Amnistía Internacional solicita a George Bush la conmutación de la pena de muerte a un recluso mexicano, prevista para el próximo jueves

La organización pro derechos humanos asegura que la causa está plagada de problemas

Amnistía Internacional ha pedido al gobernador de Texas, George Bush, que haga todo lo que esté en su mano para evitar la ejecución de Miguel Flores, prevista para el próximo jueves.

Flores, ciudadano mexicano, debe morir por inyección letal a las 18.00 h. del jueves 9 de noviembre en Huntsville (Texas). Fue condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de la joven de 20 años Angela Tyson en el norte de Texas en 1989.

Según Amnistía Internacional, el estado de Texas no informó a Flores de su derecho a contactar con el consulado mexicano, en contra de lo dispuesto en el derecho internacional. Además, la organización ha señalado que la acusación se basó en pruebas testificales psiquiátricas poco fidedignas e infundadas para convencer al jurado de que votara a favor de una condena a muerte.

En Texas, para poder imponer una sentencia de muerte, el jurado tiene que haber decidido por unanimidad que el acusado probablemente volvería a cometer actos violentos si se le permitiera vivir. Para defender la ejecución de Flores, el estado aportó el testimonio del psiquiatra Clay Griffith, quien, sin haber entrevistado nunca a Flores, declaró que sin duda éste cometería actos violentos en el futuro. Su abogado no presentó prueba alguna para contrarrestar este testimonio.

«La injusticia y la incompetencia caracterizan de manera trágica esta causa —ha afirmado Ajamu Baraka, director en funciones del Programa Nacional de AIUSA para la abolición de la pena de muerte—. En concreto, no se facilitó al jurado ninguna prueba atenuante para que la tuviese en cuenta a la hora de decidir la sentencia de Miguel Flores, aunque su abogado había conseguido fácilmente pruebas de este tipo.»

Miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo han escrito al gobernador Bush para pedirle que solicite la revisión del caso Flores a la Junta de Indultos y Libertad Condicional y, en vista de los flagrantes errores, recomiende el indulto.

«Es inadmisible que el doctor Griffith no haya realizado un diagnóstico a Miguel Flores ni lo haya conocido siquiera —afirma Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional en Londres sobre la pena de muerte—. Los numerosos exámenes psiquiátricos realizados a partir del juicio así como la conducta modélica de Flores en el pabellón de los condenados a muerte parecen confirmar que las predicciones del doctor Griffith no fueron más que conjeturas profesionalmente cuestionables disfrazadas de pronóstico objetivo.

Representantes del consulado mexicano han asegurado que, si los funcionarios de Texas no hubieran incumplido su deber de informar a Flores del derecho a ponerse en contacto con ellos —en aplicación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares—, Flores habría tenido garantizada la asistencia letrada de abogados competentes que hubieran presentado pruebas atenuantes.

Texas ha vulnerado también una disposición de 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima instancia judicial en el continente americano, según la cual ejecutar a un ciudadano extranjero que no ha sido informado de sus derechos consulares supone una privación arbitraria de la vida.

«Cuando Amnistía Internacional le pide al estado de Texas que detenga esta ejecución, no pretende con ello restar gravedad a los crímenes cometidos contra Angela Tyson ni a sus consecuencias para familiares y allegados —ha aclarado Baraka—. Como organización que trabaja a diario en colaboración con víctimas de actos violentos y en representación suya, Amnistía Internacional se solidariza plenamente con todos aquellos que han perdido amigos y familiares a causa de un asesinato.»

«Pero Texas debe acatar el derecho internacional relativo a la notificación consular, y tiene que buscar una solución mejor que la de perpetuar el ciclo de violencia con un sistema injusto y arbitrario basado en la pena de muerte —ha afirmado Baraka—. La población de Texas merece algo mejor. La abolición de la pena capital en el estado es la única salida justa.»