España: Debe cesar la nueva campaña de homicidios de ETA

ETA (Euskadi Ta Askatasuna) debe poner fin de inmediato a su nueva campaña de homicidios deliberados de civiles, ha declarado hoy Amnistía Internacional, tras el atentado por disparos que el domingo 4 de junio costó la vida de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), en el País Vasco.

Jesús María Pedrosa Urquiza, miembro del Partido Popular (PP), de centro derecha, que gobierna actualmente España, y de un sindicato nacionalista, es la quinta persona que ETA ha matado desde que comenzó el año. Al mismo tiempo, se ha convertido en el octavo concejal del partido gobernante que es víctima mortal de una acción del grupo armado vasco en los últimos cinco años y medio.

Sin embargo, los miembros del PP no han sido los únicos objetivos de ETA. En el primer semestre del 2000, este grupo ha matado también a Fernando Buesa Blanco, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y a su escolta policial, Jorge Díez Elorza, mediante la explosión de un coche bomba, el pasado mes de febrero. El periodista José Luis López de Lacalle, fundador del movimiento pacifista Foro de Ermua, fue abatido a tiros en mayo.

Otros periodistas han resultado heridos por artefactos incendiarios o han recibido amenazas de muerte, y también se han producido intentos de incendiar sedes de periódicos. Además, varios civiles han sido heridos en atentados cometidos con coches bomba atribuidos a ETA.

Amnistía Internacional ve con preocupación no sólo los homicidios intencionados y los atentados cometidos por ETA contra personas o categorías concretas de civiles, sino también los numerosos actos de intimidación y violencia relacionados con la «lucha callejera» que realizan grupos nacionalistas radicales que, según los informes, están vinculados a ETA, que han seguido cometiéndose durante el año 2000 en las tres provincias del País Vasco y en Navarra y que en ocasiones han puesto en peligro la vida de las personas.

Muchos sectores diferentes de la sociedad son víctimas o blanco de actos de sabotaje, incendios, atentados con bombas incendiarias y otros actos de violencia. Entre ellos hay periodistas, conductores de autobús, representantes políticos, personalidades judiciales o sus familiares, así como agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las víctimas reciben amenazas directas o por medio de carteles callejeros en los que aparece su nombre escrito sobre una diana; algunas de estas amenazas se han traducido en atentados con resultados mortales.

«Los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA constituyen un abierto desacato a los principios del derecho internacional humanitario y a los dictados de la conciencia pública», manifestó Amnistía Internacional, que señaló que estos abusos no son en modo alguno menos abominables que las violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos cuando realizan actos de tortura, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales.

En un informe hecho público en junio de 1999, así como en declaraciones posteriores, la organización ha reiterado su condena sin reservas a los abusos contra los derechos humanos que comete ETA. Amnistía Internacional ha pedido también a los grupos que, según los informes, están implicados en la «lucha callejera», que pongan fin a todos los actos que puedan hacer peligrar la vida, la libertad y la seguridad de las personas.