Amnistía Internacional pide al gobierno español que tramite con urgencia la solicitud de extradición de Ricardo Miguel Cavallo

Amnistía Internacional ha enviado hoy una carta al presidente del gobierno español instándole a que tramite la solicitud de extradición del presunto torturador Ricardo Miguel Cavallo realizada por el juez Baltasar Garzón. Además, la organización de derechos humanos urge al ejecutivo de José María Aznar a realizar este trámite "con la máxima celeridad posible".

Amnistía Internacional apela a las responsabilidades internacionales que el gobierno español tiene asumidas a través de su adhesión a los Pactos y Convenios Internacionales. "Si Ricardo Miguel Cavallo es responsable de actos de tortura, el siguiente paso debe ser ponerlo a disposición judicial", ha manifestado la organización, que considera que el gobierno español no puede someter los argumentos del juez a un estudio y control político.

La tramitación de la solicitud de extradición del presunto torturador debería ir acompañada, a juicio de Amnistía Internacional, de una manifestación pública en la que el gobierno español muestre su solidaridad con las víctimas de la represión en Argentina y reconozca su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

No podemos olvidar que por su magnitud y gravedad, las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina bajo en régimen militar constituyen crímenes contra la humanidad. Cualquier persona que cometa este tipo de actos está sujeta a una responsabilidad y una sanción penal internacional, como reconocen numerosos instrumentos internacionales, como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Hemos de recordar además que el argumento de actuar cumpliendo órdenes de superiores no exime a los perpetradores de su responsabilidad penal.

Estos son delitos sobre los que cualquier Estado puede, y en opinión de Amnistía Internacional, debe, ejercer la jurisdicción universal, independientemente de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de sus autores o de sus víctimas, del rango de la persona responsable o de la fecha en que se cometieron.

Los tribunales federales mexicanos tienen jurisdicción universal en los casos de tortura, como disponen los tratados internacionales. El artículo 7 de la Convención contra la Tortura exige a México que, cuando en su territorio nacional se descubra a un presunto autor de torturas, éste sea extraditado o presentado ante las autoridades para emprender acciones judiciales.

Por todo ello, Amnistía Internacional considera que la detención en México de el ex oficial del ejército argentino y presunto torturador Ricardo Miguel Cavallo podría ser un importante paso para hacer frente al legado de violaciones de derechos humanos cometidos bajo el régimen militar en Argentina. Después años de impunidad, la organización de defensa de los derechos humanos cree que ya es hora de que las víctimas de la tortura vean que sus peticiones no han caído en el olvido y que aún puede hacerse justicia.

Actualmente el detenido sigue bajo custodia en México en espera de que se decida si debe ser sometido a un procedimiento de extradición o deben instruirse actuaciones penales contra él.

información adicional

Ricardo Miguel Cavallo, presunto responsable de torturas en Argentina durante el régimen militar (1976-1983), fue detenido el pasado 24 de agosto en Cancún, cuando estaba a punto de viajar a Buenos Aire.

Según algunas informaciones, Cavallo participó en las violaciones de derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. La ESMA era uno de los centros secretos de detención que figura en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en 1983 al retornar Argentina al régimen civil. Los testimonios que se han ido conociendo a lo largo de los años, incluido el de un ex oficial de la armada, confirmaron la información documentada según la cual las personas que allí estaban bajo custodia eran torturadas sistemáticamente y morían a consecuencia de las torturas o eran sedadas y arrojadas desnudas al Atlántico desde un avión de la armada.

Las mujeres embarazadas secuestradas no se libraban de las torturas. A la mayoría les permitían dar a luz antes de hacerlas "desaparecer" o matarlas. Sus hijos eran entregados a otras personas, en muchos casos a parejas sin hijos vinculadas a las fuerzas armadas o la policía. Las organizaciones argentinas de derechos humanos han calculado que por la ESMA pasaron entre 4.000 y 5.000 detenidos "desaparecidos".

Más información: Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Tel., 91 310 12 77
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