que dimitió como presidente en marzo (en abril fue sustituido por Paul Kagame, ex vicepresidente y considerado desde hace mucho tiempo como la auténtica autoridad política de Ruanda). En enero, Joseph Sebarenzi Kabuye se vio obligado a dimitir de su cargo de presidente de la Asamblea Nacional y, temiendo por su seguridad, huyó al extranjero.

En febrero, cinco ruandeses que habían buscado refugio en Burundi y Tanzania fueron devueltos a Ruanda, al parecer a petición de las autoridades ruandesas. Según parece, las autoridades de Ruanda sospechaban que algunos, si no todos, habían ayudado a Joseph Kabuye a huir. Amnistía Internacional expresó su preocupación por esta violación, por parte de las autoridades de Tanzania y Burundi de las normas internacionales relativas a la protección de los refugiados, y pidió a las autoridades ruandesas que garantizaran la seguridad de esos cinco hombres, que permanecen recluidos bajo custodia militar.

En abril, Amnistía Internacional publicó el documento Ruanda: El difícil camino de la justicia, un informe que detallaba las preocupaciones de la organización respecto a una serie de asuntos relacionados con la justicia y las detenciones, como la detención prolongada sin juicio previo, las condiciones inhumanas de reclusión, la tortura y los malos tratos, las detenciones arbitrarias y las detenciones ilegales. En las prisiones y centros de detención de Ruanda permanecen recluidas unas 125.000 personas, la gran mayoría de las cuales están acusadas de actos de genocidio.

SIERRA LEONA

En el año 2000 continuaron los homicidios, las violaciones y los secuestros de civiles a manos de las fuerzas rebeldes del Frente Revolucionario Unido, especialmente en el Distrito de Port Loko, Provincia del Norte. La situación política y de seguridad de Sierra Leona se deterioró aún más a principios de mayo, cuando las fuerzas rebeldes capturaron a 500 soldados de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU y avanzaron hacia Freetown. Las hostilidades entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas aliadas del gobierno se reanudaron. La nueva inseguridad dio lugar a nuevos abusos contra civiles, y se recibieron informes de homicidios, violaciones, mutilaciones y secuestros en las zonas en torno a Masiaka y el Distrito de Port Loko. La violación siguió siendo una práctica sistemática en las zonas bajo el control de las fuerzas rebeldes, incluida la ciudad de Makeni. Miles de personas huyeron de sus hogares para escapar de la violencia, con lo que el número ya depor sí muy elevado de desplazados internos aumentó aún más. Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que garantizara que la protección de los derechos humanos ocupaba un lugar esencial en sus esfuerzos por responder a la crisis. En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU fechada el 8 de mayo, la organización pidió que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMSIL tuvieran un mandato más claro respecto a proteger en todo momento los derechos humanos de toda la población civil. También pidió una vez más al Consejo de Seguridad que actúe con firmeza para poner fin a la impunidad. Amnistía Internacional instó al Consejo de Seguridad a aplicar el embargo existente de armas a las fuerzas rebeldes para impedir que reciban ayuda militar, y pidió al Comité de Sanciones a Sierra Leona del Consejo de Seguridad que investigue la manera en la que se utiliza el comercio internacional de diamantes procedentes de las zonas controladas por los rebeldes para comprar armas para esas mismas fuerzas rebeldes.

Tras la detención del líder del Frente Revolucionario Unido, Foday Sankoh, en Freetown el 17 de mayo, Amnistía Internacional reiteró sus llamamientos para que todos los responsables de cometer abusos contra los derechos humanos sean llevados ante la justicia, en procesos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal y en los que no se imponga la pena de muerte.

Dos delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Sierra Leona, en marzo y en mayo. Investigaron los constantes abusos contra los derechos humanos y se reunieron con una amplia variedad de autoridades del gobierno y de la ONU y con organizaciones no gubernamentales.

TOGO

Continuó el silenciamiento sistemático de quienes defienden los derechos humanos. En abril Hippolyte Agboh, director de un semanario togolés independiente, l'Exilé, fue encarcelado, y Lucien Messan, director de Le Combat du Peuple, se vio obligado a ocultarse para no ser detenido. Otros periodistas, entre ellos Roland Kpagli Comlan, director de L'Aurore, y Vigno Koffi Hounkanly, director de Crocodile, se ocultaron debido a un bien fundado temor a ser perseguidos. Koumoyi Kpelafia y Hanif Tchadjobo, líderes de la organización estudiantil Consejo de Estudiantes de la Universidad de Benín, fueron detenidos arbitrariamente los días 3 y 10 de abril del 2000, respectivamente. Permanecen recluidos en la prisión civil de Lomé por cargos penales, pero Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. Los otros líderes del Consejo de Estudiantes están escondidos o han huido del país.

ZIMBABUE

La situación de los derechos humanos se deterioró rápidamente después de que una nueva Constitución respaldada por el gobierno fue rechazada en un referéndum el 12 y 13 de febrero. Desde marzo, la violencia por motivos políticos fue en aumento, especialmente en las zonas rurales. Esa violencia estaba encabezada por los «veteranos de guerra» y por otros seguidores del partido en el poder, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, así como por jóvenes desempleados pagados por el propio partido. Empezaron a atacarse granjas comerciales, cuyos propietarios y trabajadores fueron agredidos, acosados y, en algunos casos, asesinados. A pesar de que los tribunales dictaminaron que esas «invasiones de granjas» eran ilegales, los ataques continuaron, con el claro respaldo de altos cargos del gobierno. Las siguientes víctimas fueron los defensores de los derechos humanos, los activistas de partidos de oposición, las personas que se dedicaban a informar a los votantes y otras personas aparentemente agredidas por su apoyo o supuesto apoyo a los partidos de oposición, especialmente el Movimiento por el Cambio Democrático. La policía no intervino para impedir los abusos y proteger a las víctimas. A principios de junio, unas 30 personas, en su mayoría simpatizantes de partidos de oposición, habían muerto en incidentes violentos de motivación política. Esos abusos dieron lugar a una atmósfera generalizada de temor e intimidación, que limitaba el derecho a la libertad de reunión, asociación, circulación y expresión y constituía una seria amenaza a la celebración de unas elecciones parlamentarias libres y justas, previstas para el 24 y 25 de junio.


Actualización sobre América

Selección de acontecimientos ocurridos en América entre enero y mayo del 2000

ARGENTINA

A consecuencia del abuso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Buenos Aires el 19 de abril y en la provincia de Salta el 12 de mayo, decenas de personas resultaron heridas por balas de goma, fueron golpeadas o sufrieron las secuelas del gas lacrimógeno. Al menos una persona sufrió una herida grave de bala. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que la investigación iniciada sobre esos casos sea exhaustiva, independiente y concluyente, y que determine si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han respetado las normas internacionales.

Las personas que trabajan en favor de los niños que «desaparecieron» durante el gobierno militar, recibieron amenazas; entre los amenazados se encontraban la juez encargada de la investigación y varios miembros de su equipo.

BAHAMAS

David Mitchell fue ejecutado el 6 de enero. El condenado a muerte John Higgs se suicidó el día antes de la fecha prevista para su ahorcamiento. Los refugiados haitianos seguían siendo devueltos a su país sin garantías de que a su regreso no sufrirían abusos contra los derechos humanos.

BOLIVIA

Tras las manifestaciones celebradas en varias ciudades, el 8 de abril se declaró el estado de sitio, y mientras estuvo en vigor se recibieron informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Esas violaciones incluyeron el exilio interno de sindicalistas, la detención ilegal de cuatro menores (tres de los cuales fueron torturados), y el acoso policial contra dirigentes sindicales y comunitarios y sus familias. Cinco personas murieron y al menos cuarenta resultaron heridas durante los violentos enfrentamientos que estallaron en Cochabamba y La Paz. Los periodistas que informaron sobre esos incidentes recibieron amenazas de muerte. Tras levantarse el estado de sitio el 20 de abril, las autoridades anunciaron el inicio de investigaciones sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional está observando muy de cerca el progreso de esas investigaciones

CHILE

El 2 de marzo del 2000, Augusto Pinochet regresó a Chile cuando el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió interrumpir por motivos de salud su procedimiento de extradición a España. El mismo día de su regreso, siete abogados de derechos humanos presentaron una petición ante los tribunales civiles para que se iniciaran procedimientos destinados a retirarle la inmunidad como senador vitalicio. La vista judicial sobre la cuestión de la inmunidad se celebró ante la Corte de Apelaciones de Santiago en abril. Se espera que el fallo se anuncie entre el 24 de mayo y la primera semana de junio.

El presidente Ricardo Lagos, que ocupó su cargo en marzo del 2000, ha declarado repetidamente que durante su gobierno se garantizará la independencia del poder judicial.

COLOMBIA

La crisis de derechos humanos se agravó aún más, con un aumento de los desplazamientos forzosos de comunidades enteras y mientras los abusos a manos de organizaciones paramilitares respaldadas por el ejército y de grupos armados de oposición continuaban en una atmósfera de impunidad. El homicidio en mayo, aparentemente a manos de paramilitares, del activista de derechos humanos Ramiro Zapata indicó hasta qué punto los defensores de los derechos humanos continuaban en peligro. El gobierno de Colombia ha seguido sin poner en práctica las recomendaciones de las Naciones Unidas respecto a abordar la situación de los derechos humanos, recomendaciones que incluyen medidas decididas para poner fin a la impunidad, desmantelar las estructuras paramilitares y garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos.

CUBA

Los presos de conciencia Félix A. Bonne Carcasés y Marta Roque, que cumplían condenas por cargos de «sedición», quedaron en libertad en mayo.

ECUADOR

En enero, las manifestaciones masivas llevadas a cabo por grupos indígenas, organizaciones de base y sindicatos dieron lugar al derrocamiento del presidente Jamil Mahuad y a la creación de una Junta compuesta por tres miembros. La Junta se disolvió al cabo de unas horas y el entonces vicepresidente, Gustavo Noboa, se hizo cargo de la presidencia del país. A causa de esos acontecimientos, más de doscientos militares se encuentran en espera de ser juzgados ante tribunales militares por cargos que incluyen, entre otros, los de atentado contra la seguridad nacional, rebelión e insubordinación. A mediados de mayo, el Congreso aún no había sometido a deliberación un proyecto de ley presidencial que pedía una amnistía para todos los militares. Cuatro civiles, entre los que se encuentran dos ex miembros de la Junta y dos ex congresistas, y tres policías se enfrentan también a cargos ante tribunales civiles y policiales, respectivamente, por respaldar el levantamiento.

ESTADOS UNIDOS

En contra de lo dispuesto por las normas internacionales, tres presos fueron ejecutados en enero del 2000 por delitos que habían cometido cuando eran menores de 18 años. Hasta el momento, éstas son las únicas ejecuciones de menores de las que se ha tenido noticia en el año 2000. Está previsto que otro menor, Gary Graham, sea ejecutado el 22 de junio en Texas por un asesinato que cometió cuando tenía 17 años.

En mayo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas examinó el primer informe periódico presentado por Estados Unidos en relación con la Convención contra la Tortura y puso de manifiesto diversos motivos de preocupación, entre los que se encontraban la tortura y los malos tratos infligidos por policías y guardias de prisiones, los abusos sexuales contra presas por parte de guardias, la práctica de encadenar a presos en grupo y el «régimen excesivamente duro» de las prisiones de supermáxima seguridad. En sus recomendaciones, el Comité pidió, entre otras cosas, al gobierno estadounidense que retire sus reservas a la Convención, ya que en la práctica limitan su ámbito de aplicación en Estados Unidos, que prohíba el uso de cinturones paralizantes de electrochoque y sillas de inmovilización y que deje de encarcelar a menores junto con adultos.

GUATEMALA

Por fin, la impunidad imperante respecto a las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado ha empezado a abordarse mediante iniciativas internacionales sin precedentes y en los tribunales guatemaltecos. En marzo, la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra oficiales de alta graduación de Guatemala por delitos reconocidos como tales por el derecho internacional, como el genocidio. Posteriormente, Rigoberta Menchú fue acusada de traición por la presentación de esa querella. En mayo, los miembros de comunidades indígenas que habían sufrido violaciones masivas de derechos humanos durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) presentaron ante los tribunales guatemaltecos una querella contra éste y contra otras autoridades de su gobierno. La querella se presentó en una conferencia sobre la impunidad promovida, entre otros, por Amnistía Internacional.

HAITÍ

La violencia ha ido en aumento a medida que se aproximaban las elecciones, previstas ahora para el 21 de mayo. Entre los sucesos más recientes se encuentran el secuestro, durante doce días, de un candidato electoral y el asesinato de un alto cargo de un partido (el 25 de abril) y de uno de los periodistas más destacados de Haití (el 3 de abril); el funeral de este último vino seguido de serios disturbios. En marzo, según los informes, al menos seis personas murieron durante los disturbios en los que derivaron las manifestaciones callejeras.

PERÚ

El 9 de abril se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en medio de denuncias generalizadas de fraude contra el presidente Alberto Fujimori y su gobierno. Puesto que ninguno de los candidatos a la presidencia obtuvo la mayoría absoluta en esa primera vuelta, estaba previsto que el 28 de mayo se celebrara una segunda vuelta entre el presidente Fujimori y Alejandro Toledo. Durante el proceso electoral, Amnistía Internacional recibió informes sobre intimidaciones y acoso a periodistas y dirigentes de la oposición.

URUGUAY

El presidente Jorge Batlle, que ocupó su cargo en marzo, se ha comprometido a resolver los casos de las personas que «desaparecieron» durante los gobiernos militares, entre 1973 y 1985. Durante las primeras semanas de Batlle en el cargo, el poeta argentino Juan Gelman pudo reunirse con su nieta, nacida en 1976 y «desaparecida» ese mismo año junto con su madre, a la que detuvieron en Uruguay. En mayo, Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por estos primeros pasos e instó al presidente Batlle a garantizar que se esclarecerá la suerte que corrieron todas las víctimas, que los responsables comparecerán ante la justicia y que las víctimas y sus familiares recibirán una compensación.

Actualización sobre Asia y Oceanía

Selección de acontecimientos ocurridos en Asia y Oceanía entre enero y mayo del 2000

AUSTRALIA

El gobierno australiano anunció en marzo su intención de revisar su participación en el sistema de comités de las Naciones Unidas. Ese anuncio reflejaba una falta de voluntad política de hacer frente a los problemas nacionales de derechos humanos y de cumplir las normas internacionales.

BUTÁN/NEPAL

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados, Sadako Ogata, anunció en mayo que los gobiernos de Bután y Nepal habían accedido a iniciar un proceso de verificación que facilitara la repatriación de decenas de miles de refugiados butaneses que llevan casi una década viviendo en campos de refugiados en el este de Nepal.

CHINA

Los seguidores de Falun Gong continuaron protestando pacíficamente por la prohibición del grupo. Centenares de ellos fueron detenidos desde enero tras protestas silenciosas y manifestaciones en la plaza de Tiananmen. También continuaron la detención y el procesamiento de activistas en favor de la democracia y de los derechos laborales, y al menos cuatro miembros del Partido Democrático Chino fueron condenados a penas de hasta diez años de prisión por «subversión».

Una vez más, a pesar del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, China escapó a la censura en el periodo de sesiones de abril de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU mediante el bloqueo del debate de una resolución presentada por Estados Unidos en la que se criticaba el historial chino de derechos humanos. Al mes siguiente, el Comité contra la Tortura de la ONU formuló una serie de aplaudidas recomendaciones respecto a China. Sin embargo, el Comité no abordó la práctica generalizada de la tortura durante la detención secreta o en régimen de incomunicación ni los casos de muertes bajo custodia a consecuencia de torturas.

FILIPINAS

El conflicto armado fue en aumento en Mindanao, en el sur de Filipinas. En marzo, Abu Sayyaf, uno de los grupos armados separatistas islámicos que actúan en la región, tomó como rehenes a un grupo de cincuenta filipinos compuesto por escolares, maestros y un sacerdote en la isla de Basilan. Más de veinte rehenes fueron liberados, pero 27 permanecieron retenidos hasta mayo, cuando el ejército, en sus asaltos contra los escondites de Abu Sayyaf, consiguió rescatar a 15. Seis de los rehenes, entre ellos el sacerdote, fueron asesinados por Abu Sayyaf cuando el ejército se acercó. No se sabe nada de los nueve restantes.

En abril, otra unidad de Abu Sayyaf tomó como rehenes a 21 turistas extranjeros y empleados del complejo turístico de la isla de Sipadan, en Malaisia, y los llevó en barco a la isla filipina de Jolo. Amnistía Internacional pidió al grupo armado que los liberara a todos.

Mientras tanto, el conflicto armado en el centro de Mindanao entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Moro de Liberación Islámica se intensificó y, a finales de abril, el Frente Moro anunció que se retiraba de las negociaciones de paz. Se calcula que más de 200.000 civiles se han visto obligados a desplazarse dentro del país desde que estalló la lucha en marzo.

En una decisión muy satisfactoria, el presidente Joseph Estrada anunció en abril que no se ejecutaría a nadie en el resto del año. Amnistía Internacional manifestó su esperanza de que esta suspensión de las ejecuciones llevase al Congreso a dictar una ley de abolición de la pena de muerte.

INDONESIA

Los activistas de derechos humanos de Aceh se convirtieron cada vez con más frecuencia en víctimas de ataques que les impedían desempeñar su trabajo y que obligaron a algunos de ellos a ocultarse. La labor de estos activistas en defensa de los derechos humanos los convertía en blanco de «desapariciones», detenciones arbitrarias, acoso e intimidación.

En mayo, el gobierno de Indonesia firmó un acuerdo con el Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) que se esperaba preparase el camino para las conversaciones de paz y pusiera fin a la violencia. En un caso que marcó un hito, 23 soldados y un civil fueron acusados del homicidio de un clérigo musulmán y 56 de sus seguidores. Éste ha sido el primero de cinco casos similares de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército que se han llevado ante los tribunales. A pesar de estos esfuerzos para que se haga justicia, los altos mandos del ejército que ordenaron los homicidios no han sido procesados.

Pese a las recomendaciones de la ONU para que los responsables de la crisis de derechos humanos que estalló en Timor Oriental el año pasado sean procesados por un tribunal internacional, Indonesia continúa llevando a cabo sus propias investigaciones en un sistema judicial débil y corrupto. Los refugiados de Timor Oriental siguen expuestos a la intimidación y el acoso de los grupos de las milicias en los campos de Timor Occidental, lo cual mina sus perspectivas de una repatriación voluntaria.

ISLAS SALOMÓN

La violenta tensión étnica entre las milicias locales de la isla principal, Guadalcanal, y los habitantes de la vecina provincia de Malaita ha ido en aumento, con más de cincuenta muertes en los últimos doce meses, según indican los informes. En mayo se informó de dos decapitaciones en Honiara; al parecer, se trató de sendos homicidios en venganza atribuidos al Movimiento de Libertad de Isatabu (Guadalcanal) y a la Fuerza Águila de Malaita, grupo paramilitar no autorizado respaldado por algunos miembros de la policía.

También en mayo, en las conversaciones de paz, todos los bandos acordaron que la entrega incondicional de las armas por parte de todos los grupos de las milicias es un requisito previo para la paz y para que el gobierno escuche las peticiones de compensación.

MALAISIA

El gobierno de Malaisia continuó aplicando de forma selectiva y por motivos políticos leyes restrictivas para acusar a periodistas, editores y miembros destacados de partidos de oposición; entre ellos se encontraba Karpal Singh, abogado defensor del ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim.

En marzo, el ex director general de la policía Abdul Rahim Noor fue declarado culpable de la paliza que recibió el ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim mientras estaba bajo custodia policial en 1998. Abdul Rahim Noor fue condenado a dos meses de prisión, pero quedó en libertad bajo fianza en espera del resultado de la apelación. Amnistía Internacional reiteró su preocupación porque seguían sin investigarse las decenas de incidentes de brutalidad policial en Malaisia y sus responsables seguían sin comparecer ante la justicia.

Los manifestantes pacíficos que protestaban por el encarcelamiento de Anwar Ibrahim y pedían que se introdujeran reformas políticas en Malaisia siguieron sufriendo agresiones violentas por parte de la policía tanto en el momento de la detención como mientras permanecían recluidos en calabozos policiales.

MYANMAR

El gobierno militar intensificó su represión contra la Liga Nacional para la Democracia. Decenas de miembros de este partido fueron detenidos, según los informes en anticipación de un posible aumento de la actividad política con motivo del décimo aniversario de la victoria de la Liga en las elecciones del 27 de mayo de 1990.

PAKISTÁN

En abril del 2000, el ex primer ministro Nawaz Sharif fue condenado a cadena perpetua tras ser acusado de secuestro aéreo. Los otros seis individuos acusados con él fueron absueltos, pero cuatro de ellos siguieron recluidos por cargos de corrupción, y los otros dos en virtud de una orden de un mes de reclusión en aplicación de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público. Nawaz Sharif apeló contra la declaración de culpabilidad y la condena.

El nuevo gobierno presentó su política de derechos humanos en una Convención sobre Derechos Humanos y Dignidad celebrada en Islamabad a finales de abril. Dicha política incluía reformas de la policía y de las prisiones, el fin del trabajo cautivo, la creación de una comisión de derechos humanos y una comisión sobre los derechos de la mujer, cambios en el procedimiento de aplicación de la Ley sobre la Blasfemia para impedir que se abusara de ella y garantías de que los homicidios por motivos de honor serían tratados como asesinatos por el sistema de justicia penal. En mayo, los cambios de procedimiento de la presentación de cargos por blasfemia fueron retirados a raíz de las protestas de los grupos integristas musulmanes.

VIETNAM

Al menos dos presos de conciencia quedaron en libertad en una amplia amnistía concedida a finales de abril. Siguieron imponiéndose y ejecutándose condenas de muerte, a pesar de la reciente reducción del número de delitos punibles con la pena capital.

Actualización sobre Europa

Selección de acontecimientos ocurridos en Europa entre enero y mayo del 2000

CHECHENIA

En una visita realizada al país en marzo, la organización documentó informes sobre el uso, durante el conflicto, de los siguientes métodos de tortura en los «campos de filtración»: violación de detenidos (hombres, mujeres y niños), aplicación de descargas eléctricas, uso de gas lacrimógeno, golpes con martillos o palos, o métodos como cortar los dientes a los detenidos con una sierra o golpearles simultáneamente en los dos oídos para reventarles los tímpanos.

En abril, Amnistía Internacional pidió que las Naciones Unidas nombraran una comisión de investigación internacional que contara con los recursos necesarios y ofreciera las debidas garantías para llevar a cabo un proceso exhaustivo, independiente y transparente de recopilación sistemática de pruebas.

ESPAÑA

El final de la tregua indefinida de ETA, que el grupo armado vasco ya había anunciado el pasado mes de noviembre, se tiñó de sangre con la muerte en enero de un oficial del ejército, Pedro Antonio Blanco García. A este atentado le siguieron otros tres asesinatos más, incluido el de José Luis López de Lacalle, periodista, pacifista y ex preso político durante el gobierno del general Franco; la muerte de López de Lacalle formaba parte de una campaña creciente de ETA contra los periodistas. Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente y sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por este grupo armado. En abril, la Audiencia Nacional condenó al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga a 71 años de prisión cada uno por el secuestro y asesinato, en 1983, de dos miembros de ETA: José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Otros tres acusados fueron condenados a penas de entre 67 y 69 años de prisión.

ITALIA

En abril del 2000 se dictaron las primeras condenas en relación con las denuncias que indicaban que miembros de las fuerzas armadas italianas habían torturado, maltratado y matado ilegítimamente a somalíes en 1993 y 1994, mientras participaban en una operación multinacional de mantenimiento de la paz. Un ex paracaidista fue condenado a una pena condicional de dieciocho meses de prisión por abuso de autoridad, y es posible que tenga que pagar treinta millones de liras a la víctima, un somalí al que habían fotografiado en el momento en el que los soldados le aplicaban electrodos en el cuerpo. Un segundo acusado recibió una condena menor tras llegarse a un acuerdo sobre la pena.

KIRGUIZISTÁN

En marzo, el Departamento de Estado estadounidense puso en duda el compromiso de Kirguizistán para con la democracia después de que, según los informes, unos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abusaron de la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos que protestaban por las irregularidades en las elecciones parlamentarias de febrero y marzo. Dichas elecciones fueron enérgicamente criticadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La detención, presuntamente por motivos políticos, de Felix Kulov, presidente del partido de oposición Ar-Namys y ex ministro de Seguridad Nacional, dio lugar a nuevas manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

PORTUGAL

En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU, tras examinar el tercer informe periódico de Portugal, expresó su preocupación por las muertes y los malos tratos de civiles atribuidas a la policía que seguían produciéndose en el país. Esta cuestión se puso de manifiesto con la muerte de dos hombres, Álvaro Rosa Cardoso y Paulo Silva, causada al parecer por las brutales palizas que les propinó la policía. La decisión de un juez de detener a dos agentes en relación con la muerte de Cardoso, de etnia romaní, dio lugar a enérgicas protestas callejeras por parte de agentes de policía de todo Portugal. A Amnistía Internacional le preocupaban los informes que indicaban que algunos de los policías habían amenazado de muerte al juez.

SUIZA

La vista de la apelación del criminal de guerra convicto Fulgence Niyonteze se celebró en mayo. Niyonteze, ex miembro del gobierno local de Ruanda, había sido condenado a cadena perpetua en 1999 después de que un tribunal militar de Lausanne lo declaró culpable de una serie de delitos que incluían el asesinato, la incitación al asesinato y crímenes de guerra en el contexto del genocidio de Ruanda de 1994.

TAYIKISTÁN

Dilfuza Numonova, de 21 años de edad, fue condenada a muerte el 18 de enero, y Khakimbek Khomidov, de 22 años, lo fue el 30 de marzo. Dilfuza Numonova declaró que había confesado la autoría del asesinato por el que fue condenada porque la habían coaccionado. También aseguró que en la cárcel la habían obligado a abortar. Según las leyes de Tayikistán, una mujer encinta no puede ser ejecutada.

TURKMENISTÁN

El 25 de febrero, Nurberdi Nurmamedov, copresidente del movimiento de oposición Agzybirlik, fue detenido y condenado a cinco años de prisión por unos cargos que Amnistía Internacional cree que consistían exclusivamente en criticar de forma pacífica al presidente.

TURQUÍA

El gobierno turco de coalición decidió el 12 de enero del 2000 acceder a la petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y retener el expediente de Abdullah Öcalan en la Oficina del Primer Ministro, en lugar de pasarlo al Parlamento y a la Comisión Judicial parlamentaria para que se tomara una decisión definitiva sobre su ejecución. El gobierno turco anunció que revisaría esa decisión si el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) retomaba la violencia. La condena de muerte de Abdullah Öcalan había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones el 25 de noviembre.

El 28 de marzo, el ex presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, Ak_n Birdal, volvió a ser encarcelado a pesar del informe médico que advertía de que las lesiones que sufría ponían en peligro su vida. Amnistía Internacional volvió a adoptar a este hombre como preso de conciencia, encarcelado por la expresión pacífica de sus opiniones, e hizo campaña para que fuera puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Tras permanecer cerrada durante casi tres años, la oficina de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía en Diyarbakir pudo abrirse de nuevo el 19 de abril. Tan sólo 23 días después, la oficina fue cerrada de nuevo durante tres meses.

El 19 y 20 de febrero, tres alcaldes de ciudades kurdas fueron secuestrados en pleno día y recluidos en la Comandancia de la Gendarmería de Diyarbakir, donde sufrieron torturas y malos tratos. Quedaron en libertad el 28 de febrero en espera de ser juzgados por los cargos de apoyar al PKK que les han imputado.

El 17 de enero, las fuerzas de seguridad turcas lanzaron una operación contra el grupo integrista islámico Hezbolá y detuvieron a centenares de presuntos miembros. Posteriormente, se exhumaron unos sesenta cadáveres que, según se dijo, pertenecían a personas secuestradas o asesinadas por el grupo integrista. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre estas muertes. Los informes indicaban que Hezbolá había actuado en connivencia con sectores de las fuerzas de seguridad turcas en su lucha contra el PKK. A Amnistía Internacional le preocupaba que algunos de los detenidos en la redada contra Hezbolá permanecieran recluidos de forma ilegal durante periodos prolongados, en los que corrían peligro de ser torturados o maltratados.

UZBEKISTÁN

Seis hombres condenados a muerte por su participación en los ataques con explosivos perpetrados en febrero de 1999 en Tashkent fueron ejecutados en enero del 2000. Por el contrario, las condenas de muerte de los dos jóvenes músicos Arsen Arutyunyan y Danis Sirazhev fueron conmutadas por penas de quince años de prisión.

Actualización sobre Oriente Medio y el Norte de África

Selección de acontecimientos ocurridos en Oriente Medio y el Norte de África entre enero y mayo del 2000

ARABIA SAUDÍ

El 28 de marzo del 2000, Amnistía Internacional presentó un programa de acción de ámbito mundial sobre las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí. Desde entonces, se han producido dos importantes acontecimientos respecto a la situación de los derechos humanos en el país.

Durante el periodo de sesiones de marzo y abril de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno saudí anunció su compromiso de proteger y promover los derechos humanos a través de medidas cuidadosamente estudiadas englobadas en el contexto de una estrategia general de derechos humanos. El príncipe Turki bin Muhammad bin Sa'ud al Kabeer, viceministro de Asuntos Exteriores, informó a la Comisión de las medidas que había adoptado el gobierno para poner en práctica su estrategia de derechos humanos, entre las que figuraba una invitación al relator especial sobre la independencia de jueces y abogados para que visite Arabia Saudí. Las medidas incluían asimismo planes para introducir nuevas leyes que regulen la profesión jurídica y la asistencia letrada, y para crear órganos gubernamentales y nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. El gobierno saudí no ha especificado el ámbito ni el plazo para la puesta en práctica de estos planes.

Los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en Arabia Saudí han participado en un debate sin precedentes y muy estimulante sobre los derechos humanos. El debate ha oscilado desde los feroces ataques a Amnistía Internacional hasta la conversación seria y constructiva sobre la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.

ARGELIA

En mayo, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos recibieron permiso para visitar Argelia tras cuatro años de prohibición. La amnistía, basada en un acuerdo secreto, que el presidente Abdelaziz Buteflika otorgó a un número no desvelado de miembros del Ejército Islámico de Salvación (Armée Islamique du Salut - AIS) y de otros grupos suscitó honda preocupación por la posibilidad de que pudiera concedérseles la impunidad a individuos responsables de homicidios, violaciones y otros delitos graves. En mayo, Amnistía Internacional declaró que la paz no podía alcanzarse a expensas de la verdad y la justicia y basándose en la impunidad. La organización reconoció las mejoras producidas hasta el momento en la situación de los derechos humanos y pidió a las autoridades argelinas que tomaran medidas inmediatas y efectivas para garantizar que se llevaban a cabo investigaciones y que los responsables de abusos contra los derechos humanos comparecían ante la justicia.

AUTORIDAD PALESTINA

En mayo, un Tribunal de Seguridad del Estado condenó a 'Usama Hamad a tres años de prisión (que ya había cumplido) y declaró a Karima Hamad «inocente». Los dos habían sido acusados de causar la muerte de forma no intencionada al miembro de Hamas Yahya 'Ayyash en enero de 1996, con un teléfono móvil convertido en artefacto explosivo por el Servicio General de Seguridad israelí. Ambos quedaron en libertad en marzo y abril, respectivamente.

EGIPTO

El 13 de febrero, la Fiscalía General egipcia anunció que la causa de Hafez Abu Sa'ada, secretario general de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, iba a ser transferida al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción); allí, este acusado sería juzgado en virtud de un decreto militar en virtud del cual podía aplicársele una pena mínima de siete años de prisión. Posteriormente, Hafez Abu Sa'ada, que se encontraba en el extranjero cuando se anunció el cambio de tribunal, recibió garantías verbales por parte de las autoridades de que la causa no seguiría adelante, y el 10 de marzo regresó a Egipto.

En marzo, unos delegados de Amnistía Internacional asistieron como observadores al juicio de 20 presuntos miembros de la Hermandad Musulmana ante el Tribunal Supremo Militar. Amnistía Internacional considera que los 20 acusados, la mayoría de los cuales ocupan cargos destacados en órganos profesionales, son presos de conciencia, y pide que sean puestos de inmediato en libertad incondicional. Se espera que el tribunal anuncie su fallo en junio.

IRÁN

En abril concluyeron las elecciones parlamentarias. Los candidatos «reformistas» obtuvieron la mayoría de los escaños.

En febrero, el ex director de las fuerzas oficiales encargadas de hacer cumplir la ley en Teherán fue juzgado, junto con 19 policías, por las denuncias de malos tratos a estudiantes por parte de las fuerzas oficiales del orden durante la redada llevada a cabo en unas residencias estudiantiles en julio de 1999. Las condenas de muerte impuestas a cuatro estudiantes en relación con las manifestaciones de julio de 1999 fueron anuladas y conmutadas por penas de prisión.

El 2 de mayo dio comienzo el juicio contra 13 judíos iraníes acusados de «espiar para Israel». Amnistía Internacional expresó su preocupación por la posibilidad de que el juicio no ofreciera las debidas garantías, pidió que las vistas fueran públicas e hizo hincapié en que ese tipo de juicios celebrados ante tribunales «especiales» como los Tribunales Revolucionarios, el Tribunal de Prensa o el Tribunal Especial para el Clero incumplían sistemáticamente las normas mínimas internacionales de justicia procesal.

Tras el cierre de 17 periódicos, un gran número de periodistas, editores e intelectuales fueron interrogados, y al menos cinco fueron detenidos; entre ellos se encontraban el periodista Akbar Ganji y la activista de derechos humanos y abogada Mehrangiz Kar.

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

En abril, Israel liberó al ciudadano libanés Ghassan al Dirani por motivos humanitarios. En una decisión de la que no se conocen precedentes, el Tribunal Supremo había aprobado la detención de esos rehenes en 1997. En abril, sin embargo, revocó su decisión y resolvió que la retención de rehenes es ilegal. A consecuencia de esta última decisión, 13 ciudadanos libaneses recluidos en detención administrativa quedaron en libertad y fueron transferidos a Líbano ese mismo mes. No obstante, dos libaneses, Shaykh 'Abd al Karim 'Ubayd y Mustafa al Dirani, permanecen en detención administrativa. Amnistía Internacional sigue considerándolos rehenes y pide que sean puestos de inmediato en libertad.

JORDANIA

En el primer trimestre del año se detuvo a varios miembros de grupos integristas islámicos; entre ellos había presos de conciencia. Muchos quedaron en libertad tras permanecer hasta 35 días detenidos en régimen de incomunicación; otros fueron juzgados tras ser acusados de repartir folletos o de planear actos terroristas.

KUWAIT

Tras la decisión tomada por el Parlamento en noviembre de 1999 por la cual se rechazaba un decreto que había promulgado el emir del país por el que se concedía a las mujeres el derecho de voto, un grupo de mujeres impugnó la constitucionalidad de la Ley Electoral, que prohíbe votar a las mujeres.

En marzo, el Tribunal de Apelación de Delitos Menores confirmó el cargo de atentado contra la decencia pública formulado contra la escritora Leila al Othman a causa de su libro Al Raheel (El Inmigrante), pero conmutó por una multa la pena de dos meses de prisión que le había sido impuesta en febrero. El editor de la obra, Yahya Ruba'yan, también fue multado por cargos similares. La poetisa Alia Shuaib fue absuelta de todos los cargos importantes; sólo se mantuvieron contra ella los relativos a las infracciones de procedimiento del código sobre la prensa.

Ala Hussein, que durante la ocupación de Kuwait por Irak en 1991 había sido jefe del Estado durante una semana, fue condenado a muerte por traición por el Tribunal de Primera Instancia. Ya había sido condenado a muerte in absentia tras la retirada de las fuerzas iraquíes, pero en enero regresó voluntariamente a Kuwait desde Noruega para ser juzgado. La causa está pendiente de apelación.

LÍBANO

En enero, el gobierno libanés constituyó una comisión encargada de investigar las «desapariciones» ocurridas durante la guerra que tuvo lugar entre 1975 y 1991. La duración de la investigación se ha ampliado de tres a seis meses. En febrero, el Consejo de Ministros concedió a Amnistía Internacional autorización para abrir en Beirut una oficina para Oriente Medio.

Hasta mayo, los civiles libaneses siguieron siendo víctimas de homicidios ilegítimos ocurridos durante ataques deliberados o indiscriminados lanzados por Israel; por su parte, Hezbolá atacó a la población civil del norte de Israel. Ante la retirada unilateral de Israel, Amnistía Internacional elaboró un programa de 13 puntos para el respeto de las normas internacionales de derechos humanos; el programa iba dirigido a todas las partes del conflicto. Durante la retirada israelí de Líbano, siete civiles murieron a manos de las Fuerzas de Defensa Israelíes o el Ejército del Sur del Líbano. Una multitud de unas cien personas echó abajo las puertas del Centro de Detención de Jiam, y todos los detenidos fueron liberados. Al menos 2.000 miembros del Ejército del Sur del Líbano y sus familias buscaron refugio en Israel, mientras que unos 1.500 soldados de esas mismas fuerzas se entregaron al ejército libanés.

Varios estudiantes que se manifestaban contra la presencia siria en Líbano fueron golpeados por la policía y llevados ante el Tribunal Militar, en el que los juicios son sumarios y no se respeta el derecho a la defensa.

LIBIA

El 1 de marzo, el Congreso General del Pueblo nombró un nuevo gobierno.

Varios activistas de oposición libios que habían sido devueltos al país por separado desde principios de año fueron detenidos, según los informes, a su llegada a Libia, y se desconoce su paradero.

El 3 de mayo se inició el juicio, ante un tribunal escocés reunido en los Países Bajos, contra dos libios acusados de bombardear un avión sobre Lockerbie en 1988.

MARRUECOS

'Abdessalam Yassine, dirigente espiritual del grupo integrista islámico prohibido Justicia y Caridad (Al 'Adl wa'l 'Ihsan) que llevaba diez años bajo un arresto domiciliario impuesto por orden administrativa, quedó en libertad en mayo. Durante su reclusión no llegó en ningún momento a ser acusado de ningún delito ni tuvo la posibilidad de impugnar su orden de arresto domiciliario ante un tribunal. Amnistía Internacional lo consideraba preso de conciencia.

SIRIA

El primer ministro Mahmud al Zu'bi fue destituido en marzo de su cargo y sustituido por el doctor Muhammad Mustafa Miro. Mahmud al Zu'bi fue entregado a los tribunales, acusado de corrupción, pero, según los informes, se suicidó el 21 de mayo del 2000.

Siete presos de conciencia, cinco de los cuales permanecían recluidos una vez cumplidas sus condenas, quedaron en libertad. Entre ellos se encontraban Basel Hurani e Isam Dimashqi, que habían sido encarcelados por pertenecer al Partido de Acción Comunista, y Bassam al Sheikh y Thabit Murad, encarcelados por repartir un folleto que conmemoraba el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También se puso en libertad a 'Abdallah Ahmad Muhammad, iraquí kurdo de 71 años, y a Ali Hussein Muhaimid, ciudadano iraquí. Los dos habían sido detenidos en el aeropuerto de Damasco el 31 de julio y el 22 de agosto de 1999, respectivamente.

'Abd al Majid Nimer Zaghmout, preso político palestino que permanecía recluido tras ser condenado en un juicio sin las debidas garantías en 1966, murió en el Hospital Militar de Teshrin, en Damasco.

TÚNEZ

Los defensores de los derechos humanos sufrieron nuevos ataques y restricciones. En abril, varios activistas de derechos humanos, entre los que había mujeres y ancianos, fueron agredidos físicamente y detenidos por las fuerzas de seguridad cuando protestaban pacíficamente contra esos ataques y restricciones. También en abril, las autoridades prohibieron las reuniones públicas organizadas por grupos de derechos humanos tunecinos, así como las reuniones públicas organizadas por la Sección Tunecina de Amnistía Internacional para tratar sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí.

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
Documentos y comunicados de prensa: Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex