Europa, ¿baluarte de los derechos humanos?

Muertes de personas durante su expulsión de un país, torturas bajo custodia, malos tratos sistemáticos de la policía y represión étnica y religiosa no son sino algunos de los motivos de preocupación expresados por Amnistía Internacional ante la proximidad del 50 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se celebrará en noviembre.

El último boletín publicado por Amnistía Internacional sobre sus motivos de preocupación en Europa [Concerns in Europe] describe la situación de los derechos humanos en 34 países entre los meses de julio y diciembre de 1999. Se recibieron informes de torturas y malos tratos en 27 países, y había presos políticos en 14 países, incluidos presos de conciencia.

«Aunque muchos disfrutan en Europa de los derechos humanos fundamentales, hay personas, entre las que se cuentan solicitantes de asilo y miembros de minorías étnicas y religiosas, que siguen sufriendo una faceta de Europa contraria a su imagen de baluarte de los derechos humanos y la libertad» ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

«Nada mejor para demostrarlo que la muy diversa procedencia y la frecuencia de las denuncias de brutalidad policial. Desde el Reino Unido hasta Azerbaiyán se han denunciado palizas, abusos sexuales, simulacros de ahorcamiento, aplicación de descargas eléctricas, insultos racistas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía; y muchos de los responsables no han sido procesados» señala la organización de derechos humanos.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró culpable a Francia de infringir las normas internacionales sobre tortura y sobre juicios con las debidas garantías en el proceso contra Ahmed Selmouni, ciudadano neerlandés de origen marroquí. La causa ha durado más de seis años y al final de 1999 los policías acusados continuaban en sus puestos.

En Bosnia-Herzegovina, según informes, el empresario Andrija Beljo sufrió en agosto puñetazos en la cara, golpes y patadas a manos de tres agentes de policía croatas en la comisaría de Mostar, probablemente en relación con su negativa a pagar a los agentes, varios meses antes, una fuerte suma de dinero en concepto de protección.


Según informes, tras quedar en libertad el empresario volvió a ser detenido por dos de los agentes y otro hombre y conducido a una mina abandonada situada en las afueras de la ciudad, donde volvieron a golpearlo y lo sometieron a un simulacro de ejecución. Finalmente lo obligaron a cruzar la frontera y fue detenido por la policía croata, que lo trasladó a Split, donde actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Cevat Soysal, presunto dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), fue devuelto en julio de Turquía a Moldavia, donde se lo detuvo por cargos de traición y separatismo, que conllevan la pena de muerte. Al parecer, en Turquía lo habían torturado bajo custodia en 1979 y en Alemania se le había concedido asilo político en 1997.

Según informes, en agosto Cevat Soysal volvió a ser torturado en Turquía con descargas eléctricas aplicadas en distintas partes del cuerpo; también fue colgado por los brazos, obligado a tumbarse desnudo sobre hielo, rociado con agua a presión, obligado a ingerir drogas, golpeado y encerrado en una celda de dimensiones tan reducidas que no podía moverse ni sentarse, y donde le caía agua en la cabeza. La Oficina del Primer Ministro - office of the Prime Minister ha declarado que el procesamiento de los torturadores sería improcedente.

Se han utilizado métodos de inmovilización crueles y peligrosos, como la obstrucción deliberada de las vías respiratorias, en el curso de expulsiones practicadas desde varios países europeos. En Bélgica sigue sin conocerse el resultado de una investigación judicial sobre la muerte por asfixia de Semira Adamu, ocurrida a las pocas horas de un intento de expulsarla en septiembre de 1998. En Suiza, tres agentes de policía y un médico están siendo investigados en relación con la muerte por asfixia de Khaled Abu Zarifeh durante una operación de expulsión en marzo de 1999.

Continuaron los informes sobre penas de cárcel impuestas por la objeción de conciencia al servicio militar. En Finlandia había seis hombres cumpliendo penas de 197 días de prisión por negarse a realizar un servicio alternativo cuya duración tenía carácter punitivo. En algunos casos, los informes indicaban que las autoridades griegas habían puesto trabas a las solicitudes para ver reconocida la condición de objetor de conciencia, permitiendo así que los solicitantes fueran acusados de insubordinación, delito que conlleva una pena de hasta cuatro años de cárcel.

«Los países europeos deben poner más empeño en velar por el respeto de las normas internacionales de derechos humanos y acabar con la plaga de la impunidad de que gozan las fuerzas policiales y de seguridad. El respeto de los derechos humanos exige el procesamiento de quienes los conculcan» ha afirmado Amnistía Internacional.