Deben investigarse las violaciones del derecho de los conflictos armados cometidas por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada

Las fuerzas de la OTAN violaron el derecho de los conflictos armados, lo que se tradujo en homicidios ilegítimos de civiles, ha declarado hoy Amnistía Internacional, un año después de la finalización de la Operación Fuerza Aliada contra la República Federativa de Yugoslavia.

En un informe dado a conocer hoy, titulado ¿«Daños colaterales» u homicidios ilegítimos? Violaciones del derecho de los conflictos armados cometidas por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada Amnistía Internacional examina varios ataques que indican que la OTAN no cumplió siempre sus obligaciones legales al seleccionar sus objetivos y al elegir los medios y métodos de ataque.

«El bombardeo de la sede de la radiotelevisión estatal serbia del 23 de abril de 1999, que provocó la muerte de 16 civiles, fue un ataque deliberado contra un objetivo civil y, como tal, constituye un crimen de guerra», manifestó Amnistía Internacional.

«El número de bajas mortales civiles se podría haber reducido significativamente si las fuerzas de la OTAN hubieran cumplido estrictamente las normas del derecho de los conflictos armados durante la Operación Fuerza Aliada», añadió la organización.

Entre estas normas figura la prohibición de los ataques directos contra civiles y contra bienes civiles, así como la de aquellos en los no se procure distinguir entre objetivos militares y civiles y la de los que, aunque vayan dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tengan un efecto desproporcionado en civiles o en bienes civiles.

En varios ataques, incluidos los dirigidos contra el puente ferroviario de Grdelica el 12 de abril, el puente para automóviles de Lu_ane el 1 de mayo y el puente de Varvarin el 30 de mayo, las fuerzas de la otan no suspendieron el ataque una vez que se hizo patente que habían alcanzado a civiles. Y hubo otros ataques, como los lanzados contra civiles desplazados en Djakovica, el 14 de abril, y en Korisa, el 13 de mayo, en los que no se tomaron las precauciones necesarias para causar el menor número posible de bajas civiles.

No hay indicios de que la OTAN o sus Estados miembros hayan realizado investigaciones adecuadas sobre estos casos. Y no se han adoptado medidas contra ningún responsable, salvo en el caso del ataque contra la embajada china en Belgrado.

«Los Estados miembros de la OTAN deben enjuiciar a todo ciudadano suyo sospechoso de haber cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario», declaró Amnistía Internacional.

«Los demás Estados, y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia deben investigar asimismo las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante la Operación Fuerza Aliada.»

«Las víctimas de estas violaciones deben ser indemnizadas», añadió la organización.

El informe contiene, además, las siguientes conclusiones y recomendaciones:

• La OTAN debe instituir un mecanismo para garantizar una interpretación común de las normas del derecho de los conflictos armados, que refleje estrictamente el derecho internacional humanitario.
• La OTAN debe aclarar la estructura de su cadena de mando y sus procesos de decisión en la selección y asignación de objetivos, que actualmente parecen contribuir a la confusión sobre la responsabilidad legal.
• Algunos aspectos del reglamento de combate, y en concreto el requisito de que sus aviones vuelen a más de 4.500 metros de altitud para proporcionar la máxima protección a sus aparatos y pilotos, hicieron casi imposible la observancia estricta del derecho internacional humanitario. La OTAN debe garantizar que su reglamento de combate cumple plenamente las más estrictas normas del derecho internacional humanitario, es el mismo para todos los Estados Miembros y se hace público en la medida de lo posible.

«Hacer la guerra en coalición es una empresa compleja, y las decisiones que han de tomar los planificadores militares y los soldados que entran en combate son particularmente difíciles. Lo menos que puede hacer la alianza militar más poderosa del mundo es establecer las más estrictas normas de protección de los civiles, conforme al derecho internacional humanitario», concluyó Amnistía Internacional.

Información general

Del 24 de marzo al 10 de junio de 1999, la aviación de la otan realizó más de 38.000 salidas en misión de combate contra la República Federativa de Yugoslavia. Según detallados informes del gobierno yugoslavo, la operación causó entre 400 y 600 bajas mortales civiles. La otan no ha publicado estimaciones oficiales del número de civiles o de combatientes de la República Federativa de Yugoslavia que resultaron muertos. Ningún soldado de la Alianza murió durante la operación aérea a causa de ataques.

Las normas del derecho de los conflictos armados que prohíben los ataques contra civiles están incluidas, en concreto, en el primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Francia, Turquía y Estados Unidos no son partes de este Protocolo y deben ratificarlo sin reservas.

Amnistía Internacional lleva más de 10 años documentando ampliamente los abusos contra los derechos humanos que se cometen en Kosovo y actuando para ponerlos fin. Durante este periodo, los albanokosovares han sido víctimas de homicidios ilegítimos, tortura y malos tratos, así como de juicios sin las debidas garantías, a manos de las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y serbias. Los serbios y otros sectores de la población también han sufrido abusos cometidos por los grupos armados de oposición de etnia albanesa.

La organización documentó las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas serbias y otros actores durante la operación aérea de la otan, y actualmente, durante la Administración Provisional de la onu en Kosovo, continúa su labor de vigilancia y denuncia de los abusos contra los derechos humanos que se cometen contra todos los grupos étnicos.

Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre las cuestiones políticas que se plantean en torno a la situación de Kosovo. La organización no juzga si está justificado o no que alguien recurra a la fuerza, por lo que no toma ninguna postura acerca de la base jurídica o moral de la intervención militar de la otan contra la República Federativa de Yugoslavia. Amnistía Internacional se centra estrictamente en el modo en que se llevó a cabo tal intervención desde el punto de vista del derecho internacional humanitario.